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Designa Congreso a Eugenio Benavides primer Síndico de Victoria

Diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, presentaron once Iniciativas, a fin de contribuir en la tarea que se está realizando en Tamaulipas en diversos rubros, figurando el de ciencia y tecnología, así como en el tema de deudores alimentarios incumplidos y el de grupos vulnerables.

Mauricio Fernandez Diaz

Comunicado No.: 1826 Publicado por: Prensa
Fecha publicación: miércoles, 09 de marzo de 2016

Diputados de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, presentaron once Iniciativas, a fin de contribuir en la tarea que se está realizando en Tamaulipas en diversos rubros, figurando el de ciencia y tecnología, así como en el tema de deudores alimentarios incumplidos y el de grupos vulnerables.

En la sesión de este miércoles, se recibió del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, la propuesta de terna para la designación de primer síndico para este Municipio, obteniendo la mayoría de votación del Pleno Legislativo, José Eugenio Benavides Benavides, para desempeñar dicha encomienda.

La Mesa Directiva, recepcionó entre otros asuntos, la cuenta pública consolidada del Ayuntamiento de San Fernando, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y un oficio del Diputado Carlos Javier González Toral, por el cual comunica su reincorporación a sus funciones como integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura, en virtud de haber concluido el motivo de la licencia que le fue otorgada.

Durante las actividades de este día, la Diputada Erika Crespo Castillo, a nombre de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de este Poder, presentó reformas a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con lo cual se pretende garantizar entre otros aspectos el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación.

Además, fomentar la vinculación de los investigadores con el sector productivo, evitando conflicto de intereses. “La presente Iniciativa busca que las reformas a dichas leyes, coadyuven a la construcción de las bases de un Tamaulipas moderno, equitativo, con oportunidades para todas y todos, un Estado que sea ejemplo nacional a seguir en materia de desarrollo científico, económico y social”, agregó.

La Diputada Ana María Herrera Guevara, propuso reformas al Código Civil y Municipal, a la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, de Hacienda y del Trabajo de los Servidores Públicos, todos ordenamientos locales, en materia de deudores alimentarios incumplidos.

Resaltó que estas modificaciones tienen el propósito de que se pague, en tiempo y forma, la pensión alimentaria, provisional o definitiva, a favor de las niñas y niños y comentó que esta Iniciativa retoma lo propuesto en una presentada en el 2011, enriqueciéndola en apoyo para el constante perfeccionamiento de la legislación estatal.

En la acción legislativa planteada este día, se propone entre otras acciones, la creación del Registro de Deudores Alimentarios del Estado de Tamaulipas, (REDAT) en el que estarán inscritas las personas físicas y morales sujetas al pago o a realizar el descuento por pensión alimentaria, provisional o definitiva decretada por autoridad competente o establecida por convenio válido.

Herrera Guevara, destacó que se busca garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimentaria, a favor del principio superior de la niñez, incluso de la persona para su desarrollo, debido a que, en su caso, se pudiera tratar de alguna persona de cualquier género.

Al hacer uso de la máxima tribuna, el legislador Rafael de León Perales, promovió un Punto de Acuerdo, para que cada año se forme una Comisión Especial para revisar que en todas las escuelas especiales se cuente con instalaciones acordes a todo tipo de discapacidad y que existan recursos presupuestarios disponibles y suficientes para hacer efectivo el disfrute del derecho a la educación de las personas con discapacidad.

En el apartado de Dictámenes, se declaró improcedente la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma la Ley para el Desarrollo Urbano de la entidad, ya que al modificar la norma con el objeto de ampliar las dimensiones y características de la vivienda popular, conllevaría al aumento de su valor catastral y plusvalía, propiciando en automático que se disparen los precios para su adquisición.

De acuerdo a las consideraciones de la Comisión dictaminadora, ello provocaría convertirlas en un producto costoso que seguramente desalentaría su enajenación, privando a muchas familias de poder hacerse de un patrimonio propio, ya que se elevarían los montos de financiamiento de los créditos, a través de los cuales la población de escasos recursos tiene la oportunidad de adquirir una casa propia, en este caso una vivienda de tipo popular.

La Mesa Directiva, presidida por la Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, turnó las iniciativas a las Comisiones correspondientes para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente y citó a sesión el próximo martes 15 de marzo, a partir de las 11:00 horas.

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