Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.
No. 1164
El Pleno Cameral conoció para trámite de publicidad dos dictámenes, que serán discutidos y votados en próxima sesión. El primero adiciona una fracción XII al artículo 6 y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.
La finalidad es establecer que el Sistema Nacional de Salud tendrá como objetivo promover la creación de programas de atención integral para las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas. Además, se busca que las autoridades sanitarias, en el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas, promuevan mecanismos de atención.
Un estudio realizado en 2009 por la UNICEF en México, reveló que el 92 por ciento de las niñas, niños y adolescentes encuestados reportó haber sufrido algún tipo de violencia escolar, por parte de sus compañeros.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria, en los ámbitos público y privado.
Conforme a cifras de la Secretaría de Salud, de un total de 4 mil 972 suicidios, más del 59 por ciento de los casos tuvo, entre otras causas, el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente en nueve entidades: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco.
El segundo dictamen, reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer que las radiodifusoras podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales. Asimismo, las concesiones de uso indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.
La finalidad es privilegiar las lenguas nacionales (español e indígena) frente a los idiomas extranjeros.
El documento propone, no obstante, considerar los posibles inconvenientes del uso de lenguas que no son del conocimiento de la generalidad de la población –aunque sean indígenas-, lo que podría ir en contra de los derechos de las propias audiencias, ya que la mayoría de la población de México no conoce tales idiomas.
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