Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.
No. 1138
· Cada año son deportados a México 40 mil menores
Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) urgieron a la Comisión de Asuntos Migratorios armonizar la Ley de Migración con los estándares de protección establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para apoyar a la infancia afectada, porque cada año son deportados 40 mil menores a México.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES), presidente de la instancia legislativa, afirmó que se requiere “actualizar el marco jurídico que permita atender la realidad de la niñez migratoria”,pero también destinar recursos para atender la gran demanda que significa la deportación de miles de pequeños.
Por ello, reiteró que la comisión impulsa la iniciativa para crear la Ley de Fondo de Migralidad, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se etiqueten recursos adicionales para las zonas fronterizas del sur y norte del país vinculadas al fenómeno migratorio.
Señaló como ejemplo a Tijuana, Baja California, cuya población en una década ha crecido 66 veces a causa de la deportación, frente al estándar nacional que es de 14.
Convocó a unificar criterios en las propuestas, para incorporar el concepto de transversalidad en el gasto público y exista en el PEF un anexo que tipifique cada peso público destinado al fenómeno migratorio, susceptible de evaluarse y controlarse por la sociedad, a través de las ONG’s.
En la reunión, el diputado del PRI, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, aseveró que “el fenómeno de la migración infantil es de capital importancia, ya que 40 mil niños son deportados de Estados Unidos a México cada año, y 18 mil son deportados de nuestro país a Centroamérica, lo cual es una cifra sumamente alta”.
Sostuvo que la migración de menores obedece a varios motivos: búsqueda de familiares, mejoramiento de sus condiciones de vida y alejarse de la explotación sexual y de la violencia en sus hogares.
Convocó a aprobar, en 2017, más apoyos y recursos para proteger a la niñez que se encuentra en estas condiciones, mediante sinergias y consensos, para trabajar en las comunidades y cristalizar proyectos que frenen el impacto social negativo.
La diputada Nora Liliana Oropeza Olguin (PRI) reconoció el trabajo de las ONG’s en favor de los migrantes, en particular de los niños no acompañados que sufren vejaciones en sus derechos humanos. Urgió a “vincular esfuerzos para sumar acciones y lograr resultados. No es el dinero lo que lo logrará, sino el conjunto de esfuerzos”.
Propuso mesas de trabajo entre la comisión, la sociedad organizada y las instituciones para definir prioridades y coincidencias que coadyuven a focalizar acciones transversales. De la misma bancada, participó la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez.
Por Morena, el diputado Miguel Alva y Alva habló de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), donde funcionarios extorsionan a los migrantes, cuando deberían proteger el respeto a sus derechos humanos.
Convocó a sus homólogos a crear un marco jurídico que solucione la situación real de los niños migrantes, con el propósito de “pasar de la teoría a la práctica”. Resaltó la necesidad de entablar mesas de trabajo permanentes entre los diversos sectores para resolver esta problemática.
Por el PAN, el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma apuntó que la protección a los niños migrantes “no tiene tintes partidistas”. Resaltó que “no es suficiente armonizar las leyes, sino aprobar presupuesto para que las reformas se hagan realidad y beneficien a los infantes. Ese debe ser el espíritu del proceso legislativo”.
Señaló el viacrucis que sufren los niños deportados nacidos en Estados Unidos, porque llegan a México, país de sus padres, como indocumentados al no reconocérseles sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación, ya que se les niega el ingreso a escuelas públicas para que continúen su formación académica, por carecer de una documentación completa respecto a los parámetros establecidos en el país.
También dio a conocer una iniciativa la diputada del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, para armonizar paralelamente la Ley de Migración y la Ley General de Derechos General de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de romper el círculo vicioso e inercias entre ambos ordenamientos y atender la problemática que vive esta población vulnerable.
Menores de edad son sujetos de derechos
Karina Arias Muñoz, consultora del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, integrado por una red de16 organizaciones civiles, sostuvo que se requiere una reforma integral a las leyes de Migración y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Propuso “que no solamente cambien algunos artículos, sino se modifique realmente la visión para concebir a los infantes como sujetos de derechos no con un sentido adultocentrista, sino como entes individuales”.
Esta armonización, explicó, implica reconocer las facultades que otorga la ley general al nuevo Sistema de Protección de la Infancia; sobre todo, continuó, el papel de representación legal que debe tener en el procedimiento administrativo migratorio la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Para ello, dijo, es necesario cumplir estandartes internacionales como la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que “la detención de un menor de edad vinculada a la migración es ilegal”.
“Hay mucho que trabajar en la armonización de nuestras propias leyes para que se cumplan. Es un gran reto la designación de presupuesto, así como trabajar coordinadamente para lograrlo”, comentó.
Anya Victoria, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, indicó la necesidad de armonizar esos ordenamientos jurídicos para atender la migración infantil y el respeto a sus derechos con un enfoque integral que los garantice irrestrictamente.
Monserrat Hernández, de la Organización Internacional de Migración, resaltó la necesidad de garantizar una protección integral de los menores. Urgió a buscar medidas alternativas a la detención de infantes en el proceso de deportación, para no vulnerar sus derechos fundamentales.
Se requiere desplegar la “protección internacional”, porque su carencia es “un foco rojo” para asegurar la atención a la niñez. Propuso diseñar un plan integral para armonizar un marco jurídico que contribuya a lograr el objetivo del Estado de dar protección a los sectores vulnerables.
Gabriela Morales, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, destacó que implementar la armonización del marco jurídico requiere presupuesto, además de que el fenómeno migratorio infantil es una crisis que exige medidas de corto y largo plazo. De otra forma, no se resolverá, advirtió.
Refirió que debe cambiarse el concepto de albergue para que no sea una estancia temporal, sino de residencia, con el propósito de garantizar integralidad en la atención de los infantes migrantes, a fin de incorporarlos a la vida productiva y escolar.
A nombre del Instituto Nacional de Migración, Luz Marcela de la Rosa propuso trabajar en coordinación con el Poder Legislativo, la sociedad civil y autoridades, para asegurar una verdadera retroalimentación entre los sectores, ya que atender la migración requiere una visión integral, mediante la atención en diversos ejes de acción.
Expresó la disposición de esa dependencia a sumarse al esfuerzo para adecuar el marco jurídico que coadyuve a atender la migración infantil, mediante nuevos protocolos, capacitación de funcionarios y con la participación ciudadana. También de esa institución, participó Samir Grego Valencia, jefe del Departamento de Acciones con el Sector Público.
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