Sistema Nacional Anticorrupción, estrategia de Estado para abatir este mal, vinculada con la rendición de cuentas

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.

No. 0890

Ante el clima de descontento entre ciudadanos y gobierno, el Sistema Nacional Anticorrupción es una estrategia con visión de Estado y un enfoque multifactorial, para conjugar esfuerzos que abatan la corrupción, vinculados con la rendición de cuentas, afirmó Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Destacó que ese sistema nacional se va a materializar a través de todo el andamiaje jurídico de leyes secundarias, que el Congreso deberá aprobar a más tardar en mayo del presente año.

Al participar en el foro “Retos y Alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Andrade Martínez señaló que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el marco secundario, la ASF podrá iniciar la fiscalización de la Cuenta Pública el 1 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio.

En la Mesa de Transparencia, dijo que con la reforma materializada, la ASF emitirá informes previos fortaleciendo la fiscalización, lo cual permitirá que los legisladores tengan información más oportuna, a fin de que tomen decisiones presupuestarias y de política pública, ya que podrán conocer los resultados de manera inmediata.

Además, no habrá una limitación en la actuación de la ASF para fiscalizar, como actualmente sucede, por los principios de anualidad y posterioridad, que están eliminados. Tampoco la tendrá para revisar asuntos y ejercicios fiscales anteriores que no hayan sido evaluados y que exista una inquietud nacional sobre los resultados de los mismos.

A más tardar el 27 de mayo del presente año tiene que aprobarse el marco secundario a la reforma constitucional en materia de transparencia, que incluye cinco ordenamientos: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades, la ley que regule la organización y competencia de la ASF, la ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto a la Secretaría de la Función Pública.

Además, dos leyes generales, la que regula el Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades, por lo que el actual periodo ordinario de sesiones será muy importante para que el Congreso las dictamine, consideró.

El funcionario de la ASF sostuvo que a través de este modelo se aborda el complejo problema de la corrupción, con una visión integral entre las instituciones, a fin de establecer distintos esquemas que permitan una solución holística, donde se enmarca también el Sistema Nacional de Transparencia.

A pregunta de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) sobre las denuncias de hechos de la ASF, el porcentaje que se consigna y cómo cambiará esta función en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Andrade Martínez apuntó que el máximo órgano fiscalizador se vincula con la Procuraduría General de la República (PGR), para trabajar conjuntamente en el desahogo de presuntos casos de actividades irregulares.

Indicó que en los últimos años han aumentado las denuncias penales históricas presentadas a más de 600; cerca del 90 por ciento están en trámite de investigación por la PGR. El mayor número se ha presentado en últimas fechas. El propósito es que ambas instituciones consignen los asuntos y los jueces libren las órdenes de aprehensión correspondiente.

En el futuro, con el Sistema Nacional Anticorrupción, todo aquello que implique un delito de corrupción será tipificado y se presentará ante la Fiscalía encargada de realizar investigación. “Hay un cambio de esquemas hacia adelante, y habrá una instancia que atienda los casos de corrupción que integrará los expedientes”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), refirió la preocupación de los legisladores por las contradicciones entre algunos preceptos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la ley general.

Además, continuó, se requiere estudiar varios temas: el procedimiento en la prueba de daño; la capacidad del IFAI para determinar, en primera instancia, donde existan graves daños a los derechos humanos; sobre la declaración patrimonial, que debería ser obligatoria; la información reservada en materia de seguridad nacional; el procedimiento de impugnación del Consejo Jurídico, que no está claro, y las funciones del parlamento abierto.

La diputada Delia Guerrero Coronado (PRI), secretaria de la comisión, apuntó que la transparencia es el mejor antídoto para combatir la corrupción, uno de los problemas más molestos para los ciudadanos.

Por ello, resaltó la importancia de evaluar los retos y alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la intención de enriquecer el debate parlamentario y atender las inquietudes de especialistas y organizaciones sociales.

Aseguró que la Cámara de Diputados dará cabida a la participación ciudadana para escuchar las ideas, dudas y preocupaciones sociales. “Este marco jurídico es base para detonar las políticas públicas más efectivas contra la corrupción y mejorar el funcionamiento en los tres niveles de gobierno”, aseveró.

Sostuvo que “desterrar la corrupción del país se apoya en la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que empoderen al ciudadano y sometan a las autoridades al máximo escrutinio público”.

Khemvirg Puente Martínez, secretario Académico del Programa de Posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, señaló que la idea de transparencia que subyace en el marco legal que incluye la reforma constitucional de 2014 y la ley general de 2015, y del proyecto de ley federal que se discute en la cámara revisora, “puede resultar insuficiente para alcanzar los propósitos de una efectiva rendición de cuentas y combatir la corrupción”.

Subrayó que una serie de medidas desarticuladas no suprimen problemas sustantivos sociales como la desigualdad, la corrupción y el Estado de derecho. “Esta ley no va a erradicar esos problemas, no hará desaparecer la corrupción ni inaugura una nueva época a partir de su publicación, tampoco se erige un nuevo Estado de derecho”, aclaró.

Comentó que los cambios políticos suelen ser graduales y solamente se conocerán sus alcances a través de su implementación y del seguimiento que den los legisladores; por ello, convocó a la Cámara de Diputados a avanzar en la aprobación inmediata de la minuta del Senado en materia de transparencia, sin dejar de reconocer que existen deficiencias que pueden mejorarse en el corto plazo.

Explicó que “se requiere de ciudadanos responsables que tengan elementos de sanción que influyan en el comportamiento de sus gobernantes y mecanismos que permitan conocer el desempeño de las autoridades, de otra forma, el ciclo de rendición de cuentas no cierra”.

Refirió que la propuesta sólo presenta elementos básicos respecto del parlamento abierto, por lo que es importante que los órganos de gobierno de las cámaras informen sobre sus procesos de toma de decisión y desglose del uso de recursos de los grupos parlamentarios, a fin de consolidar la transparencia y rendición de cuentas, además de que los legisladores en lo individual y colectivo se sumen a estas prácticas, puntualizó.

Lourdes Morales Canales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), subrayó, como una alerta, que sin la garantía de voluntad política y consenso en la Cámara de Diputados, cualquier observación que se haga al documento puede retrasar el proceso o modificar los avances, y abrir la puerta a nuevas negociaciones y retroceso.

El rezago en la promulgación de la ley federal no solo retrasa la efectividad de la reforma constitucional, sino los mecanismos de rendición de cuentas de los organismos a nivel federal y la participación del Consejo Consultivo, detalló.

También, señaló el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Poder Legislativo, referente al uso de los recursos de los grupos parlamentarios.

Una segunda preocupación son los comités y unidades de transparencia al interior de los sujetos obligados, ya que entre sus facultades está garantizar que rindan cuentas por ser el primer eslabón en el proceso.

Sobre la reglamentación, consideró que hay una ambigüedad entre la atribución que tienen los sujetos obligados para elaborar y cumplir los reglamentos y las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Para que la transparencia y acceso a la información sean una realidad hay que garantizar las herramientas presupuestarias, humanas y tecnológicas para desarrollar la ley y no se quede sólo en una simple promesa, propuso.

— ooOoo –Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.