Diputados avalan, con cambios, Ley de Transición Energética; la devuelven al Senado de la República

México, D. F., a 9 de diciembre de 2015.

No. 0665

· Permitirá una inversión en los próximos 14 años de 70 mil millones de dólares y la creación de 180 mil empleos: diputada Georgina Trujillo

· Se podrá generar un esquema que amplíe la matriz para no depender de combustibles fósiles, añadió

La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley de Transición Energética, cuyo propósito será regular el aprovechamiento sustentable de la energía, las obligaciones en materia de fuentes limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Con 387 votos a favor, 31 en contra y 10 abstenciones, se avaló en lo general y particular, el dictamen a la minuta que contempla un cambio en el artículo Vigésimo Segundo Transitorio. Fue devuelto a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

La modificación busca que los industriales que en 2018 no tengan acceso a Certificados de Energías Limpias (CEL’s) -por la falta de plantas generadoras con estas características- puedan diferir esta obligación hasta en 50 por ciento, por dos años.

Tal situación flexibiliza la nueva legislación y da certeza a los participantes obligados para que trasladen hasta la mitad de sus obligaciones. La nueva ley permitirá pasar de un modelo de combustibles fósiles, a uno que utilice energías renovables, por lo que, México estará a la vanguardia en el consumo de energías limpias.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Energía, diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), expresó que esta ley asegura que el sector energético mexicano no solamente contribuya al desarrollo económico y social del país, sino también garantiza el cumplimiento de metas que México ha establecido a nivel internacional y que ha fijado como una política de desarrollo sustentable en la nación.

Se podrán alcanzar los compromisos internacionales, es decir, que en el 2018, el 25 por ciento del total de la energía generada sea a través de la limpia; para 2021, el 30 por ciento y, para el 2024, el 35 por ciento de toda la energía que se consuma sea producida con base en las limpias.

Estos compromisos no son nuevos en la Ley de Transición Energética, sino que retoma los establecidos en legislaciones anteriores, como son las leyes General de Cambio Climático y para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética.

De acuerdo con investigaciones del propio sector privado, la aprobación de esta ley permitirá una inversión en los próximos 14 años del orden de 70 mil millones de dólares y la generación de empleos directos del orden de los 180 mil, afirmó.

Trujillo Zentella argumentó que este dictamen permitirá dar flexibilidad al cumplimiento de estas metas; va a garantizar que el costo de incrementar las energías limpias en el país no exceda un nivel adecuado para la economía mexicana y, por lo tanto, no tenga un impacto en la competitividad de las empresas mexicanas ni de la propia Comisión Federal de Electricidad.

Esta es una reforma responsable y permite generar un esquema que amplíe la matriz energética del país para no depender únicamente de combustibles fósiles que contaminan y generan gases con efecto invernadero. “Diversificar esta matriz implica también a largo plazo garantizar la reducción de los costos en la generación de energía eléctrica”.

Puntualizó que actualmente la mayor parte de la energía eléctrica que se genera en el país se crea con base en gas, importado en su mayoría de Estados Unidos. “La ley va a permitir obligar a la generación de energía con otros mecanismos y otras tecnologías que impidan que estemos dependiendo de los costos tan variables que el gas tiene a nivel mundial”.

Georgina Trujillo destacó que esta ley va a permitir mitigar el riesgo de la dependencia. “Es crucial garantizar el cumplimiento de las metas internacionalmente comprometidas por el país, dar certeza jurídica a la inversión que puede representar al año casi el doble de lo que genera la industria automotriz o la minera”.

En los posicionamientos, el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (Nueva Alianza) expresó que esta ley tendrá repercusiones para las próximas generaciones y es parte de un compromiso del país. Su expedición se hace en cumplimiento de la reforma constitucional en materia de energía, a fin de sentar las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con esa materia.

La nueva ley tiene como principal objetivo utilizar el potencial de México en recursos naturales. En 2014, se generó más de 3.2 millones de toneladas de emisiones de bióxido de carbono por habitante. Los costos económicos por el cambio climático le han generado al país pérdidas por más de 338 mil millones de pesos del 2001 al 2013. “Es urgente actuar en este tema, la omisión tendrá repercusiones globales”.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado de Movimiento Ciudadano, resaltó que esta ley es importante, pues deberá regular el aprovechamiento sustentable de la energía; promueve fuentes renovables, ya que “tenemos mucho aire y sol, geotermia y mareas, de tal manera, que se deben promover para la producción de energía”.

Se espera bajar los contaminantes, los gases de efecto invernadero y el bióxido de carbono, “todo dentro de un esquema de viabilidad económica, que va a permitir que los sectores productivos de México sigan siéndolo. Se le agrega cierta flexibilidad en su aportación económica, en la necesidad de certificados y las multas, para que pueda ser aplicada sin perjuicio del sector productivo del país”.

De Morena, la diputada Guadalupe Hernández Correa, dijo estar en contra, porque consagra la fallida política energética que ha padecido el país durante las últimas décadas. “Esta ley no es una norma que abone a un mayor respeto al medio ambiente, cuando omite temas sustantivos. Se insiste en alcanzar la meta de producir 3 millones de barriles de petróleo diarios, cuando las reservas probadas apenas alcanzan los 13 mil millones de barriles de petróleo”.

Si México quiere un horizonte de seguridad energética de largo plazo, debería revisar su política de seguir exportando un producto del que ya no hay abundancia. La ley no menciona cómo México va a forzarse a evitar la quema diaria a la atmósfera de gas natural equivalente a 80 mil barriles de petróleo con sus defectos ambientales.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) puntualizó que México es un país privilegiado en el término de potencial de energías limpias, su fuerza eólica se encuentra en diversas partes del país, lo mismo que la hidráulica y la geotérmica, así como la solar; por lo que, el uso de fuentes limpias debe considerar la protección y el cuidado al medio ambiente.

Con esta nueva ley se fortalece a las instituciones de investigaciones nacionales. “Sin investigación no hay innovación; sin innovación estamos fuera de la ola tecnológica transformadora del mundo y también generadora de riqueza y bienestar. Esta minuta no introduce conceptos nuevos ni diferentes, simplemente se armoniza con las leyes ya vigentes y que en su momento serán derogadas al publicarse la de Transición Energética”.

Por el PRD, el diputado Julio Saldaña Morán, subrayó que el dictamen tiene por objetivo regular el aprovechamiento sustentable de energía y la reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica, ya que una demanda ciudadana es la disminución de generación de gases y compuesto de efectos invernaderos; por ello, es necesario adoptar un modelo basado en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

Sin embargo, dijo, el tema de la transición energética no ha sido analizado a profundidad y con la importancia que merece. Es necesario que la ley sea más estricta en cuanto a las potestades del poder público, desde las agencias normativas hasta los órganos reguladores, a fin de que se salvaguarde el interés general frente a los intereses económicos de las empresas.

María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, diputada del PAN, mencionó que esta ley es un componente esencial de la reforma energética; se trata del principal instrumento para lograr uno de los tres objetivos de la política, la sustentabilidad, pues México es un país rico en recursos naturales y la ubicación geográfica “nos hace diversos en fuentes energéticas”.

Destacó que la Ley de Transición Energética genera una hoja de ruta para alcanzar las metas de energías limpias. “Es la única que incorpora la eficiencia energética y será un detonante de la economía. Las acciones locales son las que van a producir los cambios globales, de ahí que estemos llamados a ser promotores en los estados y municipios del fortalecimiento de políticas sustentables”.

El diputado del PRI, Alfredo Anaya Orozco, consideró fundamental trabajar por la diversificación de las fuentes de generación eléctrica. “Es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos, y no solo a los ambientalistas, ya que los argumentos para apoyar las energías renovables están más relacionadas con la seguridad energética, su democratización, el crecimiento económico de los países y las crecientes oportunidades de inversión”.

Resaltó que el principal objetivo de esta ley es regular el aprovechamiento sustentable de la energía en el sector eléctrico; con ello, se busca cumplir con el mandato constitucional de fuentes limpias y prever el incremento de las acciones de eficiencia energética. “La ley fortalecerá y expandirá la infraestructura de transmisión y distribución de la electricidad a través del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes”, apuntó.

Ana Guadalupe Perea Santos, legisladora de Encuentro Social, expuso que a pesar del enorme potencial que el país tiene para generar energía renovable, de las favorables condiciones climáticas y de la ubicación privilegiada, faltan instrumentos y políticas públicas adecuadas para generar una energía más limpia y amigable con el medio ambiente, pero el dictamen es un pasó para lograr este propósito.

Puntualizó que esta nueva ley, además de armonizar las disposiciones con las de la Ley de la Industria Eléctrica, integra toda la legislación dispersa que existe sobre las energías renovables, la eficiencia energética y las redes inteligentes, pero fundamentalmente fortalece la seguridad energética a partir del fomento a fuentes de energías alternativas.

En la discusión, la diputada María Chávez García (Morena) mencionó que este dictamen es una simulación de supuesta preocupación ambiental, “cuando lo que realmente buscan es someter los intereses ambientales y energéticos de los mexicanos a los privados, que predominarán en el nuevo mercado energético mexicano”.

Sofía González Torres, diputada del PVEM, consideró que la Ley de Transición Energética es un ordenamiento fundamental para una nueva configuración del sector eléctrico que permitirá a la reforma energética consolidarse. “No prevé una transición violenta. Está fortaleciendo alternativas para que puedan alcanzar las metas de participación de energías limpias sin incurrir en multas”.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) subrayó que incrementar la participación de la energía limpia en la generación de energía eléctrica, será completamente marginal, pues “una meta de 35 por ciento para el año 2024 contribuirá con una reducción de 0.6 por ciento en la emisión de gases contaminantes sólo en México”.

Juan Romero Tenorio, legislador de Morena, añadió que es loable impulsar una ley que fomente el consumo de energía limpia; sin embargo, dijo, “hay que ver los costos de esta transformación para que el usuario final disponga de energía sustentable, que sea amigable con el medio ambiente. El proyecto estaría bien si el costo lo asumieran quienes van a obtener grandes ganancias en el servicio de distribución de energía y de gas”.

Previo a los posicionamientos, se desechó una moción suspensiva de la diputada Rocío Nahle García (Morena), para aplazar la discusión del dictamen, al considerar que la transición energética no es un tema sólo verde sino de seguridad.

“Esta ley, este dictamen, es nada menos que una hija más de la reforma privatizadora del sector energético que inició hace dos años, y esto ha abonado a que el Estado pierda el control del servicio público de energía eléctrica, para someterlo a las fuerzas del libre mercado, con las graves consecuencias sociales que esto tendrá, cuando todavía un amplio sector de la población requiere subsidio para acceder al servicio de electricidad”, afirmó.

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