JENARO VILLAMIL
22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NACIONAL
MÉXICO, D.F. (apro).- La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para reanudar la obra en la calle Rubén Darío número 225, confirmaron fuentes de la empresa y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del gobierno capitalino.
Ante tal decisión jurídica, esta semana deberán levantarse los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario que detonó una denuncia pública y una demanda penal de la empresaria Aramburuzabala contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga, quien –según acusó– intentó extorsionarla con cinco millones de dólares para permitir la obra.
Se trata de 122 departamentos en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor nivel inmobiliario en la capital del país.
Según declaró Aramburuzabala a la revista Proceso (2026), desde septiembre del año pasado, López Dóriga afirmó en sus cuentas de redes sociales que esa obra debía ser clausurada. Además, acusó a la inmobiliaria Abilia de falsificar permisos para derribar árboles.
Lo que pocos conocían es que la esposa del conductor estelar de Televisa, Adriana Pérez Romo, estaba en contra del proyecto inmobiliario y amenazó con “hacer todo lo posible para parar la obra”.
En la entrevista con este semanario, Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver sus diferencias.
Después de las amenazas y de los mensajes del conductor y columnista vía Twitter, el pasado 19 de enero se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del DF para clausurar la obra, pese a que el proyecto original ya había sido modificado antes por Abilia para atender los reclamos de vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos.
En su demanda penal, Aramburuzabala advirtió que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.
A nombre de supuestos comités vecinales y de 11 habitantes del edificio contiguo de Rubén Darío 223, la esposa de López Dóriga emprendió acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El INVEA autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se incurrió en violaciones al uso del suelo en marzo y mayo de 2015.
Un mes después, entró a escena el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien tuvo un encuentro con representantes de la empresa Abilia para extorsionarlos con la entrega de casi 10 millones de dólares: cinco millones para la esposa de López Dóriga, 600 mil dólares por honorarios de él y más de cuatro millones por obras de “mitificación” en la colonia Polanco.
A cambio de esa cantidad, los quejosos se desistirían de las acciones vecinales y de las acusaciones ante las autoridades capitalinas en su contra. La amenaza de extorsión fue ventilada públicamente por Aramburuzabala.
Aún está pendiente el desenlace de la demanda penal que interpuso una de las mujeres más ricas del país contra el matrimonio López Dóriga-Pérez, el abogado Becerra Pocoroba y supuestos representantes de vecinos.
