1º.de Mayo de 2015
Por Francisco Pucheta González
Perteneciente a una acaudalada familia del estado de Nuevo León, donde residen, pero con una enorme influencia económica y financiera en el noreste de la República mexicana, doña Ernestina Acevedo González viuda de Garza y sus hijos Fernando, Ramiro y Rodolfo Garza Acevedo, protagonistas del sonado caso Parque Silao en Nuevo Laredo, reciben el espaldarazo y solidaridad del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz quien está atento del desenlace del proceso judicial que se sigue en contra del alcalde panista Carlos Canturosas Villarreal, su equipo de colaboradores más cercanos y el cabildo completo, por violaciones a la ley, despojo, abuso de autoridad y atropello de los derechos humanos de las víctimas.
Fernando, Ramiro y Rodolfo se desenvuelven en distintas actividades profesionales, uno es contador público, el segundo médico y el tercero empresario especializado en la industria gastronómica. En una entrevista telefónica sostenida con uno de ellos, se recuerda que hace exactamente un año buscaron el amparo de la ley de la justicia, luego de vanos intentos por tener un acercamiento con el presidente municipal Carlos Canturosas Villarreal, para zanjar el conflicto. Pero éste groseramente eludió la entrevista.
Aclara que si bien la ejecución de la sentencia coincide con los tiempos políticos no hay interés en mezclar esa cuestión con el caso que los involucra por ser estrictamente de corte jurídico, porque su dependencia económica se liga a los negocios que manejan.
Encomia la resolución favorable de la Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, ya que considera que la familia fue víctima de los excesos de poder de una autoridad municipal que debe ser respetuosa de la legalidad y el estado de derecho, en vez de violentarlos.
Asimismo, aclaran que no vienen por venganza sino que se haga patente que los gobiernos y gobernados deben ser medidos con la misma vara para que haya equidad en la aplicación de la ley y la justicia, ya que los representantes del Ayuntamiento incurrieron en agravios al falsear declaraciones ante el Juzgado, el Tribunal y en el Congreso. Por eso, la defensa exigirá una responsabilidad penal y administrativa contra el munícipe, sus cercanos colaboradores y el cuerpo edilicio en pleno involucrados en el despojo.
Además, resume, las violaciones a las garantías individuales se persiguen de oficio y nadie debe quedar exento de purgar su culpa, máxime si se trata de autoridades que deben ser las primeras en poner el ejemplo.
