Nuevo Laredo, mayo 10.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo Laredo, a través de Jorge Issac López González, Secretario de Acción Electoral, presentó ante el Instituto Nacional Electoral, tres demandas en contra de tres funcionarios de la actual administración municipal que encabeza Carlos Canturosas Villarreal.
Julia Elida Ortega de los Santos, coordinadora de Fortalecimiento Educativo; Siqueiros Luis Pérez Milicua, coordinador de Servicios Médicos del DIF; y Jorge González Fisher, segundo síndico del Municipio, son los tres funcionarios de la administración de Carlos Canturosas que cometen delitos electorales.
Las demandas son por la violación al principio de equidad en la contienda electoral, al desviar recursos al hacer uso de un bien destinado a facilitar el desempeño de sus cargos públicos, para hacer proselitismo en favor de la candidata del Partido Acción Nacional a la diputación federal, Laura Zarate Quesada
Los documentos fueron selladas y firmadas como recibidas por Patricio Griffith Cavazos, vocal secretario del Instituto Nacional Electoral en Nuevo Laredo, quien indicó que daría curso inmediato y esperaría las instrucciones de sus superiores.
Las demandas señalan los delitos electorales cometidos por Julia Elida Ortega de los Santos, coordinadora de Fortalecimiento Educativo; Siqueiros Luis Pérez Milicua, coordinador de Servicios Médicos del DIF y Jorge González Fisher, segundo síndico del Municipio.
Los tres funcionarios mencionados, mantienen propaganda adherida a sus vehículos motrices, en favor de la candidata del Partido Acción Nacional cuando estos se encuentran aparcados en los cajones de estacionamiento municipal que tienen asignados como parte de los bienes públicos para el cumplimiento de sus funciones y no para proselitismo político.
Cabe señalar que personal del INE acudió a dar fe de los hechos, recopiló evidencias que dan fundamento legal a las denuncias y las integró en los expedientes, a requerimiento directo de la parte demandante.
López González indicó que el delito electoral consiste precisamente en utilizar recursos públicos para promover una candidatura, en éste caso la de la abanderada panista, lo que vulnera el principio de equidad asentado y sancionado por la Ley Federal Electoral.
