Por Francisco Pucheta González 27 de Abril de 2015
Sentado en el banquillo de los acusados y con un pie en la cárcel, el alcalde Carlos Canturosas Villarreal junto con los síndicos, su secretario de Obras Públicas y los regidores comisionados en Obras Públicas, detonaron la bomba política que esta tarde cimbró a Tamaulipas luego de que la Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitiera una resolución favorable en primera y segunda instancia para el caso de Ernestina Acevedo González viuda de Garza, víctima de la prepotencia, el desparpajo y el atraco del edil neolaredense.
Tanto CCR como su cercano equipo de colaboradores enfrentan cargos por delitos graves como despojo, fraude de servidores públicos, abuso de poder y abuso de autoridad en perjuicio de la señora Ernestina y de sus hijos Fernando, Ramiro y Rodolfo todos de apellido Garza Acevedo, propietarios de una hectárea de terreno donde ilegalmente se construyó el Parque Silao, situado en la colonia ´´La Torres´´ de esta ciudad.
Trascendió que tan pronto como se enteró de su comprometida situación Canturosas Villarreal solicitó hoy mismo un amparo en los juzgados federales pero sin depositar la fianza de 7 millones de pesos (el equivalente de la mitad del costo del predio valuado en 14 millones), porque tiene que pasar por cabildo para darle salida a los recursos.
Asesorados por los abogados Eduardo García Treviño y Jorge Luis Miranda Niño, la familia Garza Acevedo, víctima del atropello de Canturosas y sus colaboradores, apeló al Congreso del Estado de Tamaulipas, en primera instancia para exponer los actos inconstitucionales, violación de los derechos humanos, transgresión del Código Municipal y conductas tipificadas en el Código Penal realizadas por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
Resuelto el caso a su favor exponen sus antecedentes:
´´Ante las declaraciones irresponsables realizadas recientemente a los medios de comunicación en Ciudad Victoria por el diputado Francisco Javier Garza de Coss, presidente de la Comisión del Patrimonio Estatal y Municipal para que los presidentes municipales revocaran las donaciones y permutas realizadas por administraciones anteriores, nos permitimos presentar la presente denuncia ante la confusión creada por el diputado panista, al referirse por igual a la donación y la permuta, los cuales son dos actos jurídicos totalmente diferentes y que provoca el abuso de autoridad e ilegalidad con que se conducen los ayuntamientos, respecto a estos asuntos, como en el caso del Ayuntamiento 2013-2016.
´´Por lo anterior, como integrantes de la familia Garza Acevedo, solicito de manera urgente se haga del conocimiento de esta soberanía, del despojo de un inmueble que me otorgó en permuta el Ayuntamiento 2002-2004 por la afectación de un predio de nuestra propiedad y que autorizó ante este Congreso mediante el Decreto LVIII-868 de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, de fecha de 3 de noviembre de dos mil cuatro, publicada en el Periódico Oficial del Estado el jueves cuatro de noviembre de ese año (2004) y que dolosamente revocó en forma unilateral el actual Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por unanimidad, mediante acta número dieciocho, correspondiente a la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento 2013-2016 de fecha 26 de febrero de 2014, la que nunca me fue notificada por el cuerpo edilicio y que culminó el 17 de noviembre del año 2014, con la inauguración de nuevas instalaciones en el parque público Silao y que incluso estuvo el gobernador del estado de Tamaulipas Egidio Torre Cantú y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Ramiro Ramos Salinas, violando nuestros derechos y garantías individuales.
´´Es el caso que el 22 de mayo de 2014 demandé ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, el cumplimiento del decreto en cuestión, obteniendo resoluciones favorables en primera instancia el día veintiocho de noviembre de dos mil catorce (expediente 219/2014 ante el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Nuevo Laredo, Tamaulipas y en segunda instancia de fecha 11 de marzo de 2015 y terminada de engrosar el día doce del mismo mes y año (Toca Civil 86/2015) ante la Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
´´Sin embargo, en forma dolosa y arbitraria el 26 de febrero, sin sustento jurídico el Ayuntamiento en pleno revocó el acuerdo de permuta, rescindiendo un contrato bilateral en forma unilateral ya que nunca fuimos notificado de dicho acto antijurídico y con la ligereza e irresponsabilidad que caracteriza al actual gobierno municipal comparece en el juicio civil en el que exigimos se cumpliera el Decreto y no manifestó al contestar la demanda que dicho decreto estaba tres meses antes, falseando declaraciones y omitiendo información trascendental dentro del juicio ante la autoridad judicial del fuero común, en primera y segunda instancia y no cumplir el Presidente Municipal con el Acuerdo de Cabildo del 26 de febrero de dejar a salvo nuestros derechos, que tampoco tiene fundamento legal al ser notificados previamente, violando nuestra garantía de audiencia´´.
Por otra parte, los afectados acusan a la administración de CCR de tratar de engañar a la representación popular del Congreso enviando una iniciativa de revocación del decreto aprobado por el Ayuntamiento 2013-2016 en febrero , sin considerar a los propietarios puesto que la permuta es un contrato bilateral en esencia y pleno abuso de autoridad y con apoyo de algunos legisladores que pretende conculcar las garantías y derechos humanos de la familia Garza Acevedo.
