YETLANECI ALCARAZ
9 DE MARZO DE 2015
DESTACADO
BERLÍN (proceso.com.mx).- El informe sobre tortura del relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, es contundente: en México la tortura es generalizada y se utiliza como un instrumento cotidiano por las fuerzas de seguridad del país, en todos los niveles, y por las autoridades ministeriales para arrancar confesiones y castigar a detenidos. Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias y presiones psicológicas, son algunas de sus manifestaciones.
El documento, dado a conocer en la edición 2001 de la revista Proceso, que empezó a circular el sábado 7, fue presentado este lunes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es el resultado de la visita que Méndez, reconocido abogado y otrora defensor de presos políticos en su natal Argentina, realizó a México del 21 de abril al 2 de mayo del año pasado con la finalidad de conocer justamente la situación de tortura en el país.
El informe destaca también el aumento de las denuncias por el abuso de la fuerza pública en contra de defensores de derechos humanos y periodistas así como el práctico nulo derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de tortura y malos tratos.
Organizaciones no gubernamentales de corte internacional con sede en Ginebra y que siguen permanentemente el caso de México como es la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) expresaron su preocupación por lo que dicen es el permanente deterioro de los derechos humanos en México.
“La situación en México se ha deteriorado desde hace mucho tiempo en varias áreas de derechos humanos: en desapariciones, tortura, acceso a la justicia, defensores de derechos humanos, etcétera. En el caso específico de la tortura la situación viene desde mucho antes y el Estado mexicano no ha querido tomar todas las decisiones que son necesarias para acabar con esta situación. Me parece que lo que hoy se vive es sólo consecuencia de la negligencia del Estado mexicano de tomar las medidas que debió tomar desde hace mucho tiempo”, considera en entrevista telefónica con Apro, Ramón Muñoz, director de la RIDH.
En opinión de este jurista colombiano, las recientes llamadas de atención que Naciones Unidas ha hecho a México en materia de Derechos Humanos, incluida esta última, tendrían que ser tomadas en cuenta por el Estado mexicano para reconocer que tiene una crisis, “hacer un mea culpa” y, en consecuencia, mirar qué es lo que ha fallado y trabajar en ello.
Pero lejos de ello, lamenta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido una estrategia diplomática de negación de la situación y defensa férrea del país que lejos de contribuir a resolver los problemas, los agrava.
“El regaño del relator es muy fuerte y muy crítico al señalar que existe una situación de tortura generalizada. Conociendo a la diplomacia mexicana, ya preveo que los diplomáticos acá se van a defender con mucha vehemencia porque les da mucha vergüenza verse equiparados a otros estados donde esta situación es igual de grave.
“Y es una reacción que a mi me sorprende porque es negar lo que está pasando. Dice, por ejemplo, el embajador mexicano en Ginebra que esto no es generalizado, que no podemos igualar a México con Siria o con países africanos o con otros estados porque el Estado mexicano sí ha colaborado con Naciones Unidas y ha creado instituciones y ha hecho reformas y cada país es diferente con sus propios proceso histórico. Pero mientras tanto, la pregunta es ¿qué pasa con las víctimas, con los desaparecidos, con los torturados, con la gente que no accede a la justicia, con las mujeres asesinadas?”, dice crítico.
Y es que, para Muñoz Castro en el caso de México lo que existe es una gran negligencia del Estado acompañada de medidas cosméticas que implican la reforma de leyes pero no su implementación.
-¿Cómo tendría que reaccionar el Estado mexicano?
– En vez de hacer este ejercicio de contención de parte de la diplomacia mexicana, en el que vienen a defender al país, tendrían que hacer un mea culpa que implica reconocer la crisis que existe, tomar las medidas necesarias y asegurarse que sean efectivas. Porque sobre el papel todo es posible pero en la realidad hemos visto que en el caso mexicano es poco lo que es posible por los fenómenos de corrupción y de complicidad en estos fenómenos que atacan el país.
“Y ahora mismo el Estado mexicano es muy duro porque se atrinchera detrás de una posición defensiva y eso no va a producir ningún bien”.
Y si. Luego de la presentación del duro informe, el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco, fue contundente al señalar que México no comparte el dicho de que la tortura en el país es generalizada.
“México identifica una serie de retos que debe atender a fin de asegurar la erradicación por completo de esta práctica. No obstante, deseamos reiterar ante este Consejo que no podemos compartir una aseveración como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una “práctica generalizada” en el país, ya que no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, los que por cierto, han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas”.
Aseguró que luego de la visita del relator especial se presentaron nuevos avances y mencionó el envío por parte del ejecutivo el pasado 2 de diciembre de una iniciativa de Ley que faculta al Congreso para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, “con lo que se logrará avanzar en la homologación del delito a nivel nacional conforme a estándares internacionales”. Y destacó además la publicación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, a fin de guiar la acción de los jueces para la adecuada sanción de estas prácticas.
