Por: FRancisco Pucheta
A partir del 5 de abril arrancan las campañas de 60 días más costosas de México, en donde participan 10 partidos políticos con sus 2,179 candidatos a cargos de elección popular que se disputarán el domingo 7 de junio y en la que se repartirán recursos por un monto global de 5,356 millones 77,247 pesos con 32 centavos.
En estas elecciones federales intermedias los partidos destinarán un total de 1,172 millones 863,740 pesos con 95 centavos para la cobertura de sus campañas en tanto que cada candidato tendrá un tope de gastos de 1 millón 260 mil pesos.
Queda claro a los candidatos que participan en este proceso electoral federal que lo ocurrido en 2009 y 2012 respecto al rebase de topes de campaña ahora tienen efectos significativos en términos de la declaración de validez de las elecciones en las que compitan, pues el que rompa con esa norma aunque haya ganado la votación, no llegará a la cámara de diputados.
El PRI será el partido con más recursos para campañas con 306 millones 726 mil pesos, Acción Nacional recibirá 257 millones 623 mil pesos, el PRD contarán con 196 millones 394 mil pesos, el Partido Verde Ecologista recibirá 96 millones 970 mil pesos, el Partido del Trabajo con 84 millones 586 mil pesos, Nueva Alianza 80 millones 416 mil, Movimiento Ciudadano contará con 79 millones 773 mil, mientras que los partidos de reciente creación tendrán un monto menor, Morena contará con 23 millones 457 mil pesos, mismo monto que tendrá el Partido Humanista.
Del 5 de abril y hasta el 4 de junio que durarán las campañas electorales los partidos políticos y candidatos se deberán ceñir a este techo de gastos, de lo contrario no llegarán a las curules.
Dicho en un sentido más claro, si en las campañas se rebasa el tope establecido por el INE de 63 mil pesos y la diferencia entre primero y segundo lugar sea la que marca la ley, se podría caer en el supuesto de la anulación de la elección.
Por ello con las nuevas disposiciones en materia de fiscalización se obliga a los partidos y candidatos a ser muy cuidadosos.
El reto mayor es para el INE pues no queda claro que tenga suficientes redes y ojos para detectar y realmente demostrar cuando se rebasen los topes de campaña. La nueva Ley Electoral aprobada el año pasado, sentencia que aquel candidato que rebase 63 mil pesos de más automáticamente se le anula la elección.
Esto va a operar cuando se elijan presidente de la república, gobernadores, alcaldes y delegados del D.F. pero su aplicación inicial será el próximo 7 de junio.
El reto mayor del INE es saber cómo le va a hacer para demostrar que hay excedentes en los gastos de campaña, para instrumentar la ley que ha sido diseñada para darle certeza confiabilidad a los procesos electorales.
Es una ley muy dura que está revisando todas las cuentas bancarias, todos movimientos regulares y atípicos que suponen el empleo un monitoreo que permite establecer que las cosas se dan en un marco de orden señalado por el INE.
Son muchos los candidatos a cargos de elección popular a nivel de congresos locales, congresos federales, presidencias municipales, delegaciones, asambleas y hay variados mecanismos para financiar campañas mediante contribuciones indirectas o donativos de artículos de los particulares que debe fiscalizar el Instituto Nacional Electoral. Las intenciones del instituto son buenas, que se logren será otra cosa.
En estas elecciones intermedias van a llegar los que resulten votados aunque también se prevé que casi 2 millones de personas podrían estar en riesgo de no acudir a las urnas a emitir sus sufragios en las elecciones del 7 de junio por no contar con la credencial actualizada.
Finalmente el multimillonario gasto aprobado por las cámaras alta y baja para financiamiento de las campañas políticas de los partidos, representa un serio revés para las clases sociales desprotegidas de la nación.
Sólo los candidatos independientes se salvan de la mirilla y rechazo ciudadano, por el modelo corporativista y clientelar de los partidos políticos, falta de una declaración de interés de los candidatos y de transparencia y rendición de cuentas del gobierno en su conjunto.
