GLORIA LETICIA DÍAZ
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La verdad oficial sobre Ayotzinapa se basa en declaraciones autoinculpatorias. Al menos una decena de detenidos mostraron huellas de tortura, de acuerdo con los propios expedientes. De hecho, marinos y policías han tardado hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos capturados. Según testimonios de los marinos, los capturados se golpearon solos. Amnistía Internacional lo tiene claro: Los abusos “pueden derivar en que el caso se caiga. Si se llegan a demostrar violaciones al debido proceso, la PGR estaría resolviendo un caso icónico de violaciones a derechos humanos con más violaciones a derechos humanos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de los 43 normalistas de Ayotzinapa está la presunción de que la tortura fue uno de los métodos utilizados para “esclarecer” el caso que ha marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto.
La sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados que muestran los acusados en videos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia.
La noche del 27 de enero, horas después de que el procurador Jesús Murillo Karam encabezara una conferencia de prensa, padres de familia de los desaparecidos y sus abogados cuestionaron que la “verdad histórica” se soporte en declaraciones de delincuentes.
En un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, los padres y abogados advierten que “la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”.
El 28 de enero Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una carta firmada por su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, dirigida a Murillo Karam, en la cual alertaba: la versión oficial de que en el basurero de Cocula se produjo un incendio que destruyó los restos de los 43 jóvenes “se sostiene sólo por declaraciones autoinculpatorias y con un mínimo de pruebas periciales”.
Este es un adelanto del número 1996 de Proceso, ya en circulación.
