La dependencia tiene elementos para establecer que la «verdad histórica» es que los estudiantes fueron asesinados y quemados, dijo Murillo
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — Las investigaciones federales sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, han obtenido elementos suficientes para que exista «certeza legal» de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en septiembre pasado, dijo este martes el procurador Jesús Murillo Karam.
Un día después de que se cumplieran cuatro meses del crimen, el funcionario y su jefe de Investigación Criminal, Tomás Zerón, informaron en rueda de prensa que los últimos hallazgos de la indagatoria se obtuvieron del testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, señalado como uno de los autores materiales del asesinato y quien fue detenido el 16 de enero.
Los dichos de Rodríguez, según la Procuraduría General de la República (PGR), confirman la hipótesis de que los normalistas fueron retenidos por policías de Iguala y de Cocula ligados al cártel Guerreros Unidos, que a su vez los asesinó y quemó.
Esta línea de investigación había sido presentada por la PGR en noviembre pasado y se construyó con base en las confesiones de otros detenidos, presuntos integrantes del grupo criminal.
Al respecto, las autoridades detallaron este martes que los estudiantes fueron retenidos tanto por orden del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, presunto operador de Guerreros Unidos y quien quería evitar que protestaran en un acto de su esposa, como porque entre líderes de Guerreros Unidos se emitió la versión de que entre ellos había miembros de un cártel rival.
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«Las declaraciones vertidas por los detenidos, y que fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, y números que ustedes van a escuchar en este momento, dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas», dijo Murillo Karam.
«39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes; 386 declaraciones; 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes a ratificar los hechos aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden, esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia», agregó.
Las autoridades aseguraron que el caso no está cerrado porque aún hay presuntos responsables prófugos y porque todavía no se ha sentenciado a los detenidos.
Por su parte, los padres de los jóvenes han cuestionado la versión sobre la muerte de sus hijos y exigen que se les siga buscando con vida, mientras este mismo martes el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el caso es una «tragedia» en la que debe haber justicia, aunque llamó a que el país siga adelante.
«No podemos quedarnos ahí», señaló en un acto público con académicos.
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A continuación te presentamos algunos datos que la PGR presentó en la rueda de prensa.
En el lugar donde fueron incinerados los cuerpos de los normalistas se alcanzaron temperaturas superiores a los 1,600 grados, que generan combustión por largos periodos de tiempo.
Esta temperatura provoca que un cuerpo pase por distintas etapas: deshidratación, descomposición, intervención y fusión.
Por este motivo, los restos dentales que se encontraron no pudieron ser identificados.
La PGR realizó 487 dictámenes periciales sobre los testimonios de los acusados en el caso. Además, de acuerdo con Zerón, estudios independientes en distintas materias confirman que los cadáveres de los normalistas fueron incinerados en el sitio referido.
Los restos humanos fueron triturados, de acuerdo con 39 confesiones de los detenidos.
60,000 fragmentos de restos óseos fueron enviados a la Universidad Innsbruck.
Hasta ahora, hay 99 detenidos en el caso y seis rófugos, entre ellos un hombre identificado como el Chucky, de quien sólo se tiene retrato hablado, y el entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.
Durante la investigación se consignaron 93 teléfonos celulares, cuyos datos confirmaron la relación de todos los detenidos con los hechos en el presunto asesinato de los estudiantes.
Se realizaron 383 declaraciones en el caso y 153 inspecciones ministeriales para corroborar los testimonios.
El procurador indicó que a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, se le detuvo por lavado de dinero, mientras se integra el expediente que la vincula con la desaparición y el presunto asesinato de los normalistas.
La PGR solicitará al poder judicial «las penas más altas» para todos los implicados en el caso.
