JORGE CARRASCO ARAIZAGA
11 DE DICIEMBRE DE 2014
ANÁLISIS
MÉXICO, D.F. (apro).- Los jefes de las Fuerzas Armadas de México están muy activos. Pero no en las funciones que le son propias, de la defensa del país, sino en la escena pública como actores políticos, defendiendo la opacidad castrense y al servicio de una facción política.
El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y el secretario de la Marina, Armada de México, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz, han desplegado su autoridad castrense para defender a su alicaído comandante en jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
Perdida la batalla de la opinión pública a sólo dos años del gobierno de su comandante, el general Cienfuegos y el almirante Soberón están decididos a irrumpir en la escena política. No es que se hayan colocado en una posición deliberante de la autoridad civil. Más bien, se han asumido como parte de un grupo político y no como profesionales de la seguridad del país, su territorio y sus ciudadanos.
El general Cienfuegos y el almirante Soberón se han dedicado a dar titulares a la prensa, justificando lo indefendible y, en consecuencia, echando más leña al fuego.
El 10 de noviembre pasado, el jefe del Ejército fue a Monterrey a decir que él y a sus hombres no están “amedrentados por juicios injustos… erróneos… malintencionados que la institución armada nacional no se merece”.
Así respondió el divisionario a la exigencia, nacional e internacional, de que se esclarezca y castigue a los efectivos del 102 Batallón de Infantería responsables de la ejecución sumaria de un grupo de presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado.
Ese hecho, que el Ejército pretendió ocultar con el argumento de que los civiles fueron “abatidos en un enfrenamiento”, fue minimizado por el propio general Cienfuegos el lunes 8, cuando dijo que el peor hecho ocurrido en México este año que termina fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Para el jefe del Ejército, si hubo graves violaciones a los derechos humanos en México en 2014, no fueron sus hombres los responsables, sino los policías municipales de Iguala y Cocula, evadiendo además las interrogantes que hay por las omisiones del 27 Batallón de Infantería, destacado en Iguala, la noche de la desaparición de los normalistas.
El almirante Soberón fue más allá este miércoles 10, cuando aseguró que los padres de los normalistas están manipulados por grupos políticos, desestimando la autenticidad de su dolor, reclamo e indignación.
A quienes acusó de manipularles, que no precisó por su nombre, les reprochó no reconocer “el profesionalismo” del gobierno federal en la búsqueda de los estudiantes, en particular del Ejército, la Marina, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Al salir en defensa de las instituciones que encabezan, que nunca han estado sometidas a una verdadera rendición de cuentas, el general Cienfuegos y el almirante Soberón velan al mismo tiempo por su comandante en jefe.
Parecería natural. Pero en el contexto de exigencia social de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos en México, sus discursos van más allá. El mensaje para la sociedad es que no están dispuestos a la rendición de cuentas. Por eso llamó la atención su presencia, inédita, este jueves 11, en el cuarto y último informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.
Con un comandante en jefe extraviado, los jefes militares asumen funciones propias del secretario de Gobernación, quien como encargado de la seguridad interior tiene que dar la cara a la sociedad. Pero Miguel Ángel Osorio Chong prácticamente ha estado desaparecido desde los hechos de Iguala.
Los llamados a la unidad que el general Cienfuegos ha reclamado insistentemente en sus recientes intervenciones públicas estarían más bien dirigidos al propio gabinete de Peña Nieto.
Pareciera que la Presidencia de la República ha decidido que los jefes militares salgan al rescate del presidente ante la ausencia casi total del gabinete en la crisis política y humanitaria del país.
El protagonismo de los militares está anulado en una democracia, que los acota en sus funciones y presencia pública, puesto que son los primeros y últimos defensores de la integridad física de un Estado.
La salida de los militares ya no sólo de sus cuarteles, sino a arropar al presidente y a su gobierno ante el clima de inestabilidad en el país, puede ser también que la cúpula militar ha aceptado implícitamente que éstos no son tiempos de paz y han empezado a actuar en consecuencia.
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