Tras su tercera megamarcha, los familiares dijeron que podrían convocar a este acto el 20 de noviembre si las investigaciones no avanzan
Por Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — A 41 días de que 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieran presuntamente a manos de policías de Iguala, Guerrero, y del crimen organizado, padres de los estudiantes amagaron con convocar a un «paro nacional» el próximo 20 de noviembre si las investigaciones de las autoridades no avanzan hacia la localización de sus hijos.
Con esta medida buscarían ejercer más «presión social» en el caso, según anunciaron este miércoles durante un mitin en el Zócalo capitalino, al final de su tercera megamarcha desde la desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre. Sin embargo, no detallaron en qué consistiría esta protesta.
Omar García, compañero de los normalistas desaparecidos, señaló que también se contempla realizar una «caravana» para expresar su inconformidad con las indagatorias del gobierno federal.
«En los próximos días, mientras ellos anden de gira a nivel internacional, nosotros pretendemos realizar una caravana con el nombre de ‘caravana de las indignaciones’, porque no es solamente la nuestra, tenemos que ir recogiéndolas todas», dijo García en alusión al próximo viaje que el presidente Enrique Peña Nieto tiene previsto a China y Australia.
Durante el mitin, los padres también acusaron al gobierno federal de buscar «cerrar el caso» anunciando que los normalistas ya murieron.
«De manera descarada pretenden cerrar el caso de Ayotzinapa con una conferencia de prensa en donde van a anunciar que los normalistas están muertos. Para nosotros están vivos nuestros hijos, porque vivos se los llevaron ¡y vivos los queremos!», dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares.
Agregó que si el gobierno federal anuncia la supuesta muerte de los estudiantes, los padres rechazarán esas conclusiones y sólo aceptarán los resultados forenses de los peritos argentinos que ellos mismos convocaron al caso.
Un vocero de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló a CNNMéxico que la dependencia no hará comentarios sobre esa acusación de los familiares y que sus investigaciones se realizan con secrecía.
La tercera megamarcha comenzó poco antes de las 17:00 horas (local) de este miércoles; partió de las inmediaciones a la residencia oficial de Los Pinos y se dirigió al Zócalo capitalino, recorriendo Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo.
Además de familiares y normalistas -a quienes algunas personas aplaudían o gritaban «¡No están solos!»-, participaron organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
También asistieron estudiantes de universidades públicas y privadas, algunos de los cuales iniciaron este miércoles un paro de actividades en protesta por el caso Ayotzinapa, así como ciudadanos que exigen la localización de los normalistas y castigo a los responsables de su desaparición.
Uno de ellos, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, señalado por la PGR como autor intelectual del crimen, fue detenido el martes junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Según la PGR, Abarca era operador del grupo delictivo Guerreros Unidos y la noche del 26 de septiembre ordenó a la policía de Iguala «enfrentar» a los normalistas para que no protestaran en un evento de su esposa.
El procurador Jesús Murillo Karam ha dicho que la detención de Abarca era clave para resolver el caso y dar con el paradero de los estudiantes, aunque ha aclarado que no puede garantizar que todavía estén vivos.
Los padres, en tanto, exigen su localización con vida y este miércoles cuestionaron por qué si las autoridades ya capturaron a Abarca aún saben dónde están los jóvenes.
El caso ha generado protestas en varias ciudades de México, en particular en el estado de Guerrero -con algunos hechos violentos como destrozos en edificios públicos-, y en algunas capitales del mundo como Buenos Aires, Madrid y Londres. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado al gobierno mexicano a llevar a cabo una investigación profunda para esclarecer los hechos y que no queden impunes.
