Escrito por Agencia El Universal
MÉXICO, D.F.- Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, llegó la tarde de este jueves al hangar de la Procuraduría General de la República (PGR) procedente de Torreón, Coahuila, luego de su detención.
El capo de 51 años es originario de Navolato, Sinaloa.
Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, confirmó la detención del narcotraficante y dijo se logró gracias a la ubicación del automóvil que solía conducir.
La detención se realizó gracias a investigaciones en Torreón, Coahuila, precisó Rubido.
“Se le ubicó en un vehículo, en donde solía transportarse”, por lo que se montó un discreto operativo. Al verse descubierto reveló su verdadera identidad.
A Carrillo Fuentes se le detuvo además con José Dimas “N”, quien hacía funciones de escolta; se les aseguraron un arma larga y un arma corta.
El detenido tiene cinco órdenes de aprehensión, según Rubido, y afirmó que el cártel promovió la violencia en Ciudad Juárez.
“Era uno de los principales, muy principales delincuentes a los que la justicia mexicana tenía que detener”, dijo el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
En México, el cártel de Juárez era una de las siete organizaciones más poderosas dedicadas al trasiego de drogas, por lo que la Procuraduría General de la República ofrecía 30 millones de pesos a quien proporcionara datos que llevaran a su captura.
Conocido también como “El General” o “Andrés”, Vicente Carrillo Fuentes mantenía una guerra en contra del cártel de Sinaloa y de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas, entre agosto y septiembre mantuvo contactos con líderes del cartel del Golfo, Zetas, y Jalisco Nueva Generación en un intento por acabar con la organización de Sinaloa.
En la Corte del Distrito de Texas, Vicente Carrillo enfrenta cargos por narcotráfico, “lavado” de dinero así como por homicidio e intento de homicidio en contra de fuentes de agentes federales, y desde junio del 2000 su nombre está integrado en la lista negra del Departamento del Tesoro.
Por lo que se prohibía realizar actividades comerciales con él bajo aviso de proceso legal en contra; implicaba además el congelamiento de sus propiedades y cuentas en Estados Unidos.
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