La Procuraduría General de la República (PGR) acusó de homicidio a tres de los ochos militares investigados por la muerte de 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio pasado.
El proceso penal en un juzgado del fuero civil que enfrentarán los tres elementos castrenses, es independiente de los cargos que la Procuraduría de Justicia Militar ha presentado contra los mismos ocho militares a quienes dictó formal prisión por delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó algunas inconsistencias en los hechos —la existencia de una sola camioneta en lugar de dos, o que la bodega es un espacio reducido—, por lo que se iniciaron una serie de investigaciones que permiten establecer el delito de homicidio y “exceso de la fuerza”.
“Iniciamos en consecuencia a partir de entonces una investigación, que después, en poco tiempo, en razón de los datos recabados se convirtió en averiguación previa para estudiar y analizar las inconsistencias que entonces veíamos. En los hechos que hoy podemos plantear”.
Las investigaciones de la PGR establecen que sí hubo un enfrentamiento entre los elementos de la Sedena y personas armadas por espacio de entre ocho y diez minutos.
“Sin embargo al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares —uno se quedó a fuera porque está herido, el Teniente, porque está asistiendo, el chofer, porque lo era—, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tenía justificación alguna”, detalló.
Hasta el momento las pruebas recabadas permiten establecer que “a los tres que entraron a la bodega, y que podemos determinar con precisión que desde su ubicación hubo una trayectoria de disparo, hacia donde encontramos las huellas de sangre y el posicionamiento de cadáveres”, son a los que les acusa de homicidio, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la participación o inocencia de los otros elementos.
La acción penal que determinó ejercer la PGR fue tras darse a conocer versiones periodísticas, a partir de las declaraciones de una testigo, de que la muerte de las 22 personas fue una ejecución y no un enfrentamiento entre delincuentes.
Seis días de dar esta versión, el 25 de septiembre pasado la dependencia dio a conocer que ocho elementos (un oficial y siete elementos de tropa) fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar, y estos, fueron internados en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No. 1-A.
Este martes el juzgador castrense dictó auto de formal prisión en contra del Teniente y siete soldados, por delitos exclusivamente relacionados con el código militar, ante los hechos ocurridos en Tlatlaya.
Un abogado cercano al caso Tlatlaya indicó que los cargos son desobediencia e infracción de deberes, por lo que los ocho militares permanecerán en la prisión militar ubicada en ese campo.
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