El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, le advirtió que la presencia de los delegados federales en los estados es facultad del Poder Ejecutivo, no del gobernador. Además, la Conagua le exige presentar los permisos de construcción de su la presa en su rancho y advierte que podría ser demolida.
GOBIERNOCONTRAPADRES Redacción ANseptiembre 11, 2014 7:37 am
El Gobierno Federal exigió al de Sonora que se conduzca dentro del ámbito de la ley, en respeto a sus atribuciones y responsabilidades, al aclarar que la actuación de autoridades federales en ese estado se ha dado de manera coordinada, eficaz, oportuna y con estricto apego al marco jurídico.
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, recordó en conferencia de prensa que el nombramiento y la permanencia de delegados federales en dicho estado es facultad exclusiva del Presidente de la República y no del gobernador. Esto, luego de que el gobernador Guillermo Padrés, de extracción panista, diera a entender que los funcionarios quedaban expulsados de la entidad.
El conflicto entre el gobierno federal y el sonorense ocurre a más de un mes del derrame de químicos tóxicos en el río Sonora -evento por el que Padrés acusa negligencia de los delegados-, y a unos días de que en televisión se dio a conocer un reportaje sobre la presa que se construyó dentro del rancho del mandatario estatal.
Esta semana, Padrés le envió un mensaje a EPN, en el que dijo que seguirá señalando las “fallas” de las dependencias federales “aún cuando pretendan callarme haciendo señalamientos en medios nacionales hacia bienes y propiedades que han pertenecido a mi familia por generaciones y que también son afectadas por la contaminación causada por su propia negligencia”.
Ayer por la tarde, la Presidencia salió a responderle a Padrés, a través de Eduardo Sánchez y las dependencias involucradas en resarcir los daños del derrame de químicos tóxicos.
Estos son los mensajes que el funcionario envió a través de Twitter:
Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció inspecciones a la presa ubicada en Sonora para determinar si cuenta o no con permisos para el uso de aguas nacionales y si está o no dentro de la ley.
El titular de la Conagua, David Korenfeld Federman, informó que la inspección se hará de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales.
Detalló que como primer paso y en respuesta a una serie de denuncias públicas presentadas al respecto, la Conagua instruyó investigar la legalidad de la construcción, para lo cual requirió estudiar las imágenes aéreas y determinar si existía infraestructura y a partir de qué año.
Esta es la presa en el rancho de Padrés:
Saul Lopez
Como resultado de los primeros estudios, se descubrió que la obra comenzó a ser construida entre 2010 y 2011, por lo que se instruyó a la Subdirección General Técnica presentar los informes de los escurrimientos de la cuenca en los últimos 10 años.
Asimismo, se ordenó una visita de inspección al sitio para determinar el campo, la superficie cantidad y las características físicas de la obra, lo cual se concretará entre el miércoles y jueves de esta semana.
De los datos que resulten de esta investigación, solicitará a los respectivos propietarios que entreguen información sobre los permisos y las acreditaciones necesarias para la construcción de la represa, detalló Korenfeld.
Con la visita, dijo, se determinará si la presa cuenta con concesión o permiso para ocupación de zona federal; así como autorización para ocupar cauces de aguas nacionales, en especial sobre el arroyo Manzanal, el afluente del Río Bacanuchi y a su vez el afluente del Río Sonora.
Asimismo, se investigará si cuentan con permiso para construir en zona y cauce federales; concesión para el uso de aguas nacionales superficiales; y determinará si no hay afectaciones de terceros en la ciudad de Hermosillo y con usuarios de riego de la zona.
En el mismo procedimiento se efectuará una inspección a los pozos que cuentan con concesión para el agua subterránea, en donde se averiguará si cuentan con concesión para su uso, si tienen permiso de perforación, medidor volumétrico y bitácora de lectura.
Aclaró que en el caso de que las obras construidas incumplan con esos requisitos y afecten a terceros, se procederá a ordenar lo que establece la Ley de Aguas Nacionales.
Esto es, la clausura de la obra, la liberación del recurso de agua a los usuarios que tienen derecho y en el caso de que la ausencia de permisos se ordenará la demolición de la presa.
