MÉXICO, D.F. (Proceso).- Lo que no ha podido verse en la historia de la humanidad lo acaba de conseguir el SAT: unió a cristianos, musulmanes, judíos, budistas e hinduistas indignados por las exigencias del organismo fiscal, que les pide cuentas claras de los dineros que manejan, incluidos los diezmos. Los dirigentes de esas expresiones religiosas alegan que sus organizaciones no tienen infraestructura para hacer lo que les pide Hacienda. Aparentemente ésta busca poner orden en un ámbito en el cual no son extraños los negocios turbios donde de plano fluye dinero del crimen organizado.
Alegando “incapacidad técnica y humana”, las iglesias asentadas en México emprendieron un movimiento de rechazo a las recientes medidas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que las obligaría a reportar electrónicamente sus operaciones fiscales a partir del 1 de enero de 2015.
Mediante boletines y declaraciones a los medios, obispos y cardenales de la Iglesia católica así como pastores de las evangélicas son los principales cuestionadores de las autoridades hacendarias por esta medida.
La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), presidida por el pastor Arturo Farela Gutiérrez, decidió dar un paso más y emprender un litigio judicial contra esas disposiciones del SAT que afectarán a las más de ocho mil asociaciones religiosas del país.
En sus oficinas, Farela Gutiérrez se encoge de hombros y se queja: “Las iglesias no podremos cumplir esas imposiciones hacendarias. Para qué darle tantas vueltas al asunto. ¡Es imposible! ¡No se puede!”.
–¿Qué medidas tomarán entonces?
–No nos queda otra más que interponer un amparo contra esas disposiciones del SAT. Sólo así podremos darle protección a las a las 700 asociaciones religiosas aglutinadas en la Confraternice.
–¿Cuándo pondrán el amparo?
–En septiembre. Nuestros abogados en materia fiscal ya están trabajando en ello. Y nuestro principal alegato jurídico tiene precisamente como base la imposibilidad material de dar cumplimiento a un acto de autoridad. Será un juicio de amparo ante un juez de Distrito en Materia Administrativa.
Enfundado en un traje oscuro, el influyente líder religioso se recarga en el asiento, abre los brazos e invita a otras iglesias a sumarse a su lucha legal: “Todas las que deseen integrarse a nuestro amparo podrán hacerlo, pues esa imposición hacendaria nos afecta por igual. Creo que la vía legal es el camino idóneo para defendernos”.
–¿De plano las iglesias no estarán en condiciones de cumplir con ese requerimiento para el próximo 1 de enero?
–Por supuesto que muchas iglesias no estarán en condiciones. Necesitarán mucho más tiempo. En un principio esa medida iba a comenzar a aplicarse este 1 de septiembre. Luego las autoridades la aplazaron para el 1 de enero. Pero no. Eso es imposible. Las condiciones del país no lo permiten.
“Por ejemplo nosotros tenemos templos en lugares apartados de los Altos de Chiapas, de la zona huichol, de la sierra Tarahumara o de la montaña alta de Guerrero. ¿Cree que en esos remotos rincones los indígenas van a tener internet y computadoras para enviar electrónicamente comprobantes fiscales? ¡Claro que no! No existen las condiciones técnicas, humanas y geográficas para hacerlo.
“En las mismas zonas urbanas se complicarán las cosas. Imagínese cualquier misa dominical en los templos a la hora de recolectar las limosnas; a cada feligrés que aporte dinero se le tendrá que ir dando su respectivo comprobante fiscal. Será una labor de nunca acabar, principalmente en la Basílica de Guadalupe, el santuario más concurrido.
“Nosotros estamos a favor de la legalidad y de pagarle al fisco. No somos evasores fiscales ni queremos serlo. Desde 1992, cuando se constituyeron formalmente las primeras asociaciones religiosas, hemos cumplido nuestras obligaciones hacendarias. Pero ahora nos oponemos a las nuevas disposiciones porque sólo complicarán las cosas.”
“No es por lucro”
Estas disposiciones fueron dadas a conocer por el SAT el pasado 8 de mayo mediante oficio dirigido a las asociaciones religiosas.
Ahí señala que como asociaciones religiosas cuyo fin no es el lucro, “no pagarán el ISR (Impuesto Sobre la Renta) por los ingresos propios que obtengan como consecuencia del desarrollo del objeto previsto en sus estatutos, siempre que dichos ingresos no sean distribuidos a sus integrantes”.
Y estipula que los ingresos –pueden ser “ofrendas, diezmos, primicias y donativos”– deben aplicarse estrictamente “a los fines religiosos” no lucrativos de cada asociación.
En cambio sí deberán pagar el ISR “por los ingresos que perciban derivados de la enajenación con fines de lucro de bienes distintos de su activo fijo, tales como libros u objetos de carácter religioso, así como por la obtención de intereses y de premios”.
Entre otros requerimientos, a cada asociación religiosa el SAT le exige: “Llevar de manera electrónica un registro analítico de todas sus operaciones de ingresos y egresos, acompañando la documentación comprobatoria correspondiente, de tal forma que pueda identificarse cada operación, acto o actividad, indicando fecha, monto de la operación y el concepto a que se refiere, debiendo ingresar de forma mensual la información contable a través de la página del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general o a través de la herramienta electrónica ‘Mis cuentas’”.
También les exige elaborar un comprobante fiscal digital por internet “de forma diaria, semanal o mensual con base en los comprobantes fiscales que expidan al obtener un ingreso con el público en general, en el cual deberán de constar los importes totales de esas operaciones por el periodo que corresponda”.
Y para evitar los donativos del crimen organizado –las “narcolimosnas”–, el SAT les aclara a las asociaciones religiosas que deben cumplir estrictamente con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual deberán verificar la identidad y la actividad de sus donantes.
En este oficio el SAT les pedía a las iglesias aplicar estas medidas a partir de este 1 de septiembre. Pero luego, en oficio emitido el martes 12, les alargó el plazo hasta el 1 de enero de 2015.
En esta última disposición ya toma en cuenta a las asociaciones religiosas que trabajan en comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes, a las cuales les pide rendir sus declaraciones “de manera semestral”.
Varios obispos y cardenales de la Iglesia católica inmediatamente pusieron el grito en el cielo y rechazaron públicamente estas disposiciones.
En conferencia de prensa el sábado 16, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, explicó que la falta de tecnología “en la inmensa mayoría de las parroquias de México” impedirá cumplir con la facturación electrónica.
Consideró que “las autoridades deberán esperar. México todavía no tiene la infraestructura para realizar esto”, pues muchas localidades del país ni siquiera tienen “señal” de internet.
Eugenio Lira, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), resaltó la disparidad de recursos tecnológicos: “No todas las asociaciones religiosas, incluso católicas, tienen la misma infraestructura; no es lo mismo un convento de clausura que una diócesis”.
El vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, dijo por su parte: “Nos parecen cambios insensibles, fuera de lugar. No es posible que se nos quiera tratar como empresas, cuando tenemos una naturaleza distinta”.
La CEM emitió un comunicado el martes 12 en el cual dice recoger las voces no sólo de los más de 100 obispos que aglutina, sino también de las “diversas asociaciones religiosas de diferentes denominaciones”. Prácticamente todas las iglesias –asegura el organismo cúpula de la jerarquía católica– “han manifestado su preocupación por las dificultades humanas, económicas y geográficas para adoptar el esquema electrónico”.
Y exhorta a las autoridades hacendarias a “profundizar el diálogo”, ya que sólo así podrán tener “un conocimiento más preciso sobre la naturaleza y realidad de las asociaciones religiosas”.
En el mismo sentido se manifestó Eliézer Gutiérrez, vocero de la iglesia La Luz del Mundo, quien le recordó al SAT: “No somos empresas que nos dedicamos a una cuestión de lucro. Tenemos algunas circunstancias y consideraciones particulares que nos gustaría platicar con las autoridades hacendarias”.
Al SAT –encabezado por Aristóteles Núñez Sánchez– prácticamente se le fueron encima los representantes de las 8 mil 54 asociaciones religiosas del país. De éstas, 8 mil 21 son cristianas (católicas, evangélicas y ortodoxas), 17 orientales (hinduista, budista y krishna), 10 judías, dos islámicas y cuatro catalogadas como “nuevas expresiones”, según las cifras actualizadas de la Secretaría de Gobernación dadas a conocer por el diario Reforma.
Aclara Farela: “Con las nuevas medidas el gobierno no pretende cobrarnos más impuestos sino modernizar el sistema tributario para tener un mayor control sobre el dinero de las iglesias. Eso debe quedar claro”.
–¿No ve en este punto un aspecto positivo, pues podrá detectarse mejor la entrada de narcolimosnas a las arcas eclesiásticas?
El religioso medita un momento. Levanta la cabeza y entrecierra los ojos en gesto de contrición. Suspira. Luego responde con voz pausada: “Se habla mucho de ese dinero maldito que entra a las iglesias. Y sí, al SAT y a la Procuraduría General de la República les corresponde coordinarse para combatir mejor el problema, cuyo ejemplo más claro es la famosa narcocapilla de la ciudad de Pachuca… De manera que también nosotros, como cristianos y representantes de iglesia, debemos reconocer nuestros pecados”.
El pastor alude a la lujosa capilla de la Virgen de San Juan de los Lagos, edificada en la colonia Tezontle de la capital hidalguense por el narcotraficante Heriberto Lazcano, El Lazca, fallecido jefe de Los Zetas. Al lado de la capilla El Lazca también mandó construir el moderno y bien equipado Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo II. Incluso hizo colocar ahí una placa conmemorativa de bronce que reza: “Donado por Heriberto Lazcano Lazcano”. Y debajo de su nombre ordenó estampar el salmo 143: “Señor, escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo”.
La capilla siempre tuvo un nutrido número de fieles y todos los servicios religiosos, presididos por sacerdotes de la arquidiócesis de Tulancingo, a cargo de Domingo Díaz. En 2010, la PGR inició una investigación para saber cuánto dinero lavó El Lazca en ese complejo religioso.
En ese tiempo el entonces vocero del episcopado, Manuel Corral, reveló que la Iglesia no tenía el control administrativo de las 60 mil capillas del país, como la de Pachuca. Y se lamentaba: “Los tentáculos del narcotráfico pervierten y corrompen a quien se les pone enfrente. Se extienden por todos lados. Ahora brincaron a la Iglesia” (Proceso 1775).
Pero desde años antes los cárteles mexicanos ya financiaban obras pías, como ocurría en la diócesis de Tijuana en los ochenta y noventa, cuando los hermanos Arellano Félix apoyaban económicamente al entonces obispo Emilio Berlie, para que construyera varias parroquias y un lujoso seminario. Incluso estos narcotraficantes –gracias a la mediación de Berlie– tuvieron encuentros privados con el entonces nuncio apostólico Gerónimo Prigione (Proceso 937).
La misma Basílica de Guadalupe –el santuario mariano más importante del mundo– ha sido objeto de multimillonarios y oscuros negocios sin que las autoridades hacendarias hagan nada. El más reciente es la construcción del moderno mall religioso-comercial Plaza Mariana, que será operado por el empresario Carlos Slim y por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, con miras a tener como clientes cautivos a los alrededor de 20 millones de peregrinos y turistas que anualmente visitan el santuario.
Nunca se ha sabido a dónde fueron a parar los donativos que durante años estuvieron aportando los fieles para la construcción de la Plaza Mariana, que luego se encargaría de construir Slim en un terreno donado por Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe del gobierno capitalino. El fisco no ha metido las manos en este escabroso asunto, pese a las protestas de agrupaciones de comerciantes y de algunos jefes delegacionales de la Gustavo A. Madero que se quejan del salvaje mercantilismo emprendido por el cardenal Rivera con el culto guadalupano (Proceso 1726, 1783 y 1794).
El mismo cronista de la Villa de Guadalupe, Horacio Sentíes, siempre ha dicho que “el principal misterio de la basílica no es la aparición de la virgen sino la desaparición de las multimillonarias limosnas que dejan en el santuario los fieles guadalupanos”.
