«Así que la persecución del huachicol fiscal por parte de Marina y otras instancias de los gobiernos de la 4T no es nueva, como quieren hacernos creer los propagandistas de la oposición».
El anuncio de la detención de 14 personas vinculadas a una red de huachicol fiscal fue tomada por la oposición como una victoria para ellos. La pregunta que se hace esta columna es cómo hicieron para que algo en lo que están metidos los prianistas hasta el tuétano, la corrupción fiscal, las factureras, y el huachicol, acabara siendo usada como arma de propaganda contra Morena.
Primero, veamos sus argumentos. La cuenta alterna de Acosta Naranjo y los reintegros de lo que fue el PRD dice en su cuenta de X: “El huachicol fiscal financió las campañas electorales de Morena”. Así, nomás. Sin siquiera una prueba. Pero, perdón, sí tienen pruebas: una nota de algo llamado Código Magenta de enero. Hay que decir que el director de esto se llama Ramón Alberto Garza, un empresario de Monterrey. Este personaje que se hizo famoso hace un año por decir en un programa de radio que la 4T estaba siendo asesorada desde Italia por alguien llamado “Francisco Gramsci”. Bueno, este personaje es el director. Pero la fuente de que Morena se financió con huachicol fiscal es la tran traída y llevada Joselyn Hernández, una infortunada mujer que fue mencionada como testigo contra López Obrador, Américo Villareal, de Tamaulipas, y Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, por Anabel Hernández, que hace poco fue declarada “periodista de ficción” por un tribunal. La pobre de Jocelyn quería un trabajo, fue a una cena y ahí la grabaron. Luego, editaron la grabación y le hicieron pasar por fuente de primera mano porque había trabajado en 2019 en la Secreraía de Bienestar. “Fui víctima de un montaje”, dijo después Jocelyn en el mismo programa de radio donde se reveló la asesoría desde Italia de “Francisco Gramsci”. En fin, que todo eso ocurrió a principios de este año con una grabación editada de 2023. A ésta la acompañaba el último intento fallido de Francisco, ese sí, Francisco, pero no Gramsci, sino Cabeza de Vaca de ensuciar la elección en Tamaulipas donde, al final, ganó Américo Villarreal. Ese fracaso fueron unos cables en un inglés más falso que el de Peña Nieto que el reportero del Universal, Héctor de Mauleón, dio por buenos y que hasta el entonces Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, llamó falsos. Eso fue a mediados de 2022.
Ahora vuelven estas historias ya desmentidas por embajadores, tribunales, las supuestas testigas, pero esta vez con el respaldo del partido que desapareció por falta de votos, el PRD, que ahora quiere resurgir bajo el membrete de Somos MX, de Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza. Lo hacen con igual descaro que desde 2020: protegiendo a huachicoleros denunciados incluso en Estados Unidos, como es el caso de Cabeza de Vaca, quien llegó a encabezar la lista de pluris del PAN. Dice la cuenta alterna de Somos MX, llamada “Galileos”: “Desde 2019 Francisco García cabeza de Vaca actuó y denunció el huachicol fiscal y, a cambio, AMLO y su Gobierno emprendieron una feroz campaña y estrategia legal en su contra”. Pero la investigación judicial por huachicol fiscal apunta precisamente hacia Cabeza de Vaca. El Grupo Burgos, propiedad de Jorge García un empresario de Reynosa, Tamaulipas, fue el proveedor de diésel y gasolina durante toda la gubernatura de Cabeza de Vaca. Está acusada de venta de hidrocarburo ilegal. El otro panista connotado es Ernesto Ruffo, primer Gobernador del PAN en Baja California. Tiene una empresa inmobiliaria llamada Ingemar que, de repente, en 2019, empezó a importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel con un permiso extendido por la desaparecida Comisión Reguladora de Energía, sí, la misma que controlaban las eléctricas españolas, francesas e italianas, aunque ahí no se mencionaba a “Francisco Gramsci”.
Otro de los argumentos que se usa por la oposición contra el Gobierno de Andrés Manuel es que los sobrinos políticos del Almirante Rafael Ojeda, Secretario de Marina de ese sexenio. Los esposos de las hijas de tu hermano son para la oposición una relación familiar y, entonces, acusaron al Almirante Ojeda de encubrimiento y complicidad. Pero esta mentira que a la que ya de por sí le faltaba parentesco, se vio enturbiada por el dato que dio el Fiscal General de que fue el propio Almirante Ojeda el que denunció a la red del huachicol fiscal. Lo que le resta a la oposición es acusarlo de malvado tío político.
El huachicol marítimo fue combatido durante el sexenio de López Obrador, a diferencia del de Peña Nieto y Felipe Calderón, como veremos más tarde. De hecho, el 16 de noviembre de 2020, mientras todos estábamos sumidos en la pandemia, se dio a conocer que 25 funcionarios federales y estatales de Campeche, Tabasco y Veracruz habían sido acusados de huachicol en el mar. Entre ellos, el delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco y en Villahermosa, por un huachicol que implicó a dos barcos, el Imiloa y el Winchester. Habían sido detenidos por la Fiscalía General en flagrancia —es decir, en el acto de suministrar diésel robado a Pemex— en enero de 2019, en Coatzacoalcos. El Winchester era de la empresa Hornbeck Offshore Services, una compañía de Galveston, Texas. El Imiloa era propiedad del Cártel de Los Zetas.
También en esa misma zona, entre Tamaulipas y Texas, en Altamira, pero también en Ensenada, Baja California, se asentó el llamado por la prensa “Señor de los Buques”, el conocido como Mr. Brown en Texas, Roberto Blanco Cantú. Blanco Cantú, dueño de Mefra Fletes, está prófugo porque el Gobierno de Andrés Manuel lo persiguió por estar vinculado al huachicol fiscal, es decir, engañar a la autoridad portuaria de que trae cualquier otro aceite pero no hidrocarburos. La empresa de Blanco Cantú, que fue constituida con los nombres de personal de limpieza del patrón en Guadalajara, fue señalada por el Departamento del Tesoro de EU en 2019. Las oficinas corporativas de Mefra, en Garza García, Nuevo León están ahora abandonadas y su dueño, prófugo de la justicia. Durante el Gobierno de AMLO se descubrieron al menos 15 empresas fantasma que facturaban entre Mefra y otra compañía llamada Impulsora de Productos Sustentables, con sede también en Jalisco. Esta empresa, que le suministraba supuestamente turbosina a la empresa de aviones Interjet, era parte de Galem Energy, de Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente priista, embargada en 2022 por el SAT por no pagar el Impuesto Sobre la Renta.
El 13 de julio de 2022, tanto la Profeco, SAT, Pemex, así como la Secretaría de Marina hicieron el operativo contra las gasolineras y buques de Ciudad del Carmen propiedad de Grupo Imperial y su distribuidora FUVA, por venta de gasolina robada. Se les rescindieron los contratos con Pemex y les clausuraron una toma clandestina. La investigación siguió hasta paraísos fiscales donde depositaban las ganancias de lo robado.
Así que la persecución del huachicol fiscal por parte de Marina y otras instancias de los gobiernos de la 4T no es nueva, como quieren hacernos creer los propagandistas de la oposición. Su propósito es decir que con AMLO no se combatía porque existía una complicidad y, ya dementes, afirmar que así se financiaba Morena que no es que necesite dinero después de ser el partido mayoritario de un sistema de partidos que se llevan miles de millones de pesos por parte del Estado. La idea, como siempre, es sembrar la duda a quienes no ven «las mañaneras» donde se anunciaban estas acciones.
Pero hablemos de la complicidad del PRIAN. El huachicol, como escribe Ana Lilia Pérez en su indispensable Pemex RIP, es un producto de la privatización del Pacto por México. Da dos datos escalofriantes. Uno es del sexenio del Espurio, Felipe Calderón. El otro de Enrique Peña Nieto. Calderón le compartió a los gobiernos estatales el mapa de los ductos de Pemex, como si se tratara de una monografía de la papelería. Algo que es de seguridad nacional, acabó en manos de gobernadores tan honestos y probos como Fidel Herrera o Javier Duarte en Veracruz, Eugenio Hernández en Tamaulipas, Andrés Granier en Tabasco, o Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El otro dato es sobre la Presidencia de este último: Emilio Lozoya, como director de Pemex, manda comprar 700 carrotanques en Houston, Texas, que nunca fueron entregados. Esto, después de comprar la planta chatarra de fertilizantes, dividir en secciones a Pemex de tal forma que ya no coincidía lo que era extraído, con los vendido, ni lo exportado. Después de permitir la importación de gasolinas, lo que abrió la puerta al huachicol fiscal, y a abrir el mercado de gasolineras con siete grupos que se repartieron el territorio nacional para no competir entre ellos.
Pero hablemos de parientes consanguíneos, no políticos, del huachicol. Nada más la hermana del Secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, Luis Miranda Nava, vendía combustibles robados en sus gasolineras en el Estado de México, según la nota del propio Reforma en septiembre de 2017. O el hermano de Pancho Colorado, quien fue encarcelado por lavar dinero en ranchos, carreras de caballos, y compra de ejemplares pura sangre en Texas para lavar dinero del huachicol del Cártel de La Compañía, fue candidato del PAN a Diputado federal en 2009, apoyado por Josefina Vázquez Mota y Fidel Herrera. El PRIAN en acción.
Por eso se explica el crecimiento del huachicol en todas sus vertientes en los sexenios del Espurio y de Peña Nieto. Veamos los datos: de Fox a Calderón el robo de hidrocarburos aumentó 140 por ciento hasta llegar a 14 millones de barriles supuestamente “perdidos”. Con Peña volvió a aumentar otro 153 por ciento, es decir, a 27 millones cuando llegó a la Presidencia de la mano del PRD y el PRIAN a 46 millones en 2018. Para cuando Andrés Manuel llega a la Presidencia de México, el agujero para las finanzas públicas es de 147 mi millones de pesos. Si en 2011 se calculaban en mil 300 las tomas clandestinas, para 2018 ya eran casi 15 mil. Y es que antes de 2019, en que el Congreso reforma la Constitución, no eran delitos transportar, almacenar, comprar o vender hidrocarburos robados a Pemex. Pero, mientras eran detenidos por la Guardia Nacional, la Marina o el SAT a través de la Fiscalía, los jueces hacían de las suyas. De mil 600 personas presentadas en flagrancia, es decir, que estaban sacando gasolina o gas de los ductos, el uno por ciento fue procesado penalmente. En el 2018, de siete mil 30 carpetas de investigación, el tres por ciento acabó en alguna condena. De Calderón a Peña cada carpeta de investigación de este delito, que era sólo el robar el petróleo, tardó en promedio siete años para ser resuelta.
Los que vimos «la mañanera» del 13 de junio de 2023 quizás recordemos al Subsecretario Luis Rodríguez Bucio relatando los casos de tres jueces que habían liberado a huachicoleros en flagrancia. El primer caso que relató fue en una casa de la colonia Anáhuac de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la CdMx, que fue asegurada y donde se localizó un centro de almacenamiento de combustible robado.Pero el Juez Arturo Medel Casquería decretó el no ejercicio de la acción penal contra el dueño, alegando que no se acreditó si la toma clandestina se encontraba en el número 100 o en el 100 bis, aun cuando se trataba del mismo predio y el dueño aceptó que él mismo había cambiado el número a 100 bis.
El segundo asunto fue en Hidalgo, y se trataba de Ernesto “N”, alias «El Tinajero», acusado de robo de combustible. Entre 2020 y 2023, Pemex identificó 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 de la carretera Tuxpan-Tula, donde se ubica la Exhacienda de San Juan Hueyapan, propiedad de «El Tinajero». Se iniciaron 20 carpetas de investigación y se inhabilitó la toma clandestina que fue hallada con la ayuda de perros. Sin embargo, la Jueza Gabriela Capetillo Piña —cito— “no consideró válida esta forma de detección de la toma”. Es decir, lo liberó porque los perros no se usan para el huachicol. La Jueza Verónica Gutiérrez Fuentes liberó al detenido. La FGR interpuso un recurso de revisión de esa sentencia, pero el tribunal colegiado de apelación del 29 circuito confirmó la resolución. El tercer caso fue en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El 30 de diciembre del año pasado Fernando “N” fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional al ser sorprendido realizando remoción de tierra con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara. Fue presentado ante el Juez de control Édgar Alonso Ambriz Tiara, del Centro de Justicia Penal de Jalisco, por el delito de alteración de ductos. Sin embargo, el Juez ordenó su libertad, pues a su parecer la pala que usaba el inculpado “no era un elemento idóneo para la instalación de una toma clandestina”. Cuando le mostraron que también tenía en su poder un niple, que se usa para extraer combustible de los ductos, el Juez dijo: “¿Y las pinzas?”.
Cierro con este recordatorio porque, de todos las intenciones detrás de la propaganda de la oposición para tratar de adjudicarle al Gobierno de la 4T de lo que ellos son responsables, les falta siempre decir que las 14 detenciones de marinos, empresarios, y funcionarios públicos, se dieron justo ahora, cuando ya contamos con un Poder Judicial electo y que una Secretaría como la Marina entregó a sus integrantes al poder civil para ser investigados. Un pequeño detalle que se les pasó por alto.
Enlace de la columna original: https://www.sinembargo.mx/4698831/el-huachicol-del-prian/
