Resistencia indígena contra despojos
La nueva Ley de Hidrocarburos, abre la puerta al despojo del campo y ponen en riesgo los territorios indígenas
Teresa Rojas Villaseñor 12 ago 2014 – 17:40 CET
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La oposición de pobladores de San Bartolo Ameyalco a la incorporación de un manantial a la red hidráulica derivó en enfrentamiento con policías
Foto archivo
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto (Al Momento Noticias).- Enrique Peña Nieto promulgó ayer la reforma energética, y con ello, según las organizaciones sociales y académicos, colocó al país al borde de la próxima guerra por el agua.
Parece exagerado pero no lo es. Durante décadas, indígenas y campesinos han peleado para defender el agua y la tierra, y las modificaciones constitucionales que ponen la exploración y extracción de hidrocarburos por encima de cualquier otra actividad dieron la puntilla a los últimos reductos jurídicos que tenían esas comunidades para defender sus recursos de manera legal y pacífica.
Durante décadas, indígenas y campesinos han peleado para defender el agua y la tierra Foto archivo
Durante décadas, indígenas y campesinos han peleado para defender el agua y la tierra
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Al respecto, organizaciones indígenas y campesinas, colectivos, ejidos y comunidades reunidas en el Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, el pasado día 7, advirtieron que los cambios normativos, y en particular la nueva Ley de Hidrocarburos, abre la puerta al despojo del campo y ponen en riesgo los territorios indígenas.
La reforma, explicaron, los expone a expropiaciones “bajo el disfraz de las ocupaciones temporales”, además de que regula indebidamente el derecho a la consulta, para establecer un procedimiento que nada tiene que ver con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija el derecho a la consulta previa, libre e informada, de obligatorio cumplimiento en México.
Por ello, advirtieron que frente a las dimensiones de la amenaza y el desmantelamiento de los derechos sociales, avanzarán en la defensa de la tierra y llamaron a unirse a ella a comunidades, pueblos, núcleos agrarios, organizaciones sociales y civiles, sindicatos, académicos y académicos, estudiantes, centros de derechos humanos y comunidad internacional solidaria.
Por su parte, en su recién concluido congreso, efectuado del 4 al 9 de agosto en La Realidad, municipio de Las Margaritas, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron que el gobierno federal aplica las mismas políticas del siglo XIX “apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadounidense, en las regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo”. Frente a ello, subrayaron, “se actuará en colectivo”.
LOS CASOS
Con sus nuevas disposiciones que oficializan la expropiación de tierras susceptibles de generar hidrocarburos, bajo las figuras de “ocupación temporal” o “servidumbre”, la reforma de Enrique Peña Nieto en materia energética llega, sin embargo, a un campo ya minado.
Desde mucho antes de su promulgación, abundan en el país los proyectos hidroeléctricos, mineros, turísticos, carreteros, petroleros… y frente a ellos, las resistencias indígenas y campesinas.
La Segunda declaración de la compartición CNI-EZLN sobre el Despojo a Nuestros Pueblosda cuenta, por ejemplo, de la resistencia que oponen los pueblos de la costa nahua de Michoacán al saqueo ilegal de minerales y maderas preciosas; y el territorio nahua y totonaco del Totonacapan, Veracruz, a la destrucción por las lumbreras, la liberación de gas venteado y los derrames tóxicos causados por el Proyecto Paleocanal de Chicontepec (Aceites Terciarios del Golfo), donde se explotan 29 campos petroleros que matan ríos y arroyos en 14 municipios de la región.
Proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y petroleros amenazan territorios y recursos indígenas Foto archivo
Proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y petroleros amenazan territorios y recursos indígenas
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La del pueblo Wixárika, entre los límites de Jalisco, Nayarit y Durango, cuyo principal sitio sagrado, en el desierto de Wirikuta, San Luis Potosí, está amenazado por cinco empresas mineras y sus 78 concesiones, con las cuales saquean antimonio, uranio, oro y plata de los municipios Catorce y Charcas.
También, de la comunidad Autónoma Wixarika-Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, donde, pese al título de propiedad que posee desde 1733, no es reconocida y sufre invasiones, tala de bosques y destrucción de sitios sagrados.
De los pueblos y comunidades Ikoots y Binniza, de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, Juchitán y Álvaro Obregón, en el Istmo de Tehuantepec, donde las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa Gas Natural Fenosa, Demex, Renovalia Energy, Electricte de France (EDF), Eolicas del Sur, Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preneal, y Ener green Power se apropiaron de tierras comunales y destruyeron lugares sagrados en toda la región.
Únicamente en Juchitán y Unión Hidalgo, señalan, varias de esas empresas han ocupado de manera ilegal desde 2001 más de 32 mil hectáreas de tierras comunales para la instalación de mil 600 aerogeneradores en los parques eólicos Biiyoxo y Piedra Larga I y II y amenazan con extenderse a otros terrenos también comunales del Palmar, El Llano y las áreas protegidas de manglar.
El documento destaca, en la misma zona del Istmo, el otorgamiento de tres concesiones mineras a la Cooperativa Cruz Azul en el lote minero El Chincuyal; de la Minera Cascabel, en el lote minero Mar de Cobre, y de la Minera Zalamera, en el lote minero Jackita, subsidiaria de la Mina Orum Gold Corporation, sobre una superficie de 7 mil 310 hectáreas propiedad de los pueblos originarios y donde, además, mantienen instalaciones en forma ilegal el gobierno de Chiapas y el Ejército Mexicano.
Otros casos son los del territorio Chinanteco, en Oaxaca, donde se han impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial a los pueblos, mientras se desarrollan proyectos como la carretera Tuxtepec- Huatulco y el Corredor Turístico Chinanteco.
La reforma energética oficaliza despojo de tierras y agua, denuncian campesinos e indígenas Foto especial
La reforma energética oficaliza despojo de tierras y agua, denuncian campesinos e indígenas
Foto especial
Y de la zona nahua, en Huexca, Morelos, donde se construye una de las dos Termoeléctricas en zona de riesgo volcánico que forman parte del Proyecto Integral Morelos, promovidas por la empresa Abengoa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual contempla también la construcción de un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla, con impacto negativo en 22 ejidos del municipio de Ayala.
Los ejemplos de movilizaciones indígenas y comunitarias en defensa de sus territorios y recursos son múltiples y requerirían mucho más espacio para su detalle, valga sólo la mención de algunos de los más emblemáticos.
El de la comunidad de Cherán, Michoacán, verdadera cuna de las autodefensas surgidas ante la devastación y el robo de miles de hectáreas de bosques a manos de talamontes ligados al crimen organizada en complicidad con autoridades municipales, estatales y federales, y el del pueblo nahua de San Pedro Tlanixco, Estado de México, despojada de sus manantiales y aguas del río Texcaltenco mediante concesiones a empresarios agroindustriales del municipio Villa Guerrero.
Casos similares se dan en los municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, y Ometepec, Guerrero, donde cientos de comunidades amuzgas, mixtecas y afromestizas, se ven amenazadas por el entubamiento del río San Pedro para llevarlo a la ciudad de Ometepec; y de la comunidad nahua de Xoxocotla, Morelos, amenazada por un proyecto minero que abarca siete concesiones en 15 mil hectáreas habitadas por las comunidades Tetlama, Alpuyeca, Coatetelco, La Toma, Xochicalco.
Y por supuesto, el caso del territorio Yaqui, en Sonora, donde la apropiación del agua del Río Yaqui ha sido motivo de agresiones permanentes contra su población. En la actualidad se pretende llevar el agua hacia la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto Independencia, en perjuicio tanto de los Yaqui, como de cientos de hectáreas de la tribu Mayo Yoreme y los agricultores del Valle del Yaqui.
El pueblo Náyeri, del estado de Nayarit, padece amenazas muy similares. Guardián histórico del río San Pedro, donde se encuentra su sito sagrado Muxa Tena, hoy se ha visto obligado a defenderlo contra la construcción de la presa Las Cruces, al igual que el pueblo Guarijío, de Sonora, en cuyos sitios sagrados se pretende construir la presa Los Pilares.
PUEBLOS SIN DERECHOS
Sucede que en México, como en el resto de América Latina, “antes que reconocer los derechos de los pueblos indígenas” en el tema del agua, “las políticas de los estados nacionales han atentado contra ellos al tratar el agua (…) como mercancía y mecanismo de enriquecimiento para las compañías transnacionales, antes que como condición de vida y bienestar social”, sostiene el investigador Francisco Peña, especialista en las relaciones en torno al manejo del agua.
Mineras, puertas abiertas en México Foto archivo
Mineras, puertas abiertas en México
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De este modo, señala en su ensayo “La lucha por el agua, reflexiones para México y América Latina”editado por CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales “para sostener sus formas de vida y subsistencia, las comunidades indígenas con frecuencia han debido defender los recursos hídricos que necesitan, frente a decisiones gubernamentales que no consideran sus necesidades y derechos.
“La desecación de lagunas y humedales, la inundación de pueblos y áreas agrícolas por la construcción de grandes presas, la contaminación de ríos y acuíferos por parte de la industria petrolera, y la transferencia del agua a las grandes ciudades, son sólo algunos ejemplos de las decisiones que han afectado a los pueblos indígenas en diversas regiones de América Latina”.
En México, destaca, el gobierno federal ha logrado concentrar por completo las decisiones en cuanto al manejo, uso y, por supuesto, aprovechamiento de ríos, lagunas, manantiales, lagunas y acuíferos del país, sin el concurso de autoridades locales, ya sea estatales, municipales y mucho menos comunitarias.
Esto, subraya, pese a la enorme contribución que los pueblos indígenas tienen y han tenido siempre en el cuidado y preservación de los recursos naturales, y en particular del agua, elemento vital de su historia y cultura, pero también de su sobrevivencia física por lo que el agua es parte indisoluble de sus territorios y, por lo tanto, de su autonomía.
LA DECLARACIÓN DE KYOTO
Emitida en 2003, durante el Foro Mundial del Agua, la Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas sobre el Aguavincula estrechamente el derecho de éstos al agua con su derecho a decidir y gobernar sus propios territorios.
“Nuestras aguas —sostienen los pueblos indios en el documento— son regidas, cada vez más, por una dominación económica impuesta, extranjera y colonial, y por acuerdos de comercio y prácticas comerciales que nos desconectan, como pueblos, del ecosistema.
“Se está definiendo el agua como una mercancía y elemento de propiedad que se puede comprar, vender y comercializar en los mercados nacionales e internacionales. Estas prácticas impuestas e inhumanas no respetan el hecho de que toda la vida es sagrada y que el agua es sagrada”.
Advierten, asimismo, que “se está haciendo caso omiso, violando y menospreciando nuestro derecho a la libre determinación, nuestra soberanía, nuestros conocimientos tradicionales y nuestras prácticas de protección al agua” en aras de un desarrollo económico que contamina ríos y mares y provoca grandes cambios climáticos, contaminación del subsuelo y desaparición de flora y fauna.
Yakis, lucha histórica Foto archivo
Yakis, lucha histórica
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Refiere la Declaración que uno de los argumentos más frecuentes para disponer de los recursos acuíferos existentes en territorios indígenas o comunitarios es la necesidad de suministrar agua a “ciudades sedientas” cuando, en realidad, es el mecanismo que usan los gobiernos para hacer uso del agua disponible “en los territorios indígenas para beneficiar a la gran industria o proteger los intereses de otras naciones poderosas”.
Dos ejemplos de ello en México pueden ser los casos de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, del Distrito Federal, y las afectaciones a la tribu Yaki, en el estado de Sonora.
En el primero de ellos, la oposición de los pobladores a la incorporación de un manantial de propiedad comunitaria a la red hidráulica de la zona derivó en un enfrentamiento con policías del Distrito Federal que dejó más de cien lesionados y cinco detenidos el pasado 21 de mayo.
En el caso de la tribu yaqui, exigen al gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, detener la construcción del Acueducto Independencia mediante el cual, según la versión oficial, se llevaría agua del río Yaqui, de propiedad comunal por acuerdo presidencial ratificado en 1940, a la ciudad de Hermosillo. Sin embargo, la comunidad indígena ha señalado reiteradamente que el proyecto beneficiará sólo a la industria.
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En opinión del investigador Francisco Peña, garantizar el respeto a los derechos de indígenas, campesinos y comuneros al agua y a la conservación de sus lugares de vida, implicaría un marco jurídico que reconozca sus derechos, en particular a su territorio; representaciones legítimas en los órganos de gestión del agua, y formación de coaliciones sociales que amplifiquen la voz de los ciudadanos que, como los indígenas, “generalmente se encuentran en desventaja frente a los intereses financieros más poderosos”
