MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal alista una demanda por responsabilidad ambiental contra la empresa minera de Grupo México por el derrame de tóxicos que contaminó el río Sonora, considerado ya como “el peor desastre ambiental en la industria minera” del país.
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra, informó en conferencia prensa que se trabaja en el estudio para determinar la multa que deberá pagar la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de grupo encabezado por Germán Larrea, para reparar los daños.
“De acuerdo a estimaciones, lo que solicitaremos al juez de distrito que conocerá de esta demanda por responsabilidad ambiental, el costo de la remediación pudiera llegar a considerar miles de millones de pesos”, aseguró.
Este martes, las autoridades ambientales del gobierno federal confirmaron que el derrame de residuos tóxicos sobre el río Sonora fue provocado por las malas condiciones de operación de la minera y no por el exceso de lluvia.
Según el informe “Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora”, las autoridades iniciaron un juicio de responsabilidad ambiental contra la minera, que podría derivar en una multa aproximada de 40 millones de pesos, así como la obligación de reparar los daños y compensar a los afectados.
Pero aún con la evidencia de las afectaciones y las responsabilidades, las autoridades ambientales carecen de atribuciones para clausurar totalmente las operaciones de la minera, según Guerra Abud.
El informe
El documento menciona que desde el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto, 24 mil personas han sido afectadas en sus propiedades o en su salud. Incluso, al menos cinco personas han sido hospitalizadas al presentar náuseas, sudoración, dolor gástrico y debilidad física.
Apoyado con fotografías y mapas, explica que se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado en el Arroyo Tinajas, municipio Cananea, en Sonora. Los tóxicos, asegura, provenían de de las instalaciones de la Empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (GM).
Al día siguiente, habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi.
El 8 de agosto, la empresa notificó del incidente a la autoridad federal vía telefónica. La Comisión Nacional del Agua realizó una visita técnica al lugar y elaboró un Dictamen Técnico.
De acuerdo con la dependencia, “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”.
El informe aclara que Grupo México “ha argumentado públicamente que el percance se ocasionó por ‘lluvias por arriba de la media’. Sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (Conagua) demuestran que esto es absolutamente falso”.
Los daños ambientales
Según el documento, el derrame alcanzó al menos cuatro cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km), Río Bacanuchi (64 km), Río Sonora (190 km) y Presa El Molinito (15.4 millones de m3). Ésta última fue cerrada por precaución, sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación.
El 9 de agosto, la Conagua aplicó Protocolos de Atención de
Emergencias Hidroecológicas. Entre las acciones se incluyó la restricción del uso del agua en el río y en los 322 pozos y norias
ubicados 500 metros a cada margen del río.
También levantó un muestreo de remanentes de la pileta y se establecieron 21 puntos de medición a lo largo de los ríos para monitorear los niveles de contaminación. Según el informe, hasta el 24 de agosto se habían realizado mil 20 muestreos analizados por laboratorios certificados en Hermosillo y la Ciudad de
México.
Como resultado, los especialistas encontraron contaminantes como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo; cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río previo al derrame.
A raíz de ello, la Conagua evaluó el impacto del derrame e inició procedimiento administrativo en contra de la empresa para la remediación, cuyas obras serán determinadas por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) en las próximas semanas.
También le impuso la obligación para realizar el monitoreo de agua superficial y subterránea dos veces al mes durante cinco años y le ordenó eliminar los bordos y represas emergentes cuando termine la contingencia.
Para atender a la población afectada, la Comisión dispuso de 32 pipas para distribución de agua potable y 10 plantas potabilizadoras portátiles en la región afectada, entregó recipientes para almacenar 500 mil litros e instruyó la presencia de 37 funcionarios para hacer la medición permanente de la calidad del agua en la zona afectada.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también dictó medidas a cumplir, según el informe: Suspensión del riego del patio de lixiviados en donde se originó la fuga, neutralización del pH con cal y limpieza de producto resultante del Río Bacanuchi, caracterización, evaluación de daños ambientales y remediación de los mismos.
La dependencia informó que en la visita realizada el pasado 22 de agosto, se detectó un Bordo de Contención de seis kilómetros de aguas abajo de la pileta, sobre el Arroyo Tinajas, que muestra señales de fuga de material contaminado que debió ser retirado por Grupo México.
24 mil afectados
El informe del gobierno federal menciona también las actividades realizadas por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a raíz del derrame de tóxicos en los alrededores del Ríos Sonora.
Según la Comisión, desde el 8 de agosto a la fecha se han detectado 24 mil 48 personas afectadas. Más: Hasta el miércoles 20 se tenían identificados cinco casos –cuatro hombres y una mujer mayores de 42 años– con sintomatología asociada al derrame.
A estas personas se les otorgó atención médica primaria y especializada. Cuatro continúan bajo seguimiento y una decidió continuar su atención en medio particular. Ninguno requirió de hospitalización.
De acuerdo con la Cofepris, el 22 de agosto se inició un procedimiento administrativo de verificación sanitaria en las instalaciones de Grupo México, con base en la Ley Federal de Salud y la Norma Oficial Mexicana 127 SSA-1-1994. El propósito es “identificar responsabilidades de la empresa en materia de salud y en su caso a ejecutar medidas precautorias y definitivas para que cesen las causas de riesgo sanitario en la región”.
El procedimiento está en la etapa de verificación y dictaminación sanitaria. Concluirá hasta que exista evidencia de que la empresa haya implementado el plan de corrección emitido por la Comisión.
En tanto se determina la responsabilidad, según el informe, la Cofepris aplica un programa de vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades. Éste incluye visitas de brigadas de salud casa por casa para identificar casos sospechosos de intoxicación o riesgos asociados. Además, distribuyen material de prevención –plata coloidal y trípticos, realizan monitoreo entomológico y verifican las acciones para el “Correcto Uso del Agua”.
Hasta el momento, según la dependencia, se ha visitado mil 101 viviendas en 12 las localidades Aconchi, Baviácora, San José de Baviácora, Mazocahui, La Capilla, La Estancia, San Felipe de Jesús, Huépac, Ranchito de Huépac, La Bombita, Ojo de Agua y Bacanuchi.
También se ha dado información a res mil 521 personas, se han entregado mil 91 sobres de suero Oral y se censaron sanitariamente 737 domicilios. Además, se ha hecho promoción de las medidas de protección personal para prevenir daños a la salud.
Multa de 40mdp: Profepa
De acuerdo con el informe “Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora”, luego del derrame la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) revisó que la minera de Grupo México estuviera en cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados y de la NOM 159 y de las medidas dictadas el pasado 12 de agosto.
Pero según la dependencia, el 18 de agosto interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable, cuya pena podría ir de uno a nueve años de cárcel.
También inició un juicio de Responsabilidad Ambiental para la reparación de los daños. Esta incluye: Multa por aproximadamente 40 millones de pesos, reparación equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño y en su caso la compensación, revisión exhaustiva por la Profepa, de todos los centros de producción de la empresa y muestreo y análisis de suelos en 22 sitios sobre el cauce seco del Arroyo Tinajas.
Al final del informe, el gobierno federal menciona que la Conagua mantendrá el monitoreo de la calidad del agua en el río Sonora y el seguimiento de las medidas de urgente aplicación y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) identificará las superficies para la restauración de suelos.
En tanto, la Secretaría de Salud mantendrá el monitoreo de casos y otorgamiento de atención médica oportuna, la Cofepris continuará con la verificación sanitaria hasta la total corrección de las anomalías identificadas y la imposición de sanciones administrativas.
En coordinación con la Conagua, continuarán con monitoreos conjuntos de los pozos para levantar las suspensiones cuando cumplan con las normas ambientales y sanitarias.
El informe lo presentaron los titulares de la Semarnat, Juan José Guerra; de la Profepa, Guillermo Haro; de la Conagua, David Korenfeld y de la Cofepris, Mikel Arriola.
Protestan habitantes
Pobladores de las localidades afectadas por la carencia de agua provocada por el derrame de tóxicos de la minera Buenavista del Cobre, tomaron alcaldías y cerraron caminos rurales para demandar al gobierno y al Grupo México definan fuentes de abastecimiento del líquido.
“Ya no queremos más agua embotellada. Queremos que los responsables de la contaminación del Río Sonora perforen nuevos pozos lejos del caudal intoxicado”, reclamaron habitantes de Banamichi, quienes tomaron la alcaldía.
El munícipe Jesús Lauro Escalante Peña, los justificó al decir que están cansados de acarrear agua en garrafones y que quieren fuentes de abastecimiento constantes, no paliativos.
Loyda Valdez, representante del grupo Ciudadanos de Banamichi Unidos por el Desastre Ecológico en el Río Sonora, resumió las afectaciones:
“La gente quiere bañarse a gusto, trabajar… Existe riesgo de enfermedades y epidemias; ya se perdieron todas las actividades económicas, el turismo, cosechas, ganadería, elaboración de quesos. Es mucho lo que hemos perdido y vemos con impotencia la ineficiencia de las autoridades, que desde el primer momento debieron buscar fuentes permanentes de abastecimiento de agua”,
En San Pedro de Ures, otro grupo cerró la carretera interestatal que conecta a la capital con los pueblos de la sierra, exigió la presencia del mandatario estatal Guillermo Padrés Elías.
En el poblado Puerta del Sol, en el mismo municipio, otro grupo provocó largas filas de automóviles varados, luego de cerrar con llantas, troncos y piedras el único camino que conecta a Hermosillo con los pueblos afectados por el derrame. Exigieron la presencia del gobernador de Sonora y la perforación de un pozo lejos de los márgenes del río.
