Por Cristina Gómez para RT
Tampico, Tamaulipas.-En dos años, los senadores Maki Ortiz Domínguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Manuel Cavazos Lerma, no se han acercado a los sectores productivos de la zona conurbada, para conocer sus inquietudes en torno a la agenda nacional y de los temas que le duelen a Tamaulipas y a la zona.El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas y las Huastecas, Luis Apperti Llovet, señaló que no ha habido ningún acercamiento desde su ascenso a la Cámara Alta. “No hemos tenido contacto, en ningún caso se han acercado a platicar con nosotros y nos preocupa, al igual que en el caso de los diputados federales”. Expresó que el organismo empresarial habrá de tender un puente con los senadores al concluir la aprobación de dictámenes de la reforma energética.
“No ha habido ningún diálogo. Ya lo estamos contemplando, hemos querido ser respetuosos y no distraerlos de la discusión de la mesa nacional, pero ya está en nuestra agenda invitarlos, primero a los diputados federales y luego a los senadores”, mencionó.Apperti Llovet, rechazó evaluar el desempeño de los senadores, pues dijo que primero buscarán un acercamiento y una vez que vean el seguimiento a los asuntos que les serán planteados, podrán calificarlos. “Si bien es su obligación acercarse a las regiones del estado, nosotros vamos a propiciar un encuentro, estábamos esperando un momento oportuno para conocer su trabajo legislativo y expresarles nuestras inquietudes, los vamos a invitar y estamos seguros que los vamos a tener en una próxima reunión del CIESTH”, enfatizó.
Luis Apperti reiteró que después de haber sido electos, no han vuelto a ver a quienes hace dos años pidieron el voto para llegar al Congreso de la Unión, por lo que sentarán en la mesa del Consejo de Instituciones Empresariales a senadores y diputados en dos reuniones por separado, ya que no consideran factible juntarlos.
TRABAJO LEGISLATIVO
Que el 9 de febrero se celebre el día nacional del odontólogo, ha sido el único logro de la representación tamaulipeca en la Cámara Alta, en cuanto a iniciativas individuales llevadas.El aporte fue de Maki Ortiz Domínguez y es el único que hasta el momento le ha sido aprobado de un total de cinco presentados.Sus homólogos Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Manuel Cavazos Lerma, no tienen iniciativas en lo individual, según registro de la página www.senado.gob.mx.Aunque es la que acumula más faltas, 47, debido a un problema de salud que la llevó a ausentarse de sus labores, la legisladora es quien muestra una mayor productividad legislativa.Ortiz Domínguez tiene cinco iniciativas, una de ellas aprobadas y el resto en estudio en comisiones. Sus iniciativas pendientes son: instalar lactarios en los centros de trabajo para incentivar la lactancia materna.Prohibir el comercio y suministro de productos del tabaco en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior. Sancionar con 50 mil y hasta cien mil veces el salario mínimo el incumplimiento de las regulaciones publicitarias contenidas en la Ley General para el Control del Tabaco.Así mismo, propuso ampliar la ley general de salud para adicionar a la publicidad de las estaciones de radio y televisión, los medicamentos, remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos. Con ello, pretende prohibir cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea engañosa, induzca al error y que genere un riesgo para la salud y el patrimonio; regula la prohibición y sanciona con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo.Planteó también, crear la Ley General de Reproducción Humana Asistida, para auxiliar en los problemas reproductivos del hombre y la mujer derivados de la esterilidad o infertilidad, así como proteger la vida, la salud y la dignidad humana en la fertilización asistida y, en especial, en la formación, implante y destino final del embrión. Sanciona hasta con 14 años de prisión y 15 mil días de salario la comercialización de embriones; y hasta con ocho años de prisión a quien insemine a una mujer sin su consentimiento.Manuel Cavazos Lerma no tiene iniciativas individuales, pero sí acompañado.
Por ejemplo, participa como proponente en la referente a vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles a fin de procurar y salvaguardar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad promoviendo su inclusión.Por otra parte, propuso incluir la figura legal de Fiscal General de las Entidades Federativas, como parte de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia. Planteó aumentar las penas cuando el delito contra el consumo y riqueza nacionales lo cometan aquellos ex trabajadores que, habiendo prestado sus servicios en la industria eléctrica, realicen cualquier sustracción, alteren equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica, o suministren información de la operación de la misma que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.Por su parte, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tampoco tiene iniciativas individuales, pero muestra participación en grupo, con compañeros de bancada.En ese contexto, ha impulsado temas como: Establecer los procedimientos y autoridades competentes para garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación. Establecer que tratándose de delitos graves o de aquellos cometidos en flagrancia no se requerirá la declaración de procedencia de la Cámara Diputados, para actuar penalmente contra diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, Secretarios de Despacho, diputados de la Asamblea del DF, el Jefe de Gobierno del DF, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del DF. Así mismo, contra gobernadores, diputados locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia en las entidades.Empujó la iniciativa de integrar como nueva atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial dispone la ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de las evaluaciones en materia de control de confianza.
Además, que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica.Por otra parte, establecer disposiciones legales que desincentiven con mayor efectividad a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.En otro tema, que los militares con 0 a 19 años de servicio, tengan derecho a compensación. Propuso que las entidades federativas y los municipios den vista a las autoridades competentes para sancionar penalmente violaciones a la ley, planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales. En ese sentido, modificar el Código Penal Federal, para que se impongan sanciones de 2 a 7 años de prisión, multas de hasta 300 veces de salario mínimo general vigente y la destitución e inhabilitación de aquellos servidores públicos que teniendo la obligación de custodiar, vigilar, evitar o abatir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, o no aptas para la ocupación; permitan o toleren su existencia.En otro tema, establecer como certificados, a aquellos que sean emitidos por los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las instituciones de seguridad pública o privada, que sólo serán válidos si el centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas, se incluye como requisito el presentar la aprobación de los exámenes de evaluación y de control de confianza, avalados por un centro emisor acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal operativo.Por otro lado, que el Registro Agrario Nacional cuente con un Catastro Rural Nacional que podrá integrar la información catastral de estados y municipios.Ampliar y reconocer de manera clara los derechos de los repatriados.
Incluir el delito de falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.Propuso clasificar el delito de robo de cualquier tipo de vehículo, incluyendo motocicletas.Incrementar las penas por el delito de extorsión de cuatro a quince años de prisión y de cien a ochocientos días multa, y aumentar más las penas cuando el autor del delito sea miembro o ex miembro de corporaciones de seguridad privada. Planteó reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es para considerar al delito de extorsión como tipo penal de delincuencia organizada.Finalmente, propuso que los extranjeros que acrediten su salida en aduana, puedan obtener la devolución del IVA que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías
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