* Revelan irregularidades en el proceso de adiestramiento al que fueron sometidos en el estado de Durango.
Por María Contreras/NT /ANTAM.
Tampico, Tam.- Doce agentes de la Policía Ministerial, asignados al destacamento de la zona sur de Tamaulipas interpusieron un recurso de amparo ante el Juzgado Noveno y Décimo de Distrito, para protegerse, luego de que fueron suspendidos de sus funciones y temen que los den de baja, en un escenario que dicen, “está lleno de irregularidades”.
El abogado Juan Jorge Olvera Reyes, representante de los ministeriales reveló que todo se derivó de la suspensión de funciones que les notificaron hace algunas semanas, porque no aprobaron el adiestramiento al que fueron enviados al estado de Durango, del que dijeron está plagado de irregularidades para que los agentes no lo aprueben.
«Les notificaron que serían sometidos a un procedimiento de control y evaluación, para eso fueron enviados a un campo militar del estado de Durango, donde fueron tratados de manera irregular. No hubo un procedimiento adecuado en el Centro de Evaluación y a la postre algunos elementos resultaron lesionados y los regresaron, algunos por condición física y otros por forma inadecuada en cuanto a sobrepeso», expuso.
Refiere el abogado que después de que regresaron, su situación laboral está suspendida aunque al principio sí siguieron cobrando su sueldo.
Hasta la fecha, agregó Olvera Reyes, no les han dicho si están dados de baja o no, pero esta última quincena (30 de junio de 2014) ya no recibieron su quincena, con lo que se presupone que tal vez se les pretende dar de baja por no pasar ese procedimiento de control y confianza.
«Pero ese procedimiento no fue debidamente sustentado ni acorde a los parámetros de un elemento de la Policía Ministerial, por lo que se promovió un amparo ante un juez federal y resultó procedente conceder la suspensión provisional respecto a esa suspensión de sus funciones», añadió el informante.
Juan Jorge Olvera informó que en el Juzgado Noveno fueron interpuestos 6 amparos y otros tantos en el Juzgado Décimo, de los cuales seis ya resultaron procedentes y solo están en espera de que el Juzgado Noveno emita su resolución sobre los otros seis amparos.
«Esperemos que responda la PGJE respecto al acto reclamado y en base a lo que respondan se tiene derecho a aportar pruebas y el procedimiento de amparo y el juez federal determine si concede o no la protección del amparo», agregó el litigante.
Planteó Olvera Reyes que los doce elementos que acudieron a su despacho temen que mediante un procedimiento ilegal sean dados de baja y dejó en claro que no se niegan a presentar esos exámenes de control y confianza, sin embargo sí exigen que esas pruebas sean las adecuadas y basadas en la legalidad.
«Temen que esa baja, de acuerdo a los antecedentes que ya existen, no sea sustentada en un procedimiento administrativo debidamente fundado y del cual resulte una resolución en la cual se decide darlos de baja», enfatizó el entrevistado.
Cuestionado sobre las posibilidades que hay en ese caso de lograr un resultado favorable para los agentes ministeriales, Juan Jorge Olvera dijo: «Nosotros vemos este caso desde el tema de la legalidad, que ellos tengan derecho a una audiencia en cuanto a la forma en la que se les pretende suspender o dar de baja en sus funciones y el motivo principal que creo que puede argumentar la Procuraduría de Justicia es la no aprobación de ese procedimiento de control y confianza pero en su desarrollo pienso que no está bien sustentado y no son adecuados los procedimientos.
Reiteró que los agentes ministeriales están dispuestos a que se les evalúe pero acorde a un programa y acorde a las funciones que desempeñan.
RECIBIERON TRATO INHUMANO Y DEGRADANTE EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
Sobre el trato que recibieron los agentes ministeriales en el Centro de Adiestramiento ubicado en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, Juan Jorge Olvera reveló que recibieron mal trato físico y psicológico de parte de los elementos capacitadores.
Por principio de cuentas, dijo el abogado, quienes iban a estar a cargo del curso eran elementos federales, sin embargo al llegar al lugar estuvieron a cargo de militares.
«El trato en cuanto a cómo se desarrolló su estancia en el lugar y la forma en que algunos compañeros -aun sabiendo de su estado físico- fueron tratados y no permitieron ni siquiera el auxilio de los demás», destacó.
Dijo el abogado que incurrieron en una irregularidad pues no fue el trámite correcto a seguir por la PGJE, en base a los convenios que han suscrito.
Con los amparos, dijo el informante, lo que se pretende es que la procuraduría lleve a cabo otro procedimiento de evaluación acorde a las funciones que desempeñan los elementos, en este caso investigadores de la Policía Ministerial.
Por último y al ser cuestionado sobre si incurre el gobierno en una irregularidad al no pagarles su quincena, el abogado defensor dijo que el salario es un derecho constitucional, en el caso de la procuraduría, si no notificó la suspensión de su pago, debe resultarle a alguien responsabilidad por esa omisión, hasta en tanto no se le notifique su cese o baja.
Los elementos ministeriales que están buscando el amparo tienen 12, 14,15, 20 y hasta 25 años de antigüedad.
