MÉXICO, D.F. (apro).- El relator especial de Naciones Unidas (ONU), Christof Heynes, manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia en México, así como la persistencia de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas con impunidad.
Heynes dio una videoconferencia a periodistas mexicanos tras presentar su informe final sobre su visita a México, realizada entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 2013, documento que Proceso adelantó en su edición 1956 del 27 de abril anterior.
Al señalar que México “está siendo seriamente observado en todo el mundo” y que tiene niveles de violencia superiores a muchos países, Heynes acotó que “es muy pronto decir que haya declive de la violencia” en nuestro país, contrario a lo declarado recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto.
Por las cifras que recabó en su visita y el seguimiento que ha dado a lo ocurrido después de ella, Heynes consideró que si bien es cierto que en varios países del continente hay naciones con altos niveles de crímenes, en México “son los cárteles los que manejan muchas zonas, que son muy peligrosas y fuera de la norma , y aunque es difícil compararlo (a México) con otras sociedades, las cifras dicen que hay problema muy serio en los niveles de violencia en comparación con otros países que he visitado en los últimos cuatro años”.
El relator especial retomó las cifras que el gobierno de Peña Nieto le facilitó en su visita sobre los homicidios ocurridos durante el gobierno del panista Felipe Calderón: 102 mil 696 homicidios intencionales, casi 70% presuntamente relacionados con el tráfico de drogas.
Catedrático de derecho en las universidades de Washington y Oxford, Heynes lamentó la persistencia de la impunidad en delitos graves y en violaciones a derechos humanos cometidos en México, y fue reiterativo en su recomendación sobre la desmilitarización de la seguridad pública, estrategia tomada de forma particular en el sexenio anterior y continuada por Peña Nieto.
Si bien reconoció avances en el terreno legislativo, el experto de origen sudafricano insistió en “dejar el mensaje de que el Ejército debe alejarse de la persecución de los delitos, (México) debe alejarse del enfoque militar”.
“El sistema de justicia debe ser fortalecido, la policía debe ser capacitada y fortalecida, las oficinas forenses deben ser fortalecidas y la oficina del procurador tiene que ser independiente, cambiar el enfoque militar y dejar que las fuerzas policiacas civiles manejen los temas de seguridad pública, porque si no se va a entrar a un escalamiento de peligrosidad en el país”, recomendó.
Luego recordó que en cualquier parte del mundo el “paradigma de las fuerzas armadas es el mismo, su entrenamiento y los procedimientos son utilizar la fuerza máxima, ser más eficaces para eliminar al enemigo (…) el despliegue de la fuerza es demasiado y no está bajo el derecho internacional”.
El relator de ONU insistió en que México debe “empoderar el sistema civil para que pueda manejar y ser responsable de lo que está llevando a cabo el Ejército, y el Ejército pueda ser relevado de los temas interno del país”.
Sobre los crímenes cometidos contra periodistas, Heynes reconoció las modificaciones legislativas que permiten al gobierno federal atraer las investigaciones, así como la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, identificó fallas porque “este mecanismo reacciona lentamente, no tiene la capacidad de actuar con velocidad, es algo que se tiene que abordar más a fondo”.
“Necesitamos hablar de los problemas del narcotráfico y los homicidios que son de gran preocupación, pero en México los periodistas se ven obligados a autocensurarse, tienen que autoprotegerse, por lo tanto la sociedad no sabe los problemas reales”, sostuvo.
Ante el daño social que significan las agresiones a los comunicadores que son “blanco de homicidios”, Heynes recomendó “tipificar el crimen (hacia los informadores) y elevar las sanciones por el impacto que tienen en la sociedad”.
De acuerdo con el diagnóstico de Heynes presentado en su informe en México, subsiste la impunidad como un mal “sistémico y endémico” como origen de la violencia y de la violación al derecho a la vida; la manipulación de las pruebas y utilización de chivos expiatorios en casos de homicidio, que convierten a “la justicia en una farsa”, así como un discurso oficial distante de la realidad.
En el documento final, Heynes advirtió el cambio de discurso entre el gobierno de Calderón al Peña, y destacó que “el hecho que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia, podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos cometidos”.
En el reporte recuerda que antes de su visita en 2013 solicitó al Estado mexicano información sobre 31 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2012, de los que sólo recibió datos de 26, y que le resultaba preocupante que “en muchos de esos casos de homicidio al parecer no se hayan formulado cargos y/o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas, con la consiguiente impunidad aparente. El relator especial reitera la importancia de la diligencia debida e insta al gobierno a velar por que se enjuicie a los autores de esas muertes y se honren los derechos de las familias de las víctimas, entre otras cosas mediante el pago de una indemnización”.
Crítico de la militarización de la seguridad pública, en el informe el relator considera reveladores los datos duros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): de 52 recomendaciones emitidas entre 2006 y abril de 2013 relacionadas con violaciones del derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Esto “pone de manifestó los riesgos que conlleva la asignación de tareas de protección de la seguridad pública a cuerpos militares”.
Asimismo, el relator aprovecha para cuestionar la labor del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva, por no dar seguimiento al cumplimiento cabal de sus propias recomendaciones y garantizar el castigo a los responsables.
De las 52 recomendaciones mencionadas, 18 de ellas consideradas como acatadas, “ello no se tradujo necesariamente en el enjuiciamiento efectivo de los responsable de violaciones del derecho a la vida, como en el caso de los dos estudiantes muertos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (marzo de 2010)”.
Al respecto, Heyns alienta a la CNDH a cerciorarse “no sólo de que se abran investigaciones oficiales” derivadas de sus recomendaciones, “también que estas investigaciones se realicen con prontitud y a fondo, de modo que los responsable sean llevados ante la justicia. Todos los indicios dejan pensar que no ha ocurrido así”.
