MÉXICO, D.F. (apro).- Las cifras sobre desaparecidos que maneja el gobierno de Enrique Peña Nieto en nada corresponden con las que recibió en marzo último la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En el arranque del sexenio, el gobierno peñista admitió la existencia de 27 mil desaparecidos; sin embargo, el 22 de mayo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en el Senado únicamente 8 mil casos.
Y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la administración de Peña Nieto reconoció que de 2006 a 2013 se abrieron 291 expedientes por desaparición forzada, 99 radicados en el fuero federal y el resto en procuradurías de los 21 estados donde este delito está tipificado.
A las cifras manejadas por la actual administración federal, se agrega el desglose que dio el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en una reunión con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el 21 de mayo: De la lista que la administración de Peña Nieto recibió de Calderón, de 26 mil 121 víctimas de desaparición, 15 mil 541 “no eran víctimas, sino personas que se habían ido y luego regresaron, pero las autoridades no estaban al tanto”, sino hasta que funcionarios de las procuradurías locales se pusieron en contacto con las familias; hasta el 15 de mayo de este año se encontraron sin vida 789 personas y el número de personas no localizadas era hasta esa fecha de 13 mil 195.
Pero además existen cifras del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien el 20 de mayo dijo que tiene el registro de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables de 2005 a la fecha”.
Ninguna de esas cifras se consignan en el reporte que el gobierno de Peña Nieto entregó a la ONU.
El informe entregado al grupo de expertos que da seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por México en 2010 reconoce que por este delito de “carácter pluriofensivo” sólo hay seis sentencias condenatorias, ninguna de ellas referida a hechos ocurridos durante la “guerra contra el narcotráfico” ni mucho menos durante el actual sexenio.
El documento de 47 fojas, turnado por la Cancillería mexicana al Comité contra las Desapariciones Forzadas el 11 de marzo y difundido un mes después, será analizado en la Séptima Sesión de dicho comité en septiembre próximo. En marzo de 2015 el organismo de la ONU emitirá sus observaciones y recomendaciones a México.
Bajo el apartado 10, titulado “Datos estadísticos sobre denuncias y sentencias sobre desapariciones forzadas” la información que proporciona el gobierno federal se concentra en dos párrafos, 73 y 74: “En el ámbito federal, entre 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República inició un total de 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas” en tanto que “las procuradurías Generales de Justicia en las entidades iniciaron un total de 192 averiguaciones previas, en el mismo periodo”.
En un apartado más adelante el documento enuncia los estados que han tipificado el delito de desaparición forzada –concebida en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como aquellas que “sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”– en sus códigos penales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
En Guerrero y Chiapas hay leyes especiales.
Sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta y setenta, el informe se refiere a los 292 casos reconocidos en la recomendación 26/2001 de la CNDH, que dio pie a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 con Vicente Fox y desaparecida en la víspera de que Felipe Calderón tomara posesión en 2006.
No ofrece datos sobre cuántas averiguaciones dejó abierta la FEMOSPP sólo que ellas están a cargo de la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, y que los 292 casos de la recomendación, están siendo atendidos por el “Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la década de los sesenta y setenta”.
El informe cita seis sentencias por desaparición forzada en el ámbito federal, emitidas de 2005 a 2010. Todos se refieren a hechos atribuidos a agentes federales, cinco cometidos entre 2002 y 2005, y uno en 1977, que fue consignado por la extinta Femospp.
