Es cierto que la violencia que sufre Tamaulipas tiene su origen en las dinámicas y ajustes internos de los grupos criminales locales, pero evidentemente la reacción de las autoridades no ha sido suficiente para contenerla.
mayo 10, 2014Roberto Arnaud
Por: Roberto Arnaud (@RobitoRobotes)consultor en seguridad nacional, análisis estratégico y crimen organizado.
De súbito, la payasita Bely tiró el micrófono y bajó del escenario gritando “son balazos, son balazos”. Algunos padres de familia y niños corrieron para refugiarse detrás del templete, otros se echaron al piso. El caos se había desatado en la fiesta que el DIF de Reynosa organizó para celebrar a los niños. Funcionarios municipales —entre los que se encontraba el alcalde José Elías Leal y su esposa— intentaron tranquilizar a la multitud explicándoles que se trataba de una falsa alarma, que el estallido había sido provocado por un globo de helio. Veinte minutos después volvió la calma. Todavía quedaban por rifar cerca de 200 bicicletas y otro tanto de balones, aunque más de la mitad de los asistentes ya se había ido. El mismo día, pero en Tampico, fue interrumpida otra celebración del día del niño organizada por el DIF municipal. Ahíla amenaza era real, pues un taxi fue rafagueado a escasos metros del lugar.
Días antes en un periódico de Ciudad Victoria apareció un anuncio que invitaba “a todos los niños de Victoria a la gran fiesta infantil del día 30 de abril en punto de las cinco de la tarde en la Disco Victoria Music Hall” [sic]. Convocaba la Asociación de Jóvenes Victorenses, una fachada que utilizan Los Zetas para organizar conciertos, posadas y la tradicional fiesta del día del niño.
También en Ciudad Victoria el domingo por la tarde un pelotón de sicarios emboscó y ejecutó al director de inteligencia de la policía estatal. Horas después el ejército arrestó a diez elementos de la policía estatal por haber participado en la ejecución, algunos aún traían los sobres con el dinero que habían recibido por “poner” a su jefe.
Pero la violencia no está confinada en estas tres ciudades. En las últimas semanas en Altamira, Matamoros y Madero han ocurrido ejecuciones y balaceras prácticamente a diario, al grado que los tamaulipecos se han impuesto un toque de queda voluntario: las plazas comerciales, cines y demás espacios públicos quedan vacíos al oscurecer. En Tamaulipas el crimen organizado opera con una impunidad pasmosa. Para el resto, la cotidianidad transcurre bajo la sombra de la violencia.
Es cierto que la violencia que sufre Tamaulipas tiene su origen en las dinámicas y ajustes entre los grupos criminales locales, pero frente a la crisis la reacción de las autoridades ha sido titubeante, e incluso indolente. Mientras el gobernador sentencia que la violencia es porque “se está actuando”, el vocero estatal declara que en Tamaulipas “estamos en paz, en calma”. De parte del gobierno federal Miguel Angel Osorio Chong manifestó que el gobierno de Tamaulipas tenía todo el apoyo de la federación y que se estaba “reorientando la estrategia”—aunque no abundó en el sentido de esta reorientación más allá de la ya recurrente referencia a la coordinación. Y hasta ahora las acciones más concretas han sido el nombramiento de un coordinador especial para la región sur del estado y el envío de elementos de la Marina a seis municipios.
Es claro que el gobierno estatal está rebasado y una intervención federal es urgente, ¿pero qué aspectos deben ser tomados en cuenta para diseñar una estrategia para Tamaulipas? La referencia más próxima es lo hecho en Michoacán, aunque un buen punto de partida sería reconocer que replicar esa estrategia es inadecuado por las siguientes razones:
Primero, implementar una operación de la misma magnitud será difícil porque el número de elementos federales disponibles es insuficiente. Sólo hay que recordar que para reforzar Michoacán fueron retirados 800 elementos de la Policía Federal desplegados en seis entidades —entre las que se encontraba Tamaulipas—, y que recientemente fuerzas federales tomaron control de la seguridad en varios municipios del Estado de México.
Segundo, este tipo de intervenciones crea incentivos perversos en los gobiernos estatales para permanecer inmóviles en espera de un rescate federal. Respecto a estoes importante mencionar que si el gobierno federal continúa nombrando comisionados especiales podemos terminar el año con cuatro o cinco entidades regidas por un representante federal, no por funcionarios elegidos democráticamente.
Tercero, a grandes rasgos el conflicto que estalló en Michoacán es entre un cártel y un grupo de ciudadanos armados que cuentan con cierto grado de legitimidad. Esta configuración permitió al gobierno federal aliarse con uno de los actores para enfocarse en combatir al otro. En Tamaulipas los protagonistas de la violencia son varias facciones criminales, así que la posibilidad de aliarse a una es inaplicable.
Cuarto, la violencia en Tamaulipas —a diferencia de la que ocurre en Michoacán, que asemeja a una guerras de guerrillas en entornos rurales— tiene un perfil urbano, por lo que el despliegue táctico debe tomar en cuenta la alta densidad de civiles y las complejidades del terreno —en particular las referentes a las limitaciones en la visibilidad y la movilidad de los cuerpos de seguridad.
Quinto, en términos geopolíticos Tamaulipas es un estado particular porque además de estar ubicado en la frontera y en el Golfo de México, tiene un papel preponderante en el mercado de hidrocarburos. Este es un aspecto a considerar porque ante la eventual apertura del sector energético resultará de gran interés para el gobierno federal garantizar cierto grado de seguridad a los inversionistas. Con todo esto es previsible que Washington siga de cerca los resultados de la estrategia, y si estos no son satisfactorios, pudiera ejercer presión para reorientarla.
Los puntos anteriores no tienen como objetivo demostrar que la situación de Tamaulipas es más o menos compleja que la de otros estados, sino que las aproximaciones deben ser distintas para cada caso. La experiencia de Michoacán puede oscurecer o alumbrar el abismo en el que se encuentra Tamaulipas. Todo dependerá de que la estrategia de seguridad implementada en Michoacán sea vista como una excepción, no como el modelo a partir del cual se delinearán las interacciones del gobierno federal con las entidades en crisis.
