Las cifras gubernamentales no coinciden con las de Derechos Humanos
«Me siento demasiado triste. He pasado por muchos momentos de depresión absoluta sin poderme levantar siquiera. Como es una lucha en la que si no lo hago yo nadie la va a hacer, o muy pocos, pues no puedo dejarme caer, no puedo dejarme vencer”.
Así es como Leticia Hidalgo Rea trata de no desfallecer, ni enloquecer.
Ella coloca en el centro de su mente y de su vida a su hijo Roy Rivera Hidalgo, a quien busca desde hace más de tres años.
El 11 de enero de 2011, el joven de 18 años, en presencia de su madre y de su hermano, de 16, fue desaparecido por un comando armado que ingresó a su domicilio.
Sus plagiarios portaban uniformes de la policía de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, e ingresaron con violencia a la casa. Esa madrugada los encapuchados tomaron también los objetos de valor que encontraron. Al hijo mayor de Leticia, su “niño”, como le llama, se lo llevaron a la fuerza.
Para los demás, Roy es una estadística. Un desaparecido más.
Uno de esos 24 mil 800 a los que aludió el pasado 20 de mayo, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
O uno de esos “más de 13 mil”, a los que se refirió un día después Jesús Murillo Karam, en una reunión privada con familiares de las víctimas.
O un desaparecido más de esos 8 mil que mencionó el secretario de Miguel Osorio Chong, hace una semana, durante su comparecencia ante las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación.
Ahora dicen que son solo 8 mil.
Nadie supo bajo qué criterios o metodología se aterrizó la nueva cifra que avivó la polémica y causó indignación a las familias de los desaparecidos.
Porque a Leticia las cuentas no le salen. A la profesora que abandonó su labor profesional para dedicarse en cuerpo y alma a buscar a su hijo, estudiante de Filosofía de la UANL. La suma no le da.
En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, Leticia Hidalgo dice a Reporte Indigo que su familia se ha topado con todo en contra. Con la frustración, con la indiferencia.
Por eso la última noticia de que se han comenzado a “ajustar” las cifras de las víctimas de la violencia en México no la consuela.
Parece que se busca desaparecer a los desaparecidos.
Leticia asegura que las autoridades pretenden reducir esta tragedia que no han podido frenar y que no han tenido la voluntad requerida para resolverla.
Ayer se supo que la PGR y la Segob podrían ser requeridos por escrito para informar al Senado sobre los resultados que estas dependencias tiene en el tema de las desapariciones.
Juan López, asesor legal de Fundem, considera que es deseable la Cámara Alta pida “datos específicos sobre la metodología utilizada para reducir en mas de dos tercios el listado original de personas desaparecidas que la propia Segob dio a conocer en febrero de 2013”.
Amnistía Internacional pidió también que en días próximos se dé a conocer un documento oficial y público que indique claramente la metodología utilizada para llegar a la cifra de los 8 mil desaparecidos.
“El periodo que abarca y, en caso de haberlas, las lagunas de información que impidan conocer con mayor precisión la magnitud de este fenómeno”.
Un día después de la renuncia del subprocurador Ricardo García Cervantes, la PGR hizo públicas 28 recompensas para localizar a personas desaparecidas en el país. Un millón 500 mil pesos a quien pueda dar información nodal para dar con el paradero de cada una de las personas desaparecidas.
‘Es muy triste’
Yolanda Morán, madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, otro joven desaparecido, tiene su propia opinión sobre esas cifras.
“Es muy triste que de esa manera es como están dando a entender que ya los encontraron”, dice.
En su opinión, están “ajustando” la cifra a conveniencia sin tomar en cuenta que se habla de personas, “no de perros ni papeles”, cuya desaparición impacto la vida de cientos y cientos de familias.
Ella pide a las autoridades hagan trabajo de campo y que presenten cifras que coincidan.
Que digan exactamente quiénes, cuándo y dónde están las personas localizadas.
“Si efectivamente ya encontraron a esos 15 mil que están borrando, pues que nos digan cuáles porque de los nuestros –de Tamauipas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas…– quiero que me digan uno solo que ya lo hayan encontrado vivo o muerto”, exige.
Yolanda recuerda a su hijo Dan Jeremeel. Tenía 34 años cuando fue desaparecido de manera forzosa a fines de 2008.
Desde el 19 de diciembre de ese año su familia y sus cinco hijos, no lo volvieron a ver.
Dan nunca llegó a recoger a una de sus hijas en casa de una compañera ni tampoco a su madre, quien lo esperó en vano ese viernes negro en una estación de autobuses de la ciudad de Torreón, Coahuila.
La policía estatal informó a su familia que el teniente Ubaldo Gómez Fuentes fue detenido con el auto de Dan. Él luego delató a cuatro cómplices más, entre ellos otros dos militares.
Los tres militares detenidos fueron asesinados. Hoy solo queda vivo un involucrado que sigue prófugo y que constituye una de las únicas esperanzas para saber el paradero de Dan.
Yolanda cuenta que desde entonces “navega contra corriente” pues desde el sexenio anterior le advirtieron que estaba prohibido hablar del Ejército.
Los familiares urgen registro nacional
De acuerdo con la Ley General de Víctimas los encargados de establecer un Registro Nacional de Desaparecidos en México son los comisionados que integran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Uno de los responsables de coordinar esto es el comisionado Julio Hernández, quien informa el Registro ya pasó de la fase de planeación a la de implementació
