Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas México.- Un Estado unitario es aquel en donde existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo y ancho de todo el territorio de un país, cuyas decisiones políticas emanan desde el gobierno central, contando además con un poder legislativo, y un poder judicial.
Viene a cuento lo anterior por la consumación de la construcción parcial de México en un estado centralista derivado de las reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, educación y político-electoral.
Al efecto la federación ha ido ampliando paulatinamente sus atribuciones reformando la constitución, reduciendo aun más a las entidades federativas sus facultades y atribuciones, como es el caso entre otros con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).
Conviene señalar que es absurdo el argumento de que los gobernadores priistas tienen que “sacar las manos” de los procesos locales, el PAN y PRD, con su actitud, debilitaron la democracia de las entidades federativas, cual gamusinos de la política votaron la reforma energética condicionada a la aprobación previa de la reforma político electoral, despojando a los estados de las facultades electorales.
No cabe duda que como efectos del neo centralismo, el INE fue convertido en un monstruo burocrático que determinará quién desempeñara cada puesto de elección popular del país, desde la Alcaldía del municipio más pequeño hasta la Presidencia de la República, senadores, diputados federales, jefe de Gobierno del Distrito Federal y a todos los gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.
En otras palabras el objetivo es ir más allá de la jurisdicción federal para organizar la totalidad de los procesos electorales en el país, sean federales, estatales o locales, nombrando a los integrantes de los organismos electorales estatales, erigiéndose en los hechos en un Supremo Poder Electoral.
Así pues el nuevo Instituto Nacional Electoral quedó integrado por su Presidente Lorenzo Córdoba Vianello, así como los consejeros Adriana Margarita Favela, José Roberto Ruiz, Ciro Murayama, Marco Baños, Enrique Andrade, Alejandra Pamela San Martín, Benito Nacif, Beatriz Eugenia Galindo, Javier Santiago Castillo y Arturo Sánchez. Todos impulsados por los partidos políticos PRI, PAN Y PRD.
En ese contexto, el procedimiento para el nombramiento de los consejeros sin lugar a duda fue una decisión política, porque es facultad de la Cámara de Diputados, sin embargo esa circunstancia no debió constituir motivo ni pretexto para hacer nugatoria la ciudanizacion del INE.
En el mismo orden de ideas la mayoría de aspirantes a consejeros, incluidos los designados son lo mismos de siempre ex consejeros, ex magistrados, ex asesores y ex funcionarios electorales todos con ligas partidistas, quienes fueron seleccionados tuvieron ya su oportunidad para defender la autenticidad de las elecciones, fracasando evidentemente en su encomienda.
En ese tenor los nuevos consejeros electorales surgidos de las cuotas partidarias dejan en duda su independencia de los partidos políticos para asegurar que el INE cumpla con los principios y objetivos que tiene encomendados. Un examen de oposición para ocupar una consejería hubiera sido lo más justo e imparcial, al margen de los logros profesionales y de los méritos probados.
Por tanto al ser los consejeros impulsados por algún partido político, aquellos se conviertan en los hechos en sus alfiles o correas de transmisión que se habrían de concebir como sus fieles voceros en el mejor de los casos y en el peor personeros.
En definitiva el reemplazo del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional Electoral (INE) constituye un grave retroceso, un paso más hacia un estado centralista que debilitará la democracia en las entidades federativas, que no resta mas dar el beneficio de la duda para rescatar la credibilidad y reivindicar la confianza de la sociedad en el órgano electoral en sus decisiones políticas.
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