MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El escritor Juan Villoro emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a pronunciarse sobre el allanamiento del domicilio del director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez, si no quiere ser cómplice de las violaciones a la libertad de expresión.
Tras calificar la agresión como un agravio al gremio periodístico de México, Villoro advirtió: “El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene que ofrecer una respuesta a la comunidad de los periodistas y a la razón misma del Estado, si no lo hace se convierte en cómplice del ataque”.
Recientemente nombrado integrante de El Colegio Nacional, el autor de El testigo hizo un duro balance del ejercicio periodístico en el país durante la presentación del informe “Disentir en silencio: violencia contra la prensa y la criminalización de la protesta en México”, realizado por Artículo 19.
En el documento sobre la situación del periodismo en el primero año de gobierno de Peña Nieto, detallado por Darío Ramírez, se da cuenta de 330 agresiones contra la prensa en México, 60% de ellas atribuidas a autoridades en tanto que el Distrito Federal ingresó a la lista de las entidades con mayores abusos, cometidos en el contexto de la cobertura de movilizaciones sociales.
Al abrir la presentación, Juan Villoro sentenció que el gobierno mexicano “incurre en demagogia” e insistió en que el periodismo mexicano se desenvuelve en momentos en una clara “descomposición del tejido social donde el gobierno no puede preservar ni salvaguardar aquello que proclama que es el derecho a la información, eso es particularmente grave”.
El autor escritor se refirió a la paradoja surgida en el primer año de gobierno de Peña Nieto en el que pese al reconocimiento de la existencia de los graves problemas de violencia en México, contrario a lo ocurrido durante la administración de Felipe Calderón, no hay resultados concretos y peor aún el número de periodistas víctimas aumenta.
“Parecería que el mensaje del gobierno es ‘para qué gobierno si podemos declarar’, basta con señalar que se tiene el problema para que el problema se resuelva por sí mismo, basta con bajarle el volumen al problema de la violencia para que ésta ya no exista”, consideró.
La actuación del gobierno peñanietista, apuntó Villoro, parece responder a “una fórmula que durante 71 años perfeccionó el PRI que es el cinismo. No solamente no ignorar los problemas, sino reconocerlos pero no hacer nada al respecto”.
La evidencia clara de esa política, retomó Darío Ramírez, estriba en que pese a que se cuentan con instrumentos e instituciones creadas para defender y proteger a los periodistas, el número de agresiones ha crecido de forma alarmante.
Tras acusar la inoperancia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación; de la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de las República, así como de la visitaduría dedicada a la atención a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Darío Ramírez hizo un recuento de la violencia contra el gremio.
De acuerdo con el trabajo realizado por la organización, desde 2007, año en que se empezó a registrar el aumento de agresiones, cada 26 horas se comete algún tipo de abuso contra la prensa.
De 2012 a la fecha, la violencia contra el gremio creció 59%, en tanto que el 44% de las agresiones se dirigieron contra reporteros de prensa escrita; 41% hacia los de medios audiovisuales, y 9% a directivos de medios.
La entidad más peligrosa para la prensa es el Distrito Federal, seguido por Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Coahuila, Baja California y Guerrero. El DF, según los registros, tuvo 60 ataques contra los informadores, todos en el contexto de la cobertura de movilizaciones sociales.
Entre los datos del agravio destaca que el 20% de los comunicadores agredidos fueron mujeres, lo que equivale a 59 casos, mientras que de los registros 39 instalaciones de medios, es decir el 10% de las denuncias, fueron atacadas.
Darío Ramírez lamentó que hasta la fecha el 99% de los crímenes contra periodistas permanezcan impunes, en tanto que tras ocho años de operación de la fiscalía especializada, con un presupuesto anual de 30 millones de pesos, no ha consignado a responsables de los crímenes.
Al término de la presentación del informe, Ramírez presentó un documental de su campaña “La impunidad mata”.
