Actualmente, el secuestro afecta más a las clases medias que a la alta, reconoció Renato Sales, coordinador Nacional Antisecuestro.
Sobre el perfil de víctimas de secuestro, apuntó que se trata de personas de las clases medias bajas. En ese sentido, dijo que “se ha ampliado el margen de las personas víctimas de este delito”, lo que atribuyó a que los grupos de la delincuencia organizada “han migrado de actividades” y, por ejemplo, dejan de distribuir droga y mejor se dedican a extorsionar o secuestrar para obtener recursos.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, reconoció el incremento de este delito en el país, con más de 3 mil casos en los dos últimos años. Además, están los casos que no se denuncian a la autoridad, lo que llama “cifra negra”.
“Lo hemos dicho reiteradamente, existe una cifra negra importante, hay que disminuir esa cifra negra, significa visibilizar y atender a víctimas… estamos trabajando para que la gente se acerque a denunciar”, apuntó, vía telefónica.
Refirió que las entidades modelo, con las mejores unidades antisecuestro, son Puebla, Chihuahua y Nuevo León. “Eso no implica que no se esté trabajando en Guerrero”, agregó.
Sobre las denuncias más recientes, refirió que en febrero pasado fueron 171 en el país, las cuales dan “una idea general de lo que está aconteciendo”.
No obstante, señaló que como parte de los casos denunciados se encuentran engaños telefónicos, que se operan desde los penales, en los que a una persona le piden dinero por el supuesto secuestro de un familiar, del que ya obtuvieron datos.
Aceptó que “en espacios donde el control debe existir por naturaleza (la cárcel), son espacios descontrolados”.
“De los 171 denuncias de secuestro en febrero, más del 90 por ciento fue un secuestro extorsivo“, precisó.
Ante los engaños telefónicos, invitó a llamar al 088, donde se centraliza la atención de este tipo de ilícitos.
“Tenemos que generar espacios de confianza… elementos certificados… que sepamos que la sociedad cuenta con espacios en los que sepamos que se le va a atender”, comentó. Por ello se ha reunido con gobernadores para impulsar lo que él llama ”espacio victimal”, en la que se dé una atención oportuna a las víctimas directas o indirectas del secuestro.
“En el 088, canalizan a la víctima a un área y se le envía a una persona de atención directa”, apuntó. Lamentó que esta línea se use para hacer bromas y agregó que en ella también reportan engaños telefónicos, por lo que llamó a la sociedad a que primero intente ubicar a su familiar.
“Cuelgo después de la llamada (en la que anuncian un secuestro) y trato de ubicar a mi familiar, ver en donde estuvo y (si no lo encuentro) después denunciar… si vemos que es una lada extraña, no contestamos, el mecanismo elemental de prevención es ‘si no conoces no contestes‘”, consideró.
Aceptó en la extorsión los delincuentes dan datos sobre la familia, los cuales alarman.
“Cuando el secuestro es real, hablar al 088, se activa mecanisma de arropamiento victimal, de protección a la víctima indirecta y directa”, refirió.
Sales sostuvo que la única manera de terminar con este delito es construir confianza entre la sociedad y la autoridad.
“Acudir a la autoridad, la única manera de terminar con este delito… hay un protocolo de atención a víctimas pero cada caso es particular”, mencionó.
“Para prevenir hay que ser cada vez más atentos a nuestro entorno -aseguró el comisionado- tienen que abrir los ojos, ver quién los rodea, quién los acompaña, quién está trabajando con ellos… cuidarse, sin caer en la paranoia”.
Ayer, Renato Sales hizo un balance de las acciones de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que él encabeza.
De enero a marzo de este año, 147 presuntos secuestradores han sido detenidos y se ha desarticulado a 21 organizaciones criminales dedicadas a ese ilícito, informó el coordinador.
Detalló que en el primer mes del año se detuvo a 17 presuntos delincuentes, en febrero a 80 y en marzo a 50; y en lo que va del año las fuerzas federales han logrado liberar a 15 personas.
El funcionario aseguró que en los últimos meses aumentaron las denuncias por este ilícito, lo cual, dijo, es resultado de la confianza de la ciudadanía en las autoridades, y que 10 entidades del país concentran el 74 por ciento de la incidencia de secuestros.
En la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia expuso que los estados que presentan más secuestros son Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.
Ayer también reconoció que los delincuentes han mutado en sus actividades criminales, pues debido al desmembramiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, y quienes antes se dedicaban al narcomenudeo ahora se ocupan de privar de la libertad a personas a cambio de cantidades bajas de dinero.
Sostuvo que se trabaja en el desmantelamiento de grupos delictivos para que disminuyan los secuestros de manera eficiente, y aseguró que ya se ven resultados.
El Poder Judicial es una pieza central en la estrategia antisecuestro, pues “de nada o de muy poco sirve que se investigue correctamente, si no se procesa correctamente”, recalcó.
Asimismo, enfatizó que se necesita el “compromiso explícito” de los gobernadores de los estados que concentran la mayor incidencia para modernizar sus unidades especializadas de combate al secuestro y equiparlas con los instrumentos indispensables para combatir el delito.
Afirmó que los mandatarios estatales se han comprometido a plazos específicos para cumplir con estos objetivos y utilizar de manera eficiente el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Destacó que Chihuahua ha demostrado tener el modelo más adecuado para la reclusión de secuestradores, pues su Penal Número Uno concentra a 572 sentenciados, con un modelo ideal en el que los plagiarios no tienen contacto con otros reos, y que en condiciones similares operan los penales de Nuevo León y Puebla.
Del 28 de enero a la fecha, se han efectuado reuniones de coordinación, vinculación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones para prevenir, sancionar y abatir el secuestro, con 15 entidades del país.
En dichos encuentros participaron gobernadores, procuradores, fiscales, los responsables de las unidades antisecuestro y representantes de la sociedad civil.
