POSDATA
GASTON ESPINOSA GLZ.
UNA DESCOBIJADA A LOS MUNICIPIOS
Severa descobijada les ha dado la Auditoría Superior de la Federación a 14 municipios del estado que no ejercieron recursos superiores a los 60 millones de pesos del programa de Infraestructura Social.
Las auditorias fueron realizadas durante el 2008, 2009, 2010 y 2011 dieron a conocer que los municipios como Tampico, Aldama, González, Mante, Victoria, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Xicoténcatl, Tula, Miquihuana, Bustamante e Hidalgo, no aplicaron el recurso federal destinado a combatir la pobreza extrema.
Los ayuntamientos además de no aplicar el recurso traspasaron los recursos a otras cuentas y ejecutaron acciones y obras que no fueron de beneficio colectivo porque no combatieron la pobreza ni el rezago social, lo que en pocas palabras significa que despilfarraron el dinero.
Al auditarse la cuenta pública del 2008 se encontró irregularidades en los municipios de Tampico, Mante, Tula, Victoria, González e Hidalgo.
Con Héctor Lòpez González como alcalde Mante recibió 34.3 millones de pesos los cuales terminó de ejercer hasta marzo del 2009. La Auditoria Superior de la Federación le exigió la devolución de 5.8 millones de pesos por ejecutarlos en obras que no beneficiaban en nada a la población màs vulnerable.
En la cuenta del 2009 se hallaron anomalías en Mante, Matamoros, Reynosa y San Fernando. En el trienio de Héctor Lòpez González nuestra ciudad recibió 36.1 millones de pesos y se le ordenó reintegrar 1.7 millones de pesos ya que no aplicaron obras de beneficio social y utilizaron ese dinero en el programa escuelas de calidad lo que nada tiene que ver con la infraestructura social, además de pagar trabajos no realizados.
Sólo para agregado, Héctor Lòpez fue señalado de haber heredado como alcalde una deuda superior a los 40 millones de pesos.
En la del 2010 Aldama, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y Xicoténcatl, fueron objeto de señalamientos, pero el municipio de Reynosa se fue en grande ya que recibió 52.4 millones y solo ejerció el 98.5 por ciento, por lo que reintegró recursos por 11.8 millones de pesos tras darse a conocer irregularidades en cinco obras que no beneficiaron a la población en pobreza extrema y utilizaron recursos en obras de urbanización cuando enfrenta problemas en electrificación. Se les halló pagos por trabajos no realizados, pagos en exceso en gastos directos así como errores y omisiones de información financiera.
En 2011 los municipios fiscalizados y que arrojaron severas anomalías fueron: Bustamante, Miquihuana, Tula, Tampico y Nuevo Laredo. Curiosamente Miquihuana y Tula fueron las más reprendidas pues transfirieron recursos del Fismun a otras cuentas bancarias del municipio y pagaron obras no ejecutadas además de gastar recursos del programa en obras que no tiene relación alguna con el combate a la pobreza.
Todo este desorden ha provocado el retraso en la programación de obras, en tanto la Auditoría Superior llame a cuentas a los responsables algunos de los cuales se pasean muy orondos en puestos públicos.
LA SALUD DE PEÑA NIETO
Hoy se determinará si la información de la salud del Presidente de la República es un asunto del conocimiento público o si en su defecto se viola el derecho a la privacidad.
Un tribunal colegiado en la ciudad de México dará a conocer el resultado del amparo que interpuso la Organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, tras la negativa de de la Presidencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y un Juez los cuales se negaron a hacer público el estado de salud del Presidente de México bajo el argumento de que se vulnera el derecho a la privacidad, aunque el juez se contradijo al detallar que la salud del Presidente es de interés público.
Es casi seguro que el tribunal colegial niegue el derecho a revelar el estado de salud del mandatario por lo que se espera que el asunto sea enviado a la Suprema Corte de Justicia de Nación.
