El Senado de la República concluye el año con reformas de gran calado en los ámbitos energético, político-electoral, hacendario, financiero, educativo y de telecomunicaciones, acciones que marcarían un nuevo paradigma en el sistema político y económico nacional.
Las reformas, aprobadas en su mayoría por consenso, también fueron ocasión para debates intensos y en ocasiones ríspidos como en el caso de la Reforma Energética, avalada entre protestas de organizaciones de izquierda y con la oposición del PRD y del PT.
Esa reforma, aprobada el 10 de diciembre en el Senado de la República, modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para permitir los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y otros hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación.
La enmienda, que se aprobó con 95 votos a favor y 28 en contra, establece en el Artículo 27 que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y «no se otorgarán concesiones».
Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, agrega, «ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria».
Añade que los hidrocarburos en el subsuelo serán propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Además, el régimen transitorio especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para «regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia».
En el Artículo 28, la reforma dispone que «no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva» en las áreas estratégicas de «exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos», así como en «la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad».
La Reforma Política-Electoral, aprobada el 13 de diciembre, modifica diversos artículos de la Constitución en materia política-electoral, a fin de modernizar al Estado mexicano y fortalecer la democracia.
La enmienda, que se envió a los congresos estatales para su ratificación, propone la transformación del IFE al Instituto Nacional Electoral (INE), el aumento a tres por ciento del umbral para mantener el registro de partidos políticos y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir las respectivas leyes generales.
En el rubro político, fija la posibilidad del Presidente de la República para establecer un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso y la reelección de legisladores y de ayuntamientos.
También, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Ministerio Público de la Federación; en este sentido, prevé que la PGR se transforme en la Fiscalía General de la República.
Asimismo, se aprobaron reformas para el combate a la anticorrupción, donde se incluyen cambios a los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución para reforzar el combate contra la corrupción en el servicio público de los tres órdenes de gobierno.
Esta propuesta recibió el respaldo de 111 senadores, dos votos en contra y dos abstenciones y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Los cambios sugieren la creación de un órgano autónomo para prevenir, investigar y sancionar las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada o que resulte beneficiada por los mismos.
El 4 de septiembre pasado, todos los grupos parlamentarios aprobaron además la Ley General del Servicio Profesional Docente y con su expedición autoridades educativas y los organismos descentralizados evaluarán el desempeño magisterial y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión en los centros escolares.
En el periodo extraordinario -del 21 al 23 de agosto-, la Cámara de Senadores impulsó los cambios a la Ley General de Educación, que establecen las directrices para que el Estado imparta una formación de «calidad» conforme a lo estipulado en la reforma educativa y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
La reforma financiera, también avalada y turnada a San Lázaro, modifica 34 ordenamientos jurídicos y expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Estas modificaciones, aprobadas el 26 de noviembre, fortalecerán a la Banca de Desarrollo, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, así como el otorgamiento y ejecución de garantías.
Con ellas, se crea el Buró de Entidades Financieras, que contendrá datos relativos a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas, las reclamaciones de que han sido objeto y demás información relevante para informar a los usuarios acerca de su desempeño en la prestación de servicios.
La reforma en materia de transparencia, determina la creación de un órgano autónomo encaminado a garantizar el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales en manos de particulares y la transparencia.
La reforma faculta al órgano garante para hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, la cual «sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional».
Los senadores dejaron en claro que las resoluciones del órgano garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Respecto al Paquete Económico 2014, el pleno senatorial avaló la Ley de Ingresos de la Federación, por un monto de cuatro billones 467 mil 225.8 millones de pesos.
También, la reforma hacendaria que considera modificaciones las leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta y abroga la del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la de los Depósitos en Efectivo.
Además, realizó cambios a la minuta enviada por la colegisladora para reformar el Código Fiscal de la Federación y simplificar el pago de impuestos, captar a nuevos contribuyentes y asegurar la plena integración de éstos al ciclo tributario.
