Cuestión Pública
Por: luis lauro carrillo Soto
Tamaulipas México.- En el presidencialismo bicamaral, la legitimidad democrática no es suficiente para producir un gobierno reformista, porque enfrenta contrapesos reales con capacidad de veto, como el Congreso que actúa cada vez con mayor autonomía en pos de sus propios intereses y la Suprema corte de Justicia que resuelve controversias entre los poderes y revisa la constitucionalidad de las leyes.
Viene a cuento lo anterior por los cambios constitucionales concretados en la aprobación de las reformas: educativa, fiscal, política en proceso, energética, telecomunicaciones y anticorrupción en proceso, que fueron posibles gracias al Pacto por México celebrado entre el presidente Enrique Peña y las cúpulas del PRI, PAN y PRD, permitiendo neutralizar los puntos de veto del Congreso.
Cabe decir que los puntos de veto son los espacios institucionales por los cuales debe pasar una iniciativa de reforma para concretarse, ya sean reformas constitucionales, legales o presupuestales. En esos espacios hay actores con poder de veto para bloquear la aprobación de cualquier cambio al statu quo.
Por tanto gústenos o no, habría que reconocer que en un año Peña Nieto en una modernización conservadora de corte neoliberal ha generado más cambios estructurales que los panistas en dos sexenios, mismas que de alguna manera representen una sacudida al entramado institucional.
En términos políticos Peña Nieto hizo lo más difícil, conseguir del congreso la aprobación de las reformas por mayoría constitucional, en su mayor parte dichos cambios están por aterrizar con más precisión en las leyes secundarias que es donde se definen realmente sus alcances, mismas que están bajo su control pues para su aprobación solo requieren de la mayoría simple.
Aquí surge la pregunta obligada ¿Por qué no se le reconoce a Peña Nieto esa proeza política consistente en la aprobación de las reformas estructurales? Simple porque en 2013 quedaron pendientes dos asignaturas fundamentales, la seguridad y la economía. Y si vemos lo sucedido durante el presente año, el país no ha crecido y la gente no vive más segura.
Y porque además, los beneficios de las reformas de fondo se darán gradualmente, en el mediano plazo, por lo que es difícil que esas mayorías valoren de inmediato los logros políticos de EPN.
De ahí que Peña Nieto no va bien en las encuestas de popularidad, tal vez porque las reformas no han cambiado en nada la forma de vida de la gran mayoría de los mexicanos, porque el problema de seguridad esté muy lejos de resolverse, así como el bajo o nulo crecimiento de la economía
Así pues lo que pretendía ser un brillante primer año de gobierno peñanietista en el poder, se convirtió en una decepción con el comportamiento de la economía de crecimiento cero, contra casi 4% anual en los dos últimos ejercicios de Felipe Calderón y peor aun el estado desastroso de la inseguridad pública.
Cabe observar que para el mexicano de a pie, la recesión económica tiene mucho más impacto que enterarse por los medios de comunicación masiva que algunos obstáculos estructurales tabú, se han destrabado en el Congreso gracias a la aprobación de las reformas consensadas en el pacto.
El problema de la inseguridad y la violencia delincuencial es tan grave o más que el económico. El número de muertos y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada es similar o mayor que durante el calderonismo. El Estado sigue perdiendo el control de regiones enteras frente a los carteles, al grado de que los grupos de autodefensas se están generalizando en esas zonas.
En definitiva el Pacto por México como mecanismo político permitió que la democracia mexicana pasara de la ineficiencia a las realizaciones, al aprobar el conjunto de reformas económicas y políticas, superando los puntos de veto del congreso, permitiendo al presidente Peña Nieto y su equipo astucia política, capacidad de negociación, y una actitud madura de los partidos políticos.
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