México, (Notimex).- Las reformas energética y educativa constituyen los cambios legales más importantes en la historia del país, pese a que existan voces que aseguren que son privatizadoras, el cual es un concepto equivocado, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Al atestiguar la firma de la Declaratoria Ciudadana y Firma del Convenio entre organizaciones sociales y la Setec, dijo que en el mismo nivel de importancia se encuentra la labor que se realizará para difundir información sobre el nuevo sistema de justicia penal, que deberá entrar en vigor en todo el país en 2016.
En el salón Juárez de la dependencia federal, Osorio Chong señaló que aún hay voces que aseguran de manera equivocada que estas reformas son privatizadoras, que se cobrarán los libros de texto y cuotas a los padres de familia, lo que genera incertidumbre y falta de claridad.
Sobre la reforma energética, criticó a quienes llaman al «encono y al enfrentamiento» y viven «anclados en el pasado», al asegurar que se venderá el país a empresas transnacionales, cuando «nunca abandonaremos lo que nos pertenece», que es la rectoría del Estado sobre el petróleo y los recursos naturales.
Ante representantes de 12 organizaciones civiles, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) subrayó que «el gobierno no puede solo», y necesita la participación de la sociedad para ser evaluado y entregar resultados a toda la población, al tiempo que reconoció que aunque se cerró bien el año, fue complejo y difícil.
Asimismo, reiteró que «no hay día que perder ni trabajo que postergar» para avanzar en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es de acelerar los trabajos, trabajar en equipo y sumar esfuerzos con la ciudadanía para alcanzar esta meta.
Sostuvo que sólo de esta manera se alcanzará un cambio institucional, junto con la entrada en vigor de las nuevas leyes de víctimas, en materia de derechos humanos, la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
De igual manera, recalcó que para 2014 se duplicaron los recursos para la implementación del nuevo sistema, que alcanzaron 976 millones de pesos, además del fideicomiso que autorizó el Congreso por cerca de cinco mil millones de pesos, por lo que «quitamos un pretexto más» a las entidades que aseguran que no avanzan por no tener recursos.
A su vez, la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Angeles Fromow destacó la firma del convenio y la declaratoria emitida por las organizaciones de la sociedad civil, que generarán 12 líneas de acción para la atención de la inseguridad.
Consideró que la reforma aprobada en 2008 es el cambio más importante en los 100 años de historia jurídica del país, con el cual se traza la ruta de justicia alternativa que ponga en igualdad de circunstancias a las víctimas e imputados.
El presidente de México SOS, Alejandro Martí avaló la reforma penal, pues dijo que «es el camino idóneo para combatir la impunidad» y, además, desde hace varios años la sociedad organizada luchó por una reforma que beneficiara a todos los ciudadanos.
A su vez, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, opinó que las reformas al sistema de justicia penal es un hecho histórico para todos los mexicanos y en especial para quienes han sido víctimas de la delincuencia y la inseguridad.
Subrayó que el sistema penal acusatorio va más allá de la oralidad y la controversia, pues da importancia al debido proceso tanto de los imputados como las víctimas, a diferencia del sistema actual que «es tortuoso y lento», además prevé una policía preparada, científica y apegada a los derechos humanos.
Al respecto, Laura Elena Herrejón, presidenta del Movimiento Pro Vecino, detalló que la declaratoria emitida por las organizaciones prevé apoyar la pronta y debida implementación del sistema penal acusatorio, realizar actividades para contribuir al cambio cultural y sensibilización de las autoridades encargadas de la justicia.
Asimismo, coadyuvar en aspectos de capacitación, realizar estudios de campo o análisis empíricos, así como de percepción social de la seguridad, y establecer un canal de comunicación ciudadana.
