Las acusaciones que presentaron fiscales estadunidenses contra ex el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, las cuales lo vinculan con el crimen organizado «son rotundamente falsas», por lo que el gobierno de Estados Unidos deberá probarlo.
Joel Androphy, abogado que encabeza la defensa de Yarrington en territorio norteamericano, aseguró que «no hay ningún soporte contra estos cargos y ninguna evidencia creíble para sostenerlos».
En conferencia de prensa dijo que no entiende porque Estados Unidos pidió al ex gobernador abandonar esa nación el 21 de febrero de 2012, ya que le revocó la visa, y después comenzó a perseguirlo, al señalarlo como responsable de diversos delitos.
Y subrayó: «Él (Yarrington) no es un fugitivo, Estados Unidos le pidió que saliera».
Mencionó que detrás de las nuevas acusaciones que se formularon en una Corte de Distrito de Texas, hay testigos que buscan beneficiarse y han negociado para liberarse de cargos, acusando al ex gobernador.
Indicó que hasta el momento la Corte de Distrito no los ha conminado a presentar a Yarrington, a quien «no se le ha dado oportunidad de presentar evidencia; no ha tenido la oportunidad de defenderse».
«Los Estados Unidos acusan a la gente todo el tiempo…yo no puedo hablar por sus motivaciones (de EU), pero éstas acusaciones están sustentadas con declaraciones falsas», apuntó.
Por su parte, el abogado Marco Tulio Ruiz, quien representa legalmente al ex gobernador en México, comentó que el próximo 30 de diciembre un juez federal resolverá si echa abajo o no la orden de aprehensión que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR) contra su cliente en agosto de 2012, por presuntos delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Asimismo, dijo que ese mismo juez ordenó levantar el aseguramiento de una de las propiedades del ex gobernador en Tamaulipas, pero la PGR impugnó la resolución.
Hace unos días, Estados Unidos hizo pública las acusaciones que se presentaron en Texas contra Tomás Yarrington, a quien señalaron de recibir sobornos del crimen organizado, particularmente del cártel del Golfo, además de lavar dinero del narcotráfico y fomentar el tráfico de drogas, delitos que supuestamente cometió desde 1998 a 2009.
