El presidente de la Comisión Estatal Electoral, Luis Daniel López Ruiz, contesta a las acusaciones en su contra y refuta a los comisionados ciudadanos.
Asegura que la revisión practicada al organismo electoral, que dio pie a una investigación interna, fue aprobada desde un principio por los mismos funcionarios que ahora la critican.
Dice que Manuel Gerardo Ayala Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón, quienes han calificado como una “farsa” el análisis, desde el inicio estuvieron de acuerdo en que el proceso sólo abarcara la revisión a los gastos, pero no desfalcos y operaciones ilegales.
El presidente de la Comisión presenta ante las cámaras de Reporte Indigo el acta de la sesión en la que él y el resto de los comisionados aprobaron la propuesta del despacho externo Pricewaterhouse Coopers, que se encargó de revisar las erogaciones realizadas por la CEE.
López Ruiz menciona que los alcances del reporte siempre contaron con el visto bueno de estos funcionarios quienes, asegura, sólo asistieron a una de las juntas para analizar los resultados que se hicieron en junio pasado.
“Aquí están las firmas de todos los comisionados, donde recibimos esta información”, dice mientras muestra el documento ante las cámaras.
“Se han dado ciertas incongruencias, dado que hoy parece que no se reconoce un trabajo que nosotros hicimos, nosotros propusimos, nosotros venimos dándole seguimiento muchos meses”.
El acta administrativa, fechada el 11 de diciembre de 2012, también incluye las rúbricas de los comisionados ciudadanos Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Mauricio Farías Villarreal, Víctor Eduardo Salgado Carmona y Claudia Patricia Varela Martínez, y del coordinador técnico electoral, Héctor García Marroquín.
La decisión se tomó luego de que también analizaron las propuestas económicas de otros dos despachos contables: Baker Till México y Ernst & Young Macera, que presentaron precios superiores a los de la firma estadounidense.
“Una vez analizadas cada una de las propuestas técnicas y económicas de los participantes, consideran realizar la contratación directa del despacho Pricewaterhouse Coopers, toda vez que el mismo cumple con los requerimientos solicitados por este órgano electoral”, se lee en el documento.
“Para llevar a cabo la revisión de los gastos aplicados en la Comisión Estatal Electoral durante el periodo enero de 2011 a julio de 2012; por lo que los comisionados ciudadanos instruyen al Comité de Adquisiciones para que realice la contratación de dicha empresa auditora”.
El presidente de la CEE relata que en las reuniones donde se discutieron los resultados, realizadas en junio de este año, los comisionados que critican la revisión sólo asistieron al primer reporte de gastos.
“El comisionado Manuel Gerardo Ayala y el comisionado Gilberto de Hoyos se retiraron a medio informe. Gilberto señaló tener compromisos personales que atender; Manuel no nos señaló por qué se retiraba.
“A la primer reunión nos acompañaron, a las subsecuentes decidieron no participar. Entonces, ¿cómo hacer un verdadero análisis, cómo hacer un verdadero contraste, cómo poder tomar definiciones, si no se participa?”.
La semana pasada, la CEE publicó en su portal de Internet la revisión completa, en donde el despacho externo precisa que no constituye una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad.
Esto ocasionó la crítica de los comisionados ciudadanos, pero López Ruiz precisa que siempre estuvieron conscientes de eso.
“No es una auditoría conforme a las normas internacionales, ellos hacen esa precisión, el trabajo es una amplia revisión de procesos de gestión, de documentos.
“La revisión fue amplia, abundante, exhaustiva, al grado de que en sus observaciones se hacen detalles precisos y se identifican cuestiones muy puntuales, que no tendrían lugar o no habrían resultado en una revisión superficial”.
A diferencia de una auditoría que toma una muestra y la dictamina, esta revisión incluyó todos los gastos del organismo, como los 5 mil 545 cheques emitidos en el periodo analizado.
En el informe final no se incluyeron los estados financieros porque no estaban en el proyecto aprobado, ya que eso le corresponde analizar a los despachos externos autorizados por la Auditoría Superior del Estado, asegura el titular.
El presidente de la CEE anuncia que la publicación de la información no exime de posibles responsabilidades a funcionarios y que, al contrario, abrió un proceso de investigación interna.
En esta indagatoria, según él, se requerirá la comparecencia de servidores públicos para deslindar o fincar sanciones, ya sean administrativas o penales.
“Nosotros hemos encontrado en el análisis de esta información errores y omisiones, así lo ponemos en el informe con el que abrimos la auditoría”, explica.
“El hecho de haber abierto la información de ninguna manera cierra, termina o limpia cualquier proceso de responsabilidades”.
El Tribunal Estatal Electoral revocó la semana pasada el acuerdo que daba facultades para investigar a la Coordinación Técnica de la CEE y resolvió otorgar la función de “juez” a la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral, presidida por Ayala Garza.
“Eso evidencia que el proceso de investigación y de deslinde de responsabilidades está abierto”, señala en ese sentido López Ruiz.
Justifica ‘engorda’ de CEE
Para subsanar las observaciones planteadas por el despacho contable, la Comisión tomó la decisión de “engordar” su aparato burocrático y crear más procesos administrativos, pero el titular del organismo justifica esta decisión.
Reporte Indigo publicó que entre estas decisiones están la de añadir tres plazas nuevas de analistas que dependerán de la Dirección de Administración de la CEE, encabezada por Marcela Niño de Rivera Dávila, cuestionada por diversas contrataciones.
López Ruiz, sin embargo, asegura que la propuesta planteada por esa área aún está en análisis por la Coordinación Técnica del organismo, encabezada por Héctor García Marroquín.
“Si lo que es mejor para la Comisión es contratar más gente y aumentar procesos, pues adelante, si los recursos nos lo dan”.
Explica que se planteó crear esas nuevas plazas porque Pricewaterhouse Coopers propuso disgregar funciones en las jefaturas de Operaciones y Contabilidad.
“Todo está hecho buscando la mayor transparencia, la mejor, correcta administración. Ahora, a lo mejor en la búsqueda de esa perfección, pues atrasamos o hacemos más lento el proceso.
“¿Conviene para este caso ampliar la nómina y ampliar los procesos, buscando la perfección? Sí, adelante, se justifica”, expresa López Ruiz.
