Menor es secuestrada y violada en Guanajuato, pero una MP rechaza el caso “por no oponer resistencia”

Ana Karen, una joven de 17 años, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, fue víctima de una violación multitudinaria el pasado 21 de octubre, pero como no opuso resistencia, la encargada de la Unidad de Investigación de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González, desestimó sus acusaciones. “Me quisieron decir como que yo no puse resistencia, que no contaba como violación”, dijo la jovencita a la prensa, luego de conocer la determinación del Ministerio Público.

El caso de la joven, trabajadora de una fábrica de calzado, se suma al de María de la Luz Salcedo Palacios, Lucero, quien fue brutalmente golpeada por un conocido al negarse a sostener relaciones sexuales. En el caso de Lucero, denunciaron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ONGs, al menos cuatro dependencias del gobierno estatal –la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas–, violaron algunos apartados de la Ley que en teoría tendría que haberle garantizado tener acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

Las autoridades también tienen pendiente de resolver el caso de Laura, una mujer asesinada por su esposo –a quien denunció tres veces ante el Ministerio Público por violencia intrafamiliar– y cuya hija ahora está perdida. Además, el de una joven estudiante de Economía, en la Universidad de Guanajuato, de que después de desaparecer durante cuatro días apareció muerta, pero las autoridades dictaminaron, sin dar información, que fue un “suicidio”.

La integrante de las comisiones Ordinaria de Igualdad de Género y de la Especial de Feminicidios en la Cámara de Diputados, la panista Flor Pedraza Aguilera, declaró que la situación de la violencia contra las mujeres en Guanajuato “es muy lamentable”, mientras que la legisladora Malú Micher responsabilizó desde la tribuna de San Lázaro al Gobernador Miguel Márquez Márquez por la negligencia y la misoginia mostrada por las autoridades judiciales al atender casos de mujeres violentadas.

Guanajuato es una de las entidades más denunciada por organizaciones civiles a causa la alta incidencia de violencia contra las mujeres. En los últimos meses, las agresiones se han multiplicado al mismo ritmo en el que han crecido las denuncias de omisión, indolencia e intolerancia de las autoridades. Es el caso de Ana Karen.

“DEL MIEDO DEJÉ QUE ME HICIERAN LO QUE QUISIERAN”

Ana Karen relató a Zona Franca que el sábado pasado salió de su casa para asistir a una fiesta de 15 años en “El Monte”, un antro ubicado en la localidad de San Luis de la Paz. Unas horas más tarde se dirigió, en compañía de una amiga, a un segundo centro nocturno, “Mr. Cactus”, en el que, a pesar de ser menor de edad, le permitieron consumir bebidas alcohólicas. Mareada, abandonó el lugar en un auto junto con su amiga y otros dos hombres que desconocía. Luego, uno de ellos, quien respondía al nombre de Armando, la hizo bajar del vehículo y entrar a una casa.

El hombre la condujo al segundo piso del inmueble. Luego llegó otro individuo que, de acuerdo con Karen, respondía al nombre de Carlos. Karen relata que, a pesar de su oposición, en ese momento comenzaron a abusar sexualmente de ella: “Yo estaba manoteando, en todo momento manoteaba y me dijeron que no les pegara, que no los empujara, porque ellos también me podían golpear”, relató.

Unas horas más tarde, la joven fue trasladada por Carlos y Armando a una segunda casa, en donde continuaron los abusos. “Me dijeron que ya no hiciera nada, que no me defendiera. Después de que me agarraron bien feo y me agarraron del pelo, yo la verdad ya no hice nada. Ya del miedo dejé que me hicieran lo que quisieran”, afirmó la joven. A la mañana siguiente Karen fue conducida por sus victimarios a la central camionera de San Luis de la Paz.

El lunes pasado, Ana Karen se presentó a trabajar. Al sentir molestias físicas acudió con la enfermera de la fábrica en la que trabaja, quien la envió a la clínica local del IMSS. Una vez ahí, la joven informó a cerca de la violación que había sufrido por lo que la trabajadora social la llevó a la agencia del Ministerio Público para que interpusiera una denuncia. En la agencia del Ministerio Público y en compañía de su madre, Ana Karen rindió su declaración y se levantó formalmente la denuncia con número 22194/2013. No obstante, de acuerdo con la joven, la encargada de la Unidad de Investigación de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González, desestimó sus acusaciones.

“Me quisieron decir como que yo no puse resistencia, que no contaba como violación”, apunta la mujer ludovicense. De acuerdo con la madre de Ana Karen, en estos momentos existe ya una carpeta de averiguación abierta y aunque dijeron que el caso iba a ser investigado también le informaron que existía la posibilidad de que no ocurriera nada, debido a que su hija se había ido “por su propia voluntad”. Sin embargo, Ana Karen sostiene que ella no consintió los hechos ocurridos la madrugada del domingo 20 de octubre: “Traigo moretones, eso quiere decir que usaron la violencia conmigo”.

La joven ludovicense recibió tratamiento médico para evitar que contrajera una enfermedad de transmisión sexual, no obstante aún no se le ha brindado apoyo psicológico. Y aunque Ana Karen afirma que su denuncia fue motivada porque no quiere que nadie más vuelva a pasar una experiencia como la suya, también está temerosa de que sus abusadores vuelvan a buscarla para abusar de ella nuevamente. Situación que, luego de casi una semana, no ha sido atendida por las autoridades.

“Éste ha sido el año más violento contra las mujeres. Todavía no termina y la cifra de feminicidios ya superó la de años anteriores”, afirmó la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz. De acuerdo con la ONG, en 2006 se cometieron en Guanajuato 33 feminicidios; en 2007 se registró la misma cifra; en 2008 sumaron 43; en 2009, 30; en 2010, 40; en 2011, 31, y en 2012 se reportaron 57 casos.

Además de los casos de Lucero y Ana Karina han salido a la luz una serie de feminicidios en los que las autoridades locales se han mantenido omisas a pesar de pronunciamientos de organismos federales como el Instituto Nacional de las Mujeres y protectores de las garantías individuales, como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El domingo 5 de octubre, en las inmediaciones de la comunidad Presitas de la Joya, municipio de León, se encontró el cuerpo semienterrado de una mujer, con llantas y autopartes encima.

El cadáver tenía heridas de arma de fuego, así como lesiones en cara y brazos. Otro de los casos que ha salido a la luz pública es el feminicidio de Laura Patricia, quien luego de un tormentoso matrimonio de un año, perdió la vida a manos de su esposo a pesar de que acudió en tres ocasiones al Ministerio Público para denunciar que sufría violencia intrafamiliar.

A lo largo del mes de julio, con golpes en el rostro y cuerpo, Laura acudió a la justicia acompañada de su madre buscando una solución. Como respuesta fue vinculada a la Agencia Conciliadora No 5, donde recibió en tres ocasiones un citatorio, el cual le pidieron entregara a su esposo llamado Miguel Ángel Castro Rocha, para que acudieran a la delegación e intentaran arreglar la situación con el diálogo.

La madre de Laura, Jeraldina Aguilar, contó la trágica historia y denunció que en dos de las tres ocasiones cuando su hija le entregó el citatorio, Miguel Ángel los rompió arremetiendo con más violencia, generando un sentimiento de desesperación. Su hija se sentía desamparada, dijo.

No fue hasta la primera semana de septiembre cuando Jeraldina Aguilar, dejó de recibir noticias de su hija. Angustiada por no tener contacto, acudió al Ministerio Público para interponer una nueva denuncia, argumentado que su hija sufría violencia intrafamiliar y quizá estaba privada de la libertad. Como respuesta, la autoridad le dijo que Laura era mayor de edad y si tenía problemas tendría que poner ella misma la querella.

Sin embargo y a pesar de que la autoridad procuradora fue alertada, Laura, luego de permanecer cuatro días incomunicada, murió asfixiada a manos de su marido en su casa en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz, dejando a un niño de 12 años y otra pequeña de apenas 40 días de nacida en la orfandad, misma ahora se encuentra desaparecida.