ITINERARIO POLÍTICO/ RICARDO ALEMÁN
EL UNIVERSAL
Para nadie es un secreto que la justicia mexicana tiene precio. Tampoco es nuevo que esa misma justicia tiene muchos rostros y que se ejerce de maneras distintas.
Por ejemplo, en el México del nuevo siglo —de 2013 y del regreso del PRI al poder presidencial—, la justicia más efectiva es la callejera; la que se ejerce por propia mano. Por eso hoy puede más una marcha, un plantón o un bloqueo que los mejores abogados del mundo; que los más caros o los más influyentes.
Por ejemplo, no pocos líderes de la CNTE de todo el país han cometido algunos de los delitos más graves y son intocables. Tienen la justicia de su lado y si bien no la tienen comprada sí la tienen sometida. ¿Y por qué?
Porque todo lo resuelven con la presión de una marcha, un plantón o una movilización callejera. La capacidad de presión social de la CNTE puede más que la Constitución, más que un agente del Ministerio Público, puede más que miles de policías y que los jueces del más alto rango. Y ay de aquel que se le ponga a la CNTE porque será víctima de vandalismo. Eso lo atestiguaron periodistas chiapanecos.
Por ejemplo, con la cantaleta de que no son delito aquellas acciones que sirven para defender sus derechos, los señores normalistas de todo el país, los mafiosos de la CNTE y todo grupo social que así lo decida, puede robar autobuses, cerrar carreteras, dañar propiedad privada, bloquear las principales vialidades del Distrito Federal, cancelar libertades fundamentales de miles y hasta secuestrar personas y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada?
Porque también han secuestrado la justicia. Y son impunes los «normalistas», los «maestros», cañeros, microbuseros y todo aquel que se ostente como «luchador social» o defensor de una «causa justa». Tiene derecho a causar todo el daño posible a los ciudadanos sin que existan la justicia y los gobiernos federal, estatales y municipales.
Por ejemplo, la justicia callejera favoreció a mil 400 sindicalizados del SME, quienes luego de cuatro años de marchas, plantones y vandalismo doblaron a todas las autoridades y consiguieron lo impensable: una pensión vitalicia de 15 mil pesos mensuales, por cabeza, de dinero público. Justicia callejera.
Por todos los ejemplos anteriores, y por muchos más que todos conocen, las demandas de justicia, en cualquiera de sus formas, ya no sólo se llevan a tribunales e impartidores de justicia. Lo más efectivo es dañar a la sociedad con marchas, bloqueos y plantones que, al final de cuentas, siempre doblan a los gobiernos.
Y esa también es la conclusión a la que llegaron sobrevivientes y familiares de la Cooperativa de Obreros y Ejidatarios del Ingenio del Mante, liquidada por el gobierno federal en 1991, quienes luego de más de 20 años de lucha legal consiguieron un amparo contra la liquidación del ingenio. Sin embargo, cuando ya festejaban la victoria de la justicia, se toparon con un muro infranqueable.
Resuelta que en el último tramo del juicio —en el que están en juego 25 mil millones de pesos—, el Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) del gobierno federal contrató a uno de los más eficientes abogados mexicanos. Y la contratación fue efectiva. En pocos meses, el nuevo abogado echó abajo más de 20 años de litigio. ¿Y quién es esa maravilla de abogado?
Se llama Juan Pablo Silva García, tiene la cédula profesional 2320522 y el SAE le encomendó el litigio del Ingenio del Mante en junio de 2012. Y en poco más de un año tiró un amparo que tardó 20 años en conseguirse. ¿Pero qué creen? Que el abogado Juan Pablo Silva García es hijo del ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y eso qué, si todos saben que la Suprema Corte rechina de limpia y de transparente?
Por eso las preguntas. ¿Cómo influye la justicia del padre en la justicia del hijo? ¿Realmente no existe tráfico de influencias en el caso del Ingenio del Mante? Lo cierto es que la Corte está en deuda, luego de escándalos como el de Florence Cassez y del exministro Góngora Pimentel. ¿Quieren otro escándalo? Al tiempo.
EN EL CAMINO
Cuando matan a un niño de 15 años para robarle el celular y los zapatos la indignación no debe cebarse sólo contra el criminal. No, cuando se produce esa barbarie extrema la vergüenza es de todos. Y es que el Estado y todos tenemos parte de la culpa; culpables sus gobiernos, gobernantes, partidos, instituciones y una sociedad que no ha sabido exigir que se cumplan los mínimos de seguridad… Por si había dudas, ayer en su comparecencia ante senadores, Francisco Rojas, director de la CFE, defendió como pocos las reformas de Peña Nieto. Así o más claro.
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