IFAI ordena a PGR revelar beneficios económicos y legales que dio Calderón a los testigos protegidos
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y dar a conocer los apoyos económicos y los beneficios legales otorgados a testigos protegidos en 2008 y 2010, desglosados por caso.
Además de esta información, mediante dos solicitudes de acceso, una particular requirió conocer el número de personas integradas al programa de testigos protegidos en esos años, desglosado por mes, cuántas de ellas fueron incorporadas a la nómina de la PGR, especificando cargo, salario y periodo. Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la PGR señaló que sólo cuenta con información estadística anual y, en ese sentido, informó que en 2010, 15 personas se incorporaron como testigos protegidos, y en 2007, 12.
El sujeto obligado, igualmente precisó que los testigos protegidos no son incorporados a la institución como servidores públicos y que el apoyo económico brindado no puede considerarse como un salario. Inconforme porque la dependencia proporcionó información de 2007 y no de 2008 como lo había solicitado, y además no le informó sobre el pago y los beneficios legales otorgados a cada testigo protegido para los años requeridos, la solicitante presentó dos recursos de revisión ante el IFAI, los cuales fueron turnados a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard.
En alegatos, la PGR modificó su respuesta y precisó que en 2008 se incorporaron como testigos protegidos 23 personas; no obstante, reiteró la inexistencia de los salarios y los beneficios legales otorgados a quienes se integraron en ese año y en 2010. En el análisis del caso, la comisionada ponente advirtió que si bien en alegatos proporcionó la información para el año que la particular requería, esto es, 2008, lo cierto es que existe una inconsistencia en el número de testigos protegidos reportado por la PGR para ese año.
Señaló que en respuesta a una solicitud presentada con anterioridad, la dependencia informó que eran 57 y no 23, como lo hace ahora, por lo que propuso modificar su respuesta e instruirle a indicar al recurrente la cifra correcta.
Por lo que hace al pago que recibieron esos testigos para 2008 y 2010, la comisionada determinó que la PGR no interpretó de forma adecuada la solicitud del particular, ya que si bien estas personas no reciben un salario, sí se les otorgan apoyos como asistencia económica, médica, educacional, laboral y de habitación.
Aunado a ello, la comisionada consideró que la PGR incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.
