Empresarios de 8 países y el CCE de México advierten del “impacto negativo” de la Reforma Hacendaria

Empresarios de España, Suiza y Francia, agremiados a la Cámara de Comercio Internacional (ICC), pidieron hoy, en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda, analizar “a conciencia” la iniciativa de Reforma Hacendaria que se discute en el Congreso mexicano. Alertaron que podría disminuir los flujos de capital del extranjero hacia México, dañar la generación de empleo, afectar el clima de negocios y enviar “fuertes señales negativas”.

En total, son 8 los países que protestan, todos ellos potencias económicas agrupados en este sindicato empresarial. Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su consternación por el aumento de impuestos “de última hora”.

Antes, el pasado 11 de octubre, las representaciones de ICC de Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Italia y Reino Unido, así como el organismo denominado Businesseurope, pidieron que el incremento de los ingresos tributarios en México para ampliar el desarrollo social se dé en línea con la promoción del crecimiento y la competitividad de la economía en los mercados mundiales. El ICC representa a más de 6.5 millones de empresas a nivel internacional a través de sus comités en más de 130 países.

En una misiva enviada por España, Suiza y Francia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicitan analizar “concienzudamente” los pros y los contras y que se tome en consideración la interconexión de la economía mexicana con la mundial.

En el documento, el secretario general de ICC en España, Jordi Sellarés Serra, afirma que “muchas empresas españolas pueden verse atrapadas por una suma de normas jurídicas que producirían un resultado injusto” o desincentivarían la entrada de nuevos recursos españoles al país. Menciona como ejemplo la no deducibilidad de los impuestos pagados en el extranjero si éstos no alcanzan un 75 por ciento de los que se pagarían en México.

A su vez, el secretario general del ICC en Francia, Francois Georges, manifiesta en la misiva la preocupación de los empresarios de su país “por los posibles impactos (de la reforma) en detrimento del clima de negocios en México”.

La razón, explica, es que la propuesta “de reforma fiscal” envía “fuertes” señales negativas hacia otros países respecto a la política tributaria y en los negocios y las inversiones, además de que será contraproducente para la economía mexicana y la creación de empleos.

Plantea la intención de su país de establecer un diálogo constructivo para encontrar soluciones y conocer las necesidades tanto del gobierno mexicano, como de la comunidad francesa que opera en el país. En tanto, la representación de Suiza del organismo, firmada por su secretario general, Thomas Pletscher, sugiere unir esfuerzos para encontrar soluciones que mantengan a México con un atractivo clima para la inversión “para el beneficio del propio país y de las economías del mundo”.

RECHAZAN IMPUESTOS DE ÚLTIMA HORA

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, expresó el rechazo del sector privado del país a lo que llamó “impuestos de última hora” en el marco de la discusión de la Reforma Hacendaria.

Al final de su participación en la celebración del 50 aniversario del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dijo que consideran que “los impuestos de última hora son inadmisibles y el sector privado mexicano los rechaza contundentemente”. :a Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia fiscal de la reforma hacendaria en el que se crea un impuesto especial de cinco por ciento a alimentos chatarra y habría una progresividad en la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas.

Asimismo, ratificó que se mantiene la propuesta para homologar la tasa del IVA en las zonas fronterizas del 11 al 16 por ciento y mantiene la cuota adicional de un peso por litro en bebidas saborizadas con azúcares añadidas. También, dijo, se mantuvo la tasa general de 16 por ciento a la venta de mascotas y productos procesados para su alimentación, aunque con una redacción diferente, así como a chicles o goma de mascar. Dijo que estos impuestos no tienen ningún sustento, por lo que la iniciativa privada los rechaza contundentemente.

En relación al aniversario del CEESP, el líder de los empresarios en el país reiteró el apoyo al organismo, sobre todo, dijo, hoy que México está inmerso en un transcendente proceso reformador. Sin duda, señaló, es una de las instituciones de análisis que más ha impulsado las reformas estructurales para dejar atrás un largo periodo de crecimiento inercial.

La misión es la misma que tuvo en su nacimiento en 1963, la investigación económica objetiva e independiente para la acertada toma decisiones del sector empresarial, sostuvo. En adelante hay grandes retos por lo que llamó a sumar esfuerzos y generar sinergias para el desarrollo con el propósito de crear millones de empleos. Por su parte, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, ConMéxico expresó también su oposición a impuestos especiales a alimentos y bebidas no alcohólicas como medida de salud pública.

En un comunicado, precisó que la propuesta de gravar con un impuesto especial a bebidas saborizadas con azúcares añadidos de un peso por litro y a aquéllos alimentos con una densidad calórica de 275 kilocalorías por cada 100 gramos o mayor carece de todo sustento técnico y jurídico.

Consideró que se trata de iniciativas que afectan sensiblemente el bolsillo de todos los mexicanos, en especial de las clases menos favorecidas. Ejemplificó que en el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las categorías de productos a gravar representan el 25 por ciento del Catálogo de Productos para la Alimentación y Nutrición del Programa de Abasto Rural de Diconsa.

ConMéxico destacó que la alimentaria, se trata de una de las industrias más dinámicas e innovadoras del país y del mundo con una producción de 124 mil millones de dólares, equivalente al 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total. Además, señaló que esta industria ha hecho de México el noveno productor de alimentos industrializados del mundo.

El organismo detalló que el uso de impuestos especiales como medidas de salud pública carece de sustento técnico, jurídico y económico, “porque no cumplen con el objetivo para el que se diseñan, ya que proliferan los productos sustitutos y es difícil predecir cómo los consumidores reaccionarán al cambio de precio derivado de un impuesto”.

En su opinión algunos consumidores dejarían de adquirir otros productos para seguir con los que sean tasados; otros buscarían artículos sustitutos y otros más cambiarían la mezcla de productos que suelen consumir en maneras difíciles de identificar.

Añadió que dichos gravámenes impactarán a un conjunto de categorías de productos, cuya causalidad en el sobrepeso y la obesidad no está científicamente fundamentada, además de que cumplen con la normatividad sanitaria y están sujetos a la regulación oficial.

SE UNEN MINEROS

La Alianza Minera Nacional advirtió que la aprobación del impuesto a la producción de carbón y a la emisión de dióxido de carbono pondría en riesgo de desaparecer 400 mil empleos directos e indirectos de los 720 mil existentes en la industria siderúrgica. Dirigentes seccionales del Sindicato Minero que se entrevistaron con legisladores federales para exponer los riesgos inherentes a la aprobación de un gravamen de esa naturaleza, pidieron al Congreso de la Unión no aprobar esa parte de la iniciativa de la reforma fiscal.

Explicaron que en dos reuniones diputados y senadores del Partido Revolucionarios Institucional (PRI) señalaron que no habrá marcha atrás en la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. Las empresas mineras y acereras empezarán a despedir personal en cuanto el fisco haga efectivo el cobro de dicho gravamen, subrayaron.

Héctor Villarreal Galaviz, Olivero López Ramos, Héctor Alarcón Lejía y Sergio Medina Ibarra, entre otros, representantes de 10 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, informaron que no llegaron a un acuerdo satisfactorio con los legisladores del PRI.

Los dirigentes de las secciones 27, 71, 147, 205, 239, 259, 265, 288, 293 y 303 del Sindicato Minero, que agrupa a 16 mil trabajadores, indicaron que los trabajadores serán los primeros en resentir los efectos negativos del impuesto mencionado, que encarecerá los costos de producción de las empresas.

De acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, con la creación del nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios de Carbón, el fisco cobrará 70.68 pesos por tonelada de carbón producida, además de 178.33 pesos por cada tonelada de emisión de dióxido de carbono. Los dirigentes sindicales mencionaron que las compañías siderúrgicas serían las principales afectadas por esa iniciativa, ya que emplean dicho mineral, como materia prima básica en la producción de acero.

Consideraron que ese gravamen es una medida totalmente injusta e inequitativa, pues el cobro del impuesto perjudicaría, en especial, a la economía de Chihuahua, ya que en esta entidad se localiza el 95 por ciento del carbón del país. Además, 500 mil personas dependen para su sustento de la extracción del mineral.