Josué ESCAMILLA
martes 15 de octubre de 2013
Además de solicitar el establecimiento de contralorías ciudadanas que fiscalicen el buen funcionamiento de los gobiernos municipales, el Consejo Coordinador Ciudadano exige a los 43 alcaldes tamaulipecos “transparentar y rendir buenas cuentas, precisamente para que no suceda lo de Matamoros y Nuevo Laredo, por poner solo dos ejemplos”, señaló Jorge Manautou Saucedo.
“Quisiéramos que las investigaciones que ahí se tejen lleguen hasta las últimas consecuencias, no podemos seguir manejándonos en la impunidad, buscaremos el acercamiento con los alcaldes y diputados y queremos que cambien esa forma de trabajar de ellos que son muy distantes a la ciudadanía”.
El vicepresidente del Consejo Coordinador Ciudadano, dijo que buscarán, como representantes de la sociedad civil, acercamientos con los alcaldes y los diputados locales para que cambien esa forma de trabajar de ellos, que están muy distantes a la ciudadanía, además en el caso de los gobierno municipales “muy pocos tienen sus portales de internet al día, sin que esto signifique también que sean los más transparentes.”
Expuso que precisamente esta es una de las propuestas que se gestan al interior del organismo ciudadano, buscar contralorías estatales y municipales con independencia del Ejecutivo, y el establecimiento de un zar anticorrupción.
De esta forma dijo, se podrían estructurar acciones de gobierno y se daría mayor transparencia a la rendición de cuentas en aras de mejorar el manejo de los recursos públicos.
Manautou Saucedo expuso que esta propuesta está ligada a la promesa del Presidente Enrique Peña, de privilegiar la ley anticorrupción.
“Esta ley anticorrupción debe ser incluyente de la Comisión Nacional Anticorrupción, que esta cuente con amplio poder jurídico que respalde su autonomía y la capacidad de procesar los delitos en materia de soborno y deshonestidad; ya sea en funcionarios como en particulares”, expuso.
En este sentido, dijo que previo a la aprobación de las distintas reformas que se debaten en el país, resulta prioritaria precisamente la aprobación de la Ley anticorrupción, pues es un tema en donde no se ha podido transitar y existen muy diversas resistencias.
“Esta Ley es una promesa del Ejecutivo de la Unión y un compromiso signado en el pacto por México, una promesa que de prosperar generaría montos de inversión importantes y un incremento considerable en la generación de empleos del país”.
