Televisa, Azteca y Milenio TV se niegan a pasar anuncios pagados que exhiben a las refresqueras, acusan ONGs

Televisa, TV Azteca y Milenio TV se han negado, por más de un mes, a transmitir un anuncio sobre los riesgos del refresco y los beneficios que puede traer para la población un impuesto a estas bebidas y el destino de los recaudado a la introducción de bebederos de agua en todas las escuelas y espacios públicos, acusaron hoy organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Mientras, señalaron, trasmiten una publicidad intensa de refrescos y bebidas azucaradas que dañan la salud y los buenos hábitos de alimentación, de acuerdo con las organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria, como es el caso de El poder del Consumidor. Por medio de un comunicado de prensa, dijeron que desde el 21 de agosto las organizaciones sociales contactaron a Televisa para solicitar la transmisión del anuncio “Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas”, a través de una solicitud de inversión. Sin embargo, después de 40 días, la televisora no ha atendido la solicitud. En la misma fecha se hizo esa solicitud a TV Azteca.

La respuesta de la televisora del Ajusco se dio hasta que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la propuesta de impuesto al refresco el 8 de septiembre. La denuncia indica que el 17 de septiembre se realizó una reunión con la dirección comercial de TV Azteca y se llegó a un acuerdo de tarifa. A pesar de ello, el 24 de septiembre se envió la pauta y al día siguiente la televisora informó a las organizaciones que no tenían disponibilidad en ningún horario. En el caso de Milenio Tv, las organizaciones dijeron que formularon la misma solicitud el 2 de septiembre. Un día después, la televisora solicitó datos de contratación, envió tarifas y propuesta de inversión. Ese misma noche informó que no había disponibilidad en los horarios solicitados.

Las organizaciones civiles dijeron que solicitaron una reprogramación en otros horarios, pero no hubo respuesta de Milenio. Explicaron que anteriormente, en 2012 la empresa Vendor-CBS negó espacios en espectaculares para la campaña “Fue la obesidad, después la diabetes”, argumentando que no quería afectar los intereses de la industria refresquera, después de que los espacios ya habían sido seleccionados y habían entregado presupuesto. Las organizaciones ya les siguen un proceso legal. Denunciaron también que el mismo argumentó utilizó la empresa IMO para negar espacios en parabuses para la campaña “12 cucharadas de azúcar” en mayo pasado después de la selección de espacios, la entrega de presupuesto y la impresión de los anuncios.

“El anuncio ‘Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas’ fue producido con el fin de informar sobre los daños que produce el alto consumo de refrescos en la salud de los mexicanos y de apoyar la iniciativa de un impuesto a estas bebidas para que se dirijan los recursos recaudados a la introducción de bebederos de agua en las escuelas y espacios públicos.

La propuesta de un impuesto a los refrescos ha sido recomendada para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes al gobierno mexicano por la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por el Relator por el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas y por el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras instancias”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria. Se precisó que el comercial “Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas” contiene datos duros sobre el contexto de la obesidad en nuestro país y sobre la efectividad de las políticas públicas impositivas.

Este tipo de medidas resultan ser bastante exitosas, el ejemplo más claro son los impuestos al tabaco. La organizaciones demandantes indicaron que el impuesto al refresco como una política recomendable y recomendada por organismos internacionales y nacionales y su relación con el derecho a la salud no está en duda. Por lo anterior, la difusión de esta información forma parte del derecho a la salud de las personas. Por ello denuncia que la obstrucción a la información presente en el anuncio “Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas” no sólo viola el derecho a la información de las personas sino también su derecho a la salud y a la libre expresión.

Al respecto, el abogado Javier Zúñiga explicó: “Primero, debemos recordar que los particulares pueden violar derechos fundamentales a partir de que las reformas a la ley de amparo establecen que pueden ser autoridades responsables. Es decir, si se tienen actos unilaterales como lo ocurrido entre las televisoras y el anuncio ‘Impuesto a los refrescos para bebederos en las escuelas’. Este tipo de decisiones unilaterales propician la información asimétrica.

La mayor parte de la población influida por el duopolio televisivo que tiene una penetración mayor al 90% de los hogares sólo recibe información proveniente de la agresiva campaña de la industria refresquera contra esta política pública y contra la evidencia científica, sin tener acceso a la información proveniente desde el interés público. Las televisoras actúan sólo en beneficio de las refresqueras y en contra del interés público”. Zuñiga acuso que “el hecho de que la información no llegue a la población viola sus derechos como consumidores. Las personas tienen el derecho de conocer los riesgos y daños que implica el consumo de refresco y la epidemia que actualmente vive nuestro país”. Asimismo dijo que “, este vacío informativo también podría considerarse como un atentado al derecho a la salud.

El derecho a la salud, según la Suprema Corte de Justicia de Nación, ha sido definido como ‘el más alto nivel posible de salud física y mental, y la adopción de cualquier medida que pueda asegurar la plena efectividad de este derecho’. La información es una de las herramientas más importantes para hacer frente a cualquier epidemia, sobre todo, si es prevenible”. A su vez, Alejandro Calvillo señaló que “el derecho a la información está íntimamente ligado con el derecho a la libertad de expresión.

Frente a un fuerte debate público en torno al impacto del refresco en la salud y las políticas públicas que deben implementarse para enfrentarlo, es necesario que la mayor cantidad de información sobre los daños de los refrescos a la salud pública y las políticas públicas para prevenirlo se encuentre disponible para iniciar el debate. En una democracia, como a la que aspiramos, para opinar hay que estar informados y para estar informados hay que permitir el flujo de la información”.