Peña Nieto no debió prometer seguridad en el corto plazo; será más complejo y tardado, dice nuevo análisis

Un nuevo análisis internacional sobre las estrategias de seguridad en México establece que el proyecto de Enrique Peña Nieto para frenar la inseguridad en el país tiene tres “limitaciones” que ponen en riesgo su efectividad en el corto plazo. La primera es que, como con Felipe Calderón, persigue a los consumidores y no distingue prioridades entre los grupos criminales; la segunda es la gran cantidad de fuerzas de seguridad involucradas y la falta de coordinación que supone entre ellas.

Una tercera es prometer resultados de corto plazo, cuando el combate a la criminalidad es mucho más complejo. El informe titulado “Disuasión enfocada, objetivos selectivos, narcotráfico y crimen organizado: Conceptos y aspectos prácticos” (Focused deterrence, selective targeting, drug trafficking and organized crime: Concepts and practicalities), escrito por Vanda-Felbab- Brown, fue publicado por el International Drug Policy Consortium. La autora es miembro del Instituto Brookings y veterana en temas de seguridad; ha comparecido ante el Congreso estadounidense y realizó trabajos de campo durante el sexenio anterior en México. La estrategia de seguridad de Peña Nieto ha sido ampliamente criticada por distintos sectores, que encuentran similitudes entre su proyecto y el de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que dejó más de 70 mil muertos y 25 mil desaparecidos, según datos oficiales. Según datos del semanario Zeta, Enrique Peña Nieto llegó a su Primer Informe de Gobierno (el pasado 1 de septiembre) con al menos 13 mil 775 ejecuciones. Sin embargo, el actual gobierno de México ha reconocido sólo 7 mil 128 “homicidios dolosos relacionados con delitos federales” entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013.

LAS “LIMITACIONES”, UNA POR UNA La coordinación policiaca de largo plazo no se contempla en el plan de EPN.

El estudio del International Drug Policy Consortium sostiene, primero, que el gobierno no debe tratar a todos los grupos y actividades criminales de la misma forma, sino que más bien debe dar prioridad a los cárteles más peligrosos o a los crímenes que más afectan a la sociedad. “Los elementos de este enfoque parecieron estar ausentes durante los primeros años del gobierno de Felipe Calderón (2006 – 2012), en donde el gobierno puso mucho énfasis en una ofensiva frontal e hizo uso de la retórica prometiendo no dar ‘(…) ni un paso atrás (…)’ en la lucha contra los grupos criminales”, anota. Compara que la estrategia de Felipe Calderón incluyó un marcado aumento en los arrestos relacionadas con el consumo de drogas, lo que provocó que las cárceles de México rebasaran su capacidad y llevó a muchos a comparar su enfoque con el estadounidense. Pero, a diferencia de Estados Unidos, el cual comenzó a ver una reducción constante de los crímenes violentos a partir de los años noventa, el mandato de Calderón también coincidió con un fuerte aumento de las tasas de homicidio, extorsión y secuestro, entre otros crímenes.

“Los elementos del enfoque de disuasión han hecho su camino de manera continua para ser parte de la estrategia del gobierno mexicano, primero bajo el mandato de Calderón (el cual tuvo como prioridad, primero, a Los Zetas y, más adelante en los últimos años de su presidencia, a la Familia Michoacana) y ahora bajo el de Enrique Peña Nieto (quien ha declarado a los actores violentos en general como su principal objetivo). Por desgracia esto no se traduce en ganancias importantes en materia de seguridad para México”, anota. Un análisis de Insigth Crime, una organización estadounidense especializada en temas de seguridad, compara, por su parte, que la táctica de disuasión implementada por el gobierno mexicano, se ha implementado con éxito en diferentes lugares de Estados Unidos, como Boston y ha ayudado a que los grupos criminales realicen operaciones menos violentas, sin embargo, en México no ha funcionado por la corrupción que impera en los cuerpos de seguridad.

“Si los agentes estatales a cargo de combatir la delincuencia están, en cambio, favoreciéndola, la lógica de la disuasión se desmorona por completo. La corrupción, por supuesto, sigue siendo un problema grave en México, tanto a nivel de las tropas y soldados encargados de llevar a cabo la estrategia, como a nivel de sus superiores encargados de diseñarla. Si la corrupción es más un problema endémico que una molestia menor, cualquier política de seguridad, sin importar lo bien diseñada que esté, va a tener problemas”, establece InsightCrime.

Por otro lado, las operaciones del crimen en México son diferentes, ya que “hay un gran número de actores sumamente violentos y de gran alcance, por lo que es mucho más difícil distinguir a los grupos a los que se debería atacar primero”. La estrategia de Calderón se centró principalmente en Los Zetas y la Familia Michoacana, ambos cuya conducta justificó una atención especial. “No obstante, esta política favoreció tácitamente al Cartel de Sinaloa, el grupo detrás de una parte de la desproporcionada violencia durante la era de Calderón, particularmente en Ciudad Juárez, la cual se convirtió en la ciudad más violenta del mundo”.

La segunda limitación señalada por el International Drug Policy Consortium menciona que no existe un plan para establecer una coordinación policiaca a largo plazo por lo que las fuerzas de seguridad son “hasta cierto punto, temporales: cambios institucionales constantes, desde las reformas judiciales y reorganizaciones policiales a la reciente tendencia hacia la fuerte dependencia de las fuerzas armadas, significan que los agentes estatales, que deberían detener y disuadir a los criminales, están aprendiendo sobre la marcha”. Por otro lado, también existe un excesivo número de dependencias que se deben coordinar lo que dificulta la cooperación y la comunicación.

“En México existen varios organismos competentes a nivel federal, desde la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación, hasta las diferentes ramas de las fuerzas armadas; 32 gobiernos estatales diferentes, cada uno de ellos con varios de sus respectivas secretarías jugando un papel; y 2 mil 438 gobiernos municipales. Aún sin tener en cuenta la corrupción rampante, la coordinación de actividades entre un gran número de actores, es un proceso largo”, detalla. La tercera limitante es que Peña Nieto ofreció resultados en materia de seguridad en su primer año de gobierno, cuando la operación del crimen en México es más compleja y requiere de una estrategia de más largo plazo. En marzo de este año, durante una gira por Italia, el Presidente consideró que en un año se podrá hacer un balance y se podrían estar viendo resultados favorables en materia de seguridad para México, lo cual sucedió a unas horas de que se registraran diversos enfrentamientos en estados como Coahuila, Chihuahua y el Estado de México.

“Se está atendiendo el tema, atendiendo las particularidades de cada estado y de cada región en el marco de una estrategia general que el Gobierno de la República está instrumentando”, dijo en esa ocasión. “Con tantos grupos criminales operando en México y un paisaje que cambia drásticamente de un año a otro es, inevitablemente, más complicado establecer modos permanentes de interacción entre los diferentes grupos criminales. Algunos grupos pueden absorber el mensaje del gobierno de que mantener a un mínimo la violencia tiene su recompensa, pero sus competidores pueden ver esto como una oportunidad para manipular a un grupo ‘más suave’. En otras palabras, incluso más que con las agencias, es inevitable que se tome mucho tiempo para conseguir que tantos grupos diferentes operen según los mismos incentivos”, anota el estudio. Para finalizar, el documento establece que “con un poco de paciencia” se pueda ver reducción esperada en las tasas de criminalidad, pero la menos hasta ahora “el actual Presidente, en los primeros nueve meses de su sexenio, puede permitirse un poco de paciencia”.