Políticos toman bando ante posible legalización de la mariguana; y en un mes, el DF lo pone formalmente en la mesa
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Ayer fue Jesús Murillo Karam; el Procurador General de la República se pronunció a favor de una discusión internacional sobre la posible legalización de la mariguana, pero abiertamente se opuso a que se le vea como una alternativa contra el narcotráfico y la violencia que genera.
Graco Ramírez, Gobernador de uno de los estados más lastimados por la inseguridad, apoyó una discusión de fondo, mientras que una encuesta dijo básicamente que los mexicanos no lo ven con buenos ojos. La mitad de los ciudadanos está en contra de la legalización de la mariguana en el país, mientras que sólo un 13.4 % respalda esa medida, reveló Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) ayer. Incluso hay división sobre su uso con fines medicinales: un 22 % se pronunció a favor y el mismo porcentaje dijo estar en contra.
La legalización de la marihuana ha sido tema de debate en los últimos días a nivel nacional. Los políticos no parecen ponerse de acuerdo mientras llega septiembre, el mes en el que, formalmente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lo someterá a una discusión amplia e inédita. En México, luego del fracaso de la guerra lanzada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa –que provocó la muerte de entre 60 y 90 mil ciudadanos–, los actores políticos se han metido en un debate permanente sobre la aprobación de la producción, comercialización y consumo de la cannabis, a la manera en que lo hizo ya Uruguay.
La semana pasada, cuatro ex secretarios de Estado y un ex Presidente se pronunciaron a favor una despenalización efectiva del consumo, y destacaron que para dar el primer paso, su regulación debe iniciar en el Distrito Federal. En septiembre, la mayoría del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa propondrá una iniciativa que contemplará sembrar plantas de mariguana en casa, asistir a clubes para consumirla con total normalidad y hasta poder portar 25 gramos en la cartera sin que sea ilegal. Murillo Karam, sin embargo, planteó lo que parece ser la posición oficial del gobierno federal: “Hay una dosis permitida en la legislación que no constituye un delito y la Ley es muy clara en cuanto a definir al consumidor como un problema de enfermedad, es un problema de salud”, dijo. Agregó que “lo que se pena con severidad, es el tráfico, es el abuso. Entonces tenemos que puntualizar el debate para poder ser muy claros en la opinión”.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha expresado en distintas ocasiones su negativa la legalización. El pasado mes de mayo, durante una gira por Colombia, el mismo Procurador afirmó que la despenalización del consumo y la legalización es un camino que parece fácil para resolver el problema del narcotráfico. Pero, agregó, se trata de una falsa salida. Se ha pronunciado como “abierto” al debate en el tema para que los países del hemisferio puedan establecer un planteamiento conjunto al respecto, pero siempre ha dejado claro que nunca ha estado a favor de la legalización.
A la par, la directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Carmen Fernández Cáceres, se pronunció contra la legalización del consumo de la marihuana y exhortó a no relajar la normatividad de control para evitar que aumente el consumo de alcohol y drogas ilegales entre niños y jóvenes. Fernández Cáceres dijo que el consumo de esta droga trae más enfermedades y problemas, así como accidentes de tránsito y ejemplificó que en los lugares donde se ha legalizado esta droga, como en Denver, Colorado, desde noviembre a la fecha ya se han registrado “60 percances viales”. A FAVOR Y EN CONTRA Si esta semana abrió con debate, la semana fue igual de intensa. Encabezados por el ex Presidente Vicente Fox Quesada, el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman; de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y de Salud, Juan Ramón de la Fuente, se pronunciaron a favor y consideran que la capital del país ya presenta las condiciones para despenalizar el consumo. Gómez Mont, quien en marzo de 2010 afirmó que el tráfico ilegal de armas y la legalización del uso de la mariguana en algunos estados de Estados Unidos no ayudan a los esfuerzos federales de México para combatir el narcotráfico en el país, recomendó al Estado generar información suficiente para que estas decisiones sean racionales y, en su momento, regular para que no provoquen daños a terceros.
“El consumo de la mariguana no es un delito en sí, pero el entorno de ilegalidad en el que se encuentra no sólo arroja a los jóvenes al crimen organizado, sino que también restringe opciones que le corresponden a cada persona”, dijo. Castañeda Gutman aseguró que despenalizar la mariguana en el DF significaría estar a la altura de los cambios culturales y sociales registrados en la capital del país en los últimos años. Y aseveró que frente al escenario internacional en México se pueden dar pasos intermedios, como la legalización de la mariguana sin que países como Estados Unidos, o de América Latina como Bolivia, Perú y Colombia lo hagan. Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), opinó que se debe buscar la manera de regular el consumo de mariguana “sin prejuicios y de manera inteligente”, y añadió que “tenemos que elevar el nivel de discusión, cuya columna vertebral es la salud pública y revisar negocios perversos” que existen alrededor del consumo de la mariguana.
Juan Ramón de la Fuente aseguró que todas las drogas tienen un riesgo de causar adicción, pero el caso de la mariguana es mínimo y proporcionó las siguientes cifras: la cannabis tiene sólo 9% de riesgo de causar adicción, seguida por las anfetaminas (11%), alcohol (15%), cocaína (17%), heroína (23%) y tabaco (32%). PREOCUPACIÓN POR EL NARCOTRÁFICO Distintos organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han mostrado su preocupación por la globalización de los cárteles de la droga y el incremento en sus ganancias. En 2012, según la UNODC, el crimen organizado registraba ingresos anuales por 870 mil millones de dólares (mmdd), lo cual equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto mundial; esto representa seis veces la cantidad de la que dispone la asistencia oficial para el desarrollo y al 7% de las exportaciones mundiales de mercancías.
