Maremágnum
Mario Vargas Suárez
Es innegable que la reglamentación de la Asociación de Padres de Familia en el -ámbito nacional- fue una norma que en su momento justificó la existencia de un organismo auxiliar de las labores escolares, pero que al mismo tiempo financiara los gastos que se generan en el plantel.
El asunto de las cuotas «voluntarias» por una inmensidad de años quedó en el tintero de los políticos porque las circunstancias, según la política educativa que así lo determinó.
Mientras las autoridades de educación -en todos los niveles desde federal hasta la inspección escolar de zona- expresaban ante las cámaras y micrófonos de la TV, la radio y la prensa, hasta amenazas de cárcel para los maestros y directivos que obligaran al pago de cuotas o condicionaran de alguna forma el servicio educativo.
La realidad fue harto diferente, puesto que incluso jamás se supo en ningún lado del país, que un profesor o directivo de escuela fuera sometido a un juicio judicial o extrajudicial por el cobro de cuotas a los padres de familia.
Sin embargo, el tema sí sirvió de movimientos de lucha magisterial para buscar y hasta sacar de la escuela a un maestro, director o inspector por no rendir -o mal rendir- cuentas en este sentido.
En otras palabras: El estado mexicano ha vanagloriado la educación gratuita pero acepta que el presupuesto de la nación es insuficiente para el sostenimiento de los planteles educativos. Se paga la construcción del edificio, la nómina de docentes, los libros de texto. Los demás gastos que se generan los absorben los padres de familia vía cuotas «voluntarias».
A manera de cuadro histórico-anecdótico le comento que correspondió a Manuel Ávila Camacho, presidente de la República de 1940-1946, emitir el primer reglamento de la Asociación de Padres de Familia.
Según esta norma, los papás primero forman su asociación en la escuela y ésta se supone es la médula de toda una estructura. Luego, según el reglamento, se forma con los presidentes de cada escuela, la Asociación de Padres de Familia de la Zona Escolar y con el mismo mecanismo la del sector, la estatal y la nacional.
Una modificación -fuera de norma- en algunos estados, fue obtener una asociación de padres municipal y de las presidencias se origina la asociación estatal.
La modificación única que ha tenido el reglamento de padres de familia a nivel nacional, fue en el gobierno del presidente José López Portillo y Rojas (1976-1982) y en realidad no hubo cambios sustanciales.
Los reglamentos de padres de familia expedidos en los periodos presidenciales de Manuel Ávila Camacho y de José López Portillo en ningún lado establecen el condicionamiento de la entrega de documentos oficiales o la suspensión o expulsión del educando por el pago de cuotas. Tampoco exige el pago de cuotas.
Sin embargo es clara la norma cuando habla del manejo mancomunado de una cuenta bancaria y el libro contable, así como la forma en la que deba gastarse el dinero recaudado por acuerdo de los padres de familia.
Es cierto que muchos padres de familia se han quejado de los directores que manejan a su antojo el dinero recaudado y no solo en determinar las mejoras y reparaciones del edificio escolar y sus gastos de administración. Pero también es cierto que la gran mayoría de padres del comité directivo no asisten a las escuelas para solucionar los problemas y dejan «manos libres» a los directores.
El manejo de dinero en todas partes siempre acarrea problemas y sabemos de muchos directores que aunque jamás hayan sido exhibidos, se intuyen los desfalcos o se «huelen» los malos manejos. Los mismos comerciantes provocan el soborno para las compras.
Desconozco cuales son los términos que el reglamento estatal de padres de familia contempla para un mejor control financiero de los gastos que se hacen en la escuela y ojalá a la brevedad los maestros y directivos estén enterados del control efectivo de estos movimientos.
Una de las cosas seguras es que ahora sí, la misma Secretaría de Educación en Tamaulipas destine un área específica que se encargue de promocionar, controlar, supervisar y evaluar eficientemente todas las acciones de los padres de familia y de los maestros.
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