“La corrupción de funcionarios en Pemex es más peligrosa que la del sindicato”, dice especialista en petróleo

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Manuel Barquín es un hombre cuya vida ha transcurrido en torno a la palabra que en estos días levanta más polémica en México apenas se pronuncia: petróleo. Por su cátedra de Regulación de Energía en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han pasado cientos de alumnos.

En 2008, trabajó en Pemex, la paraestatal a la que apuntan los intentos de reforma energética recientes y pasados. Ha escrito decenas de ensayos académicos sobre la regulación de la energía en México como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios.

Después de conocer la propuesta de Enrique Peña Nieto para enmendar el artículo 27 constitucional; tras ver la figura del General Lázaro Cárdenas como epicentro de la campaña gubernamental que busca aprobación; enfrentado al mar mar de dichos, el investigador lista sus preocupaciones. Y esta es la que predomina: “Hay una enorme ignorancia en la historia del Petróleo. Enorme. La biografía sobre el petróleo mexicano no es extensa. Con excepción de la carrera de Ingeniero Petrolero que existe en la UNAM y en el Politécnico, no hay materias sobre Energía. En la mayor parte de las universidades y preparatorias no se imparte Derecho de la energía. Ni la de Economía de la Energía”.

La preocupación del académico se extiende. Se vuelve general: “Somos un país petrolero ignorante de nuestra propia industria y de su historia”. –¿En qué nos afecta tal condición? –Cualquier debate, cualquier propuesta que se hace, provoca un gran temor y genera una serie de versiones. Algunas bien intencionadas y otras no. Si se conociera a fondo la Historia del petróleo y se conociera cómo actúa la industria, la discusión sería mucho más racional. Si se sigue en la lista de preocupaciones de este profesor-investigador, se encuentra a la corrupción en Pemex. Firme y sin dar marcha atrás, sostiene que no es sólo Carlos Romero Deschamps, el acusado y señalado dirigente nacional de los trabajadores petroleros; sino la mala gobernanza que cada sexenio, puntual, ha hecho sangrar y desgarrarse a la paraestatal.

Simplemente, ante la administración de Peña Nieto, ya no podrá más, dice. Es cierto que Romero Deschamps no saldrá del consejo de administración, como lo pidió el PAN, pero la reforma tampoco es clara respecto a la rendición de cuentas de sus funcionarios ni cómo se planea erradicar este mal. Barquín explica que con la reforma 2008 –impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y modificada en las comisiones parlamentarias– la participación del sindicato en el consejo de administración se diluyó al grado de perder representación decisiva. “Esa es mi impresión personal. No es común en las industrias petroleras estatales que haya un número tan grande de representantes sindicales en el consejo de administración.

Es atípico. Es cierto. Pero ya no son decisivos”. –¿Dónde están, entonces, los principales protagonistas de la corrupción en Pemex? –El problema de la corrupción no está monopolizado por el sindicato. Son los empleados sexenales, que pueden ser de cualquier partido político.

Ellos se dedican a hacer ahorros difíciles de explicar. La corrupción de funcionarios es más peligrosa que la corrupción del sindicato. –Entonces y ante las circunstancias, ¿lo que hace falta es un régimen más estricto de rendición de cuentas en Pemex? –Definitivamente sí. No se sabe cómo se resuelven muchas cosas. Y los ciudadanos estamos deseosos de un conocimiento más profundo.

Además de tener el conocimiento, debería haber forma que los ciudadanos o sectores tuvieran manera de dar su opinión y de incidir en una forma directa para orientar la gestión de la industria petrolera. –¿Y el otro nudo –la carga fiscal– está suficientemente abordada? –A nivel constitucional no se puede ser específico. Si se soluciona este nudo o no, se sabrá cuando se expida la ley secundaria. Lo que aquí es muy importante es que no se vea más a Pemex con un criterio de proveedor del Estado. En vez de acabar con la economía informal, los gobiernos lo que hicieron fue destruir a Pemex, de tal manera que ni siquiera se puede reinvertir; no en expansión, sino en seguridad. Muchos de los siniestros que suceden es porque no hay dinero suficiente para mantenimiento o para modernizar el equipo.

El Estado mexicano tiene que decidir primero impactar a la economía informal y después liberar de este pesado yugo a Pemex para que pueda reinvertir su dinero. –¿La reforma rescata a Pemex de su propia burocracia? –Habría que ver cómo van a reestructurar. Cómo están los incentivos, cuál es la estabilidad laboral, cómo es que está regulada la participación y si realmente los sujetos que van a trabajar en Pemex, van a trabajar bajo esquemas de tipo empresarial o van a ser burócratas, como los que existen en las secretarías de Estado. Este es uno de los aspectos que no conoceremos mientras no veamos las leyes.

LOS CONTRATOS

La iniciativa de reforma energética del gobierno federal aspira a que se firmen contratos de utilidad compartida entre Pemex y las empresas privadas. En este esquema jurídico, la iniciativa privada podrá utilizar las herramientas tecnológicas propias para explorar posibles yacimientos de gas y petróleo. En caso de encontrar los hidrocarburos, extraerlos. El Presidente ha insistido que la rectoría que el Estado tiene del petróleo en el subsuelo no está en riesgo.

Por ahora, los únicos contratos permitidos son los de servicios múltiples. Según la misma paraestatal, este mecanismo jurídico es viable sin necesidad de modificar la Constitución y permite que firmas expertas construyan y financien obras. “El problema es que la fracción sexta del artículo 27 no es sólo deficiente en su forma de expresión e imposible de llevar a la práctica”, dice Barquín. “Siempre ha habido contratos. El artículo 27, palabras más, palabras menos dice que no se permitirán contratos ni concesiones, pero que ya la legislación secundaria dirá cómo se hará en la práctica. Hasta ahora, se prohibían los contratos de producción compartida.

Pero estas dos modalidades de contrato son las únicas que existen a nivel internacional. Aun Irán que es un país, no sólo muy independiente de los países capitalistas, sino antagónico a Estados Unidos, tiene una figura que resulta ser una modalidad de estos dos contratos. No hay de otra. –¿Es necesario reformar el artículo 27? –Desde luego. Porque tiene problemas técnicos muy complejos. –Pero así hemos vivido… –Pero se ha vivido en la incertidumbre de que se impugne un contrato o de que se impugne la legislación secundaria en controversia. Esto ha sucedido. Es necesario que se aclare. Si no se aclara, puede dar lugar a muchos problemas de controversias constitucionales. Puede desalentar a posibles inversionistas en materia de exploración; sobre todo de plataformas profundas. Y nosotros no tenemos el dinero para realizarla. Ha habido muchas controversias constitucionales en materia de energía.

ANTE TODO, ¿LA CAUTELA?

En pocas palabras, la propuesta de reforma energética presentada el pasado lunes en la residencia oficial de Los Pinos por el Presidente Enrique Peña Nieto, no le gustó a nadie. La izquierda, en voz del líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador llamó a tomar el Zócalo capitalino. La otra fuerza izquierdista, esta sí con representación en el Congreso –el PRD- se opuso a todos y cada uno de los puntos anunciados y mantuvo su convocatoria al plebiscito. El PAN lanzó su propio proyecto que para los analistas es más atrevido que el de Peña Nieto.

Barquín añade a este panorama de negativas a quienes sí les gustó, o por lo menos se manifestaron tranquilos: los antiguos priistas. –El Presidente ha presentado una reforma calificada por los analistas como cautelosa que aun así, no seduce, pero revuelve los ánimos –Se ve una estrategia, por una parte, para no contrariar a la oposición de izquierda que es la única que ha dicho que no está de acuerdo con la reforma. También, se trata de no inquietar a los sectores de la vieja guardia priista que son notablemente estatistas y que consideran que hay una especie de “himen” nacional en torno a la industria petrolera, que no se puede violar.