El PRD propone a la Comisión Permanente abrir los archivos de la Guerra Sucia de los 60 y 70 en Guerrero

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone revivir la investigación de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado mexicano en Guerrero, durante la “Guerra Sucia” de los años 60 y 70 del siglo pasado.

El Diputado perredista Trinidad Morales Vargas pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Archivo General de la Nación que dejen de obstaculizar la labor de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, la cual investiga las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y procesos penales viciados, durante ese conflicto. Aseguró que estas dependencias de gobierno no han permitido el acceso a documentos y a investigaciones derivadas de la actuación de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Por lo que, mediante un punto de acuerdo que se someterá a consideración del Pleno de la Comisión Permanente para su aprobación este miércoles, el legislador perredista exhortó a la PGR y al Archivo General de la Nación a que colaboren con brinden el acceso a los documentos bajo su custodia. Con su negativa, agregó, estas dependencias del Estado mexicano violan el acuerdo de creación de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que establece: “La información transferida y que hubiere sido generada hasta el año 1985, inclusive, podrá ser consultada por cualquier interesado sin más restricciones que las que establece el marco jurídico en los términos de la legislación aplicable y conforme los procedimientos determinados en la normatividad vigente en el AGN para garantizar la integridad y adecuada conservación de la misma”, se lee en el texto.

La Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra sucia, se constituyó el 20 de marzo de 2012 en el estado de Guerrero, con el objetivo de investigar y aportar elementos históricos para contribuir con la indagatoria de la autoridad competente sobre posibles delitos de lesa humanidad, contra ciudadanos, entre los años 1969 y 1979. Una de sus atribuciones es hacer acopio de pruebas que sirvan de base para rescatar la verdad y la memoria histórica de los movimientos político-sociales en Guerrero. Nos encontramos, no ante una persona, sino ante una institución en el marco del federalismo mexicano, coadyuva a garantizar el derecho de acceso a la justicia, y en consecuencia favorece la reconciliación de la sociedad con sus autoridades, aseveró el Diputado trinidad Morales.

GUERRERENSES QUIEREN CONOCER VERDAD HISTÓRICA

Más de cuarenta años después de la represión ejercida por el gobierno de Guerrero en contra de los movimientos armados encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, el Congreso del estado aprobó la creación de una Comisión de la Verdad, que colaborara a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en la década de los 70. “El pueblo de Guerrero no puede esperar más tiempo para el reconocimiento de esta terrible historia y la reparación del daño causado a las víctimas y sus familias, que deje atrás una página desgarradora en la vida reciente de la entidad”, se lee en el decreto que dio vida a la Comisión de la Verdad.

Los legisladores consideraron que “la verdad” permitiría a los jueces contar con elementos de prueba fidedignos e indubitables para emitir un veredicto, deslindar responsabilidades y someter ante las autoridades competentes a los responsables de las masacres en Guerrero. “Los resultados que consigne la Comisión de la Verdad, harán posible la reparación del daño a las víctimas y a sus familias; la verdad que se busca, tendrá como efectos resarcir por el Estado la deuda de justicia que tiene con México y los guerrerenses”, agrega la Ley número 932, por la que se crea la Comisión de la Verdad. Por tal motivo, fue creada la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero en 2012, con el propósito, además, de elaborar un informe del registro de las personas afectadas durante el periodo de la “guerra sucia” de 1969 a 1979, a fin de emitir recomendaciones para las medidas de reparación y resarcimientos para las víctimas y las familias ofendidas.

Desde su creación, los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad han realizado diversas actividades, entre ellas, un encuentro con la titular de la Procuraduría General de Justicia guerrerense, Martha Elva Garzón Bernal, a quien solicitaron la apertura de archivos para investigar la desaparición de 600 personas entre los años 1969 y 1979. Los resultados de su investigación se harán públicos para “que el país y el mundo conozcan la verdad de los graves y lamentables sucesos que llenan de vergüenza y agravian al pueblo de Guerrero, por ser actos ofensivos a la dignidad humana, y permitan su reconciliación y pacificación”.

FISCALÍA ESPECIALIZADA SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES

En el año 2006, la extinta Fiscalía Especializada sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) documentó que el estado de Guerrero fue escenario de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en contra de sus habitantes, realizadas por las autoridades federales y estatales. La fiscalía fue creada a finales de 2001, durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox, para investigar crímenes del pasado como la represión y desaparición de presuntos grupos insurgentes durante la llamada ”guerra sucia” en las décadas de 1970 y 1980, así como las masacres estudiantiles en 1968 y 1971.

Recibió denuncias por 532 casos de guerrilleros desaparecidos en la década de 1970 y 1980; por los estudiantes desaparecidos el 2 de octubre en Tlatelolco, el 10 de junio en el llamado “halconazo”; desaparecidos del Partido de la Revolución Democrática durante el sexenio del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari; así como homicidios de maestros disidentes; y hasta la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995. Sin embargo, la FEMOSPP culminó su efímera existencia en marzo de 2007 sin haber logrado su principal objetivo: investigar a cabalidad las responsabilidades de los autoridades intelectuales de la represión y la violencia ejercida por el Estado mexicano durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.