Cuatro de los cinco militares consignados por presuntos vínculos con el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón salieron libres esta madrugada del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto abandonaron la prisión a la 1:35 de este viernes.
El mayor Iván Reyna Muñoz no quedó libre. En la madrugada debió ser trasladado a una cárcel de Querétaro en donde se le sigue un proceso por extorsión.
La liberación de los militares se dio luego de que ayer jueves, el Juzgado Tercero publicara el acuerdo por el que la Procuraduría General de la República presentó conclusiones no acusatorias sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.
A su salida, el general Escorcia Vargas declaró:
“Quiero darle gracias al Presidente de la República por democratizar la justicia y pedirle que de todas las facilidades a los jueces que sigan haciendo su trabajo. Somos (parte de) un proceso de un abuso de poder, que tiene 44 mil muertos, más de 120 mil desaparecidos y pueblos en Tamaulipas o Nuevo León vacíos por una mentada guerra que no saben de qué se trata”.
Por su lado, el también general Pérez Ramírez dijo que hay una investigación en curso y serán las autoridades quienes determinen lo conducente, “yo estoy muy molesto, me siento agraviado, fue una villanía la que se hizo y bueno, que bueno que se está haciendo justicia” y se dijo “resentido con el sexenio anterior, por haberme hecho pasar esto y porque se agravió a la institución que represento”.
En tanto, Roberto Dawe González dijo que tras 43 años de servicio en el Ejército busca regresar a las Fuerzas Armadas y rechazó que vaya a contrademandar.
En abril pasado fue liberado el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, quien también había sido señalado como presunto responsable de proteger las operaciones del cártel de los Beltrán Leyva y el pasado 26 de junio, se ordenó la libertad del mayor Arturo González Rodríguez, al estimar que la acusación de colaborar con la organización criminal provenía de testigos protegidos “mentirosos y mendaces”.
A cinco años de haber sido lanzada la “Operación Limpieza”, de un total de 13 funcionarios que fueron encarcelados por su supuesta protección al narcotráfico, 10 ya fueron absueltos y liberados por falta de pruebas, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO (antes SIEDO), y Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal, los principales acusados.
Dos días después de que Ramírez Mandujano fue absuelto por los tribunales de las acusaciones que el gobierno de Calderón presentó en su contra en 2008, ocurrió la liberación del general Ángeles Dauahare, que en mayo de 2012 fue acusado, junto con Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio de dinero.
En su edición 1891, la revista Proceso dio a conocer que el caso del general Dauahare, quien dejó la cárcel el pasado 17 de abril, se le empezó a derrumbar al gobierno calderonista horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez.
De acuerdo con la nota firmada por Jorge Carrasco, a la PGR de Jesús Murillo Karam le iba resultar difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Y así fue.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la dependencia respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no estaban corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favoreció al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se debilitó también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la SIEDO, hoy SEIDO. Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
