La “veda electoral” –el periodo en el que los candidatos ya no pueden lanzar propaganda, ni las encuestadoras difundir tendencias- ya comenzó. La elección del domingo 7 de julio está escasas 48 horas y el silencio obligado contrasta con las constantes denuncias y acusaciones que hicieron entre si los aspirantes a los mil 374 puestos de elección popular.
Tráfico de influencias, millonarias propiedades que no alcanzarían a comprar con sus sueldos de servidores públicos, secuestros que no se sabe si ocurrieron, incluso, abuso de menores. Las campañas que finalizaron estuvieron marcadas por señalamientos de toda clase. Las acusaciones, de hecho, comenzaron desde antes de que hubiese candidatos definidos, cuando el PRI y el PAN cruzaron denuncias por el uso de programas gubernamentales para favorecerse en la elección, mismas que fracturaron el Pacto por México y causaran que los partidos se comprometieran a firmar lo que ya se estipula en la ley. La prohibición de usar los programas asistenciales con fines electorales.
A dos días de los comicios, Animal Político hace un breve recuento de las acusaciones formales e informales que se vertieron en las campañas.
Francisco ‘Kiko’ Vega y Fernando Castro Trenti
Desde el inicio de la campaña, hasta el último minuto, los aspirantes a la gubernatura de Baja California cruzaron acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias y, como dice el ‘latiguillo’ legal: lo que resulte.
El pasado miércoles 3 de julio, a cuatro días de la elección, senadores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia de hechos contra el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti. Los senadores pidieron a la PGR “investigar el cúmulo de evidencias y señalamientos” dados a conocer en la prensa nacional sobre las propiedades del aspirante, pues en distintos medios de comunicación se mostraron lujosos inmuebles en Estados Unidos y en el Distrito Federal.
Ese mismo día, el PRI contraatacó al presentar supuestas pruebas que involucran al candidato del PAN, ‘Kiko Vega’, con delitos como enriquecimiento ilícito. El tricolor señala que Vega se ha aprovechado de sus cargos públicos para adquirir más de una veintena de terrenos.
La presidenta del PRI en Baja California, Nancy Sánchez, aseguró que lo anterior demuestra “no sólo la avaricia del candidato de Unidos por Baja California, sino la utilización con fines personales de sus cargos públicos”.
Involucran a menores
Las denuncias contra los políticos involucrados en campaña también tocaron a menores de edad. En la red social Twitter, el diputado Rubén Alanís Quintero fue señalado de sostener una supuesta relación con un menor, con la difusión de grabaciones en las que supuestamente se escucha conversar con un joven de 15 años al que identifica como su novio.
Alanis Quintero, además de diputado federal, es coordindor de campaña de Francisco ‘Kiko’ Vega. Dada a conocer en la recta final de la contienda, la grabación generó enfrentamientos entre los correligionarios del candidato a gobernador.
Esa no fue la única acusación en la que se involucró a un menor de edad. En el municipio de Playas de Rosarito, una joven de 17 años acusó al candidato panista a la alcaldía, Silvano Abrca Macklis, de haber tenido una relación con ella desde los 15 años, producto de la cual tuvieron un hijo del que el político no se hace cargo.
Según medios locales, la joven denunció que recibió amenazas de muerte para no divulgar la supuesta relación sostenida, en medio de la contienda electoral.
¿Secuestro o montaje?
El pasado 2 de julio, en Xalapa, Veracruz, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció que el candidato de su partido a regidor por Boca del Río, Carlos Valenzuela, había sido secuestrado.
En cuestión de horas, la Procuraduría de Justicia del Estado, a través de un boletín de prensa, afirmó que Valenzuela nunca estuvo privado de la libertad y que todo el tiempo estuvo en su casa. No obstante, el aspirante aseguró que un grupo de ocho personas armadas lo retuvo por unas horas.
Debido a la negativa del aspirante a ratificar la denuncia, el PRI lo señaló de planear “un mal montaje”.
En la Comarca Lagunera, que por primera vez celebra elecciones tanto en sus municipios coahuilenses como duranguenses, también hubo una denuncia de secuestro, sólo que en esta no se acusa montaje, sino la supuesta participación de personas cercanas al secretario de seguridad pública de Torreón.
Óscar Sánchez Ramírez, candidato a regidor por el Movimiento Ciudadano, denunció en una conferencia de prensa su secuestro y el de su hermano.
Según denuncia el aspirante, ambos fueron subidos a una camioneta cuando se encontraban en un ejido cercano, para ser trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública. El hermano del candidato pudo dar cuenta a sus allegados de lo que ocurría, por lo que fueron buscados en la comandancia. Ahí, servidores públicos supuestamente negaron su presencia.
El diputado federal por Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja, originario de Torreón, acompañó al candidato a regidor al dar a conocer los hechos a la prensa.
“Vamos a presentar la denuncia penal por diferentes delitos, por la privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y tentativa de desaparición forzada en contra de quien resulte responsable, pero de entrada, como ejecutor, el Director de Seguridad Pública Municipal y como autores intelectuales Eduardo Olmos (alcalde) y Miguel Riquelme (candidato del PRI a la Presidencia Municipal)”, señaló el legislador.
